Acuse de recibo
Aunque la comunidad donde se vive se nombra Mango Dulce, la carta de Vildencia Díaz Licor trae una historia amarga. Esta artemiseña, vecina del kilómetro 79 de la Carretera Central, en el mismo municipio cabecera de la nueva provincia, vio derrumbarse su vivienda al paso de los ciclones Gustav y Ike, en 2008, y desde entonces no ha tenido ni una ráfaga de sosiego para ella y sus hijos.
Y como sostenemos habitualmente desde esta columna, los recursos pueden demorarse o faltar, pero la información honesta, los procedimientos responsables y transparentes, no.
Las angustias, narra Vildencia, comenzaron cuando el primero de los dos meteoros —que rompió récord en la intensidad del viento— les desbarató la casa. El segundo, por si fuera poco, acabó con lo que les quedaba a ella y a sus pequeños de tres y nueve años.
Una comisión, evoca la lectora, evaluó los daños del huracán y le prometió que su problema se resolvería; pero pasaron los meses y ella se dirigió a las autoridades del municipio en busca de orientación. Le indicaron nuevamente que esperara, que su caso tendría salida.
El 7 de diciembre de 2009, después de varias gestiones infructuosas, escribió a las máximas instancias del país y la respuesta llegó en menos de una semana. Le explicaban entonces que su problema había sido trasladado al Poder Popular provincial para las consideraciones pertinentes.
Volvieron las visitas de funcionarios al «temporal» donde Vildencia habitaba con sus muchachos. «Todos me dieron la razón y me decían que ya mi problema iba a pasar al olvido… Pero lo que no sabía es que era al olvido de ellos», se duele la lectora.
El 15 de diciembre de ese mismo año, la delegada del Consejo Popular de la remitente le entrega un documento para la edificación de un módulo de casa tipo Sandino, firmado por el entonces subdirector de Vivienda (no especifica si municipal o provincial).
«Al presentarme para recoger dicho módulo me informan que no iban a darlos y que estaban buscando un terreno para hacer una comunidad, ya que éramos demasiadas personas en esta situación». Pero debían esperar hasta que los trabajadores que acometerían la obra terminaran otra similar en el Consejo Popular de Lavandero.
El contingente constructivo inició sus labores en el barrio Ciudad Industrial, donde tendrían sus hogares los afectados. Y allá fueron estos últimos a implicarse en las labores.
«Para diciembre de 2010 pararon la construcción porque los brigadistas tenían que ir a cumplir una misión más importante (…) Pasaron alrededor de un mes y días, porque nos decían que pondrían otra brigada y no fue así», relata la lectora.
Ante la incertidumbre, Vildencia volvió a dirigirse a las autoridades provinciales. Le dijeron que investigarían y le ofrecerían respuesta. Nada.
Siguió otra visita de evaluación, más papeles. Y llegó otro grupo constructivo a continuar las labores. Pero… «apareció otro problema en el municipio, el cual se necesitaba resolver urgentemente y se los llevaron de nuevo».
Al momento de escribirnos, 29 de noviembre de 2012, todavía esta madre artemiseña y sus muchachos habitaban en el «temporal», que le dejó el otro temporal, esperando soluciones menos «temporales».
Y no, no es un trabalenguas.
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