Acuse de recibo
Los acuerdos de las instituciones estatales para con los ciudadanos debían ser letra firme, y no sentir efímero, que se desvanece al tiempo. Eso es lo primero que uno concluye cuando da un voto de confianza a la queja de Alejandro González, enviada desde el apartamento 4 del edificio 956, en la Zona 8 del reparto capitalino de Alamar.
Cuenta el lector que, con 27 años de trabajo, labora como arquitecto de la comunidad en el municipio de La Habana del Este. Tiene una familia, pero no vivienda. Residen hace cinco meses en casa de unas amistades.
A fines de 2009, señala, se inició un proceso de selección y aprobación de licencias de obra para la construcción de apartamentos en la planta baja del edificio 5841 de la Zona 7 de Alamar, el llamado Coco 1. Dicha planta baja estuvo abandonada y desechada por múltiples organismos estatales para su utilización, desde la misma terminación del inmueble en el año 2000.
En este proceso de selección y aprobación de licencias de obra participaron, como está estipulado, la Dirección Municipal de la Vivienda, el Programa del Arquitecto de la Comunidad y el Gobierno Municipal. Fueron así aprobadas, a partir de julio de 2010, ocho licencias para construir por esfuerzo propio.
Y en marzo de 2011, transcurridos ocho meses, cuatro de los beneficiados para construir, entre ellos el remitente de la carta, empezaron a levantar paredes en el lugar, asesorados por Alejandro, que había hecho los proyectos.
En abril de 2011, mes y medio después, y estando los muros de las cuatro viviendas levantados entre un diez y un 90 por ciento, son canceladas las licencias por la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), debido a «quejas de los vecinos del edificio y a violaciones en el procedimiento».
Pero Alejandro sostiene que «en los ocho meses transcurridos desde entonces, los vecinos del edificio manifiestan casi a diario en el propio lugar su desacuerdo con la cancelación, y la UPIV ha planteado que aunque no somos culpables de violación alguna, el lugar será entregado a microbrigadistas».
Los afectados han tocado puertas de la UPIV, la Dirección Municipal de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda, los Gobiernos municipal y provincial, y otras instancias. «Nadie entiende ni está de acuerdo —señala Alejandro— con que no se tenga en cuenta que nosotros no cometimos ningún acto delictivo. Me es difícil entender cómo es que no se comprende que la entrega de estas licencias es consecuente en un ciento por ciento con el espíritu de la Resolución 40, y que es posible crear el mecanismo técnico para hacerla viable en su procedimiento. Me es difícil entender cuando se quiere quitarles los derechos a unos para dárselos a otros sin justificación convincente. Me es difícil entender que no se tengan en cuenta los miles de pesos invertidos, la salud, los sueños y las esperanzas de nuestras familias, puestos en esas viviendas», concluye Alejandro.
Daniel Morales (Calle 3ra. No. 29825, Santa Fe, Playa, La Habana) manifiesta que en su barrio, como en otros periféricos de la capital, la recogida de basura se ha convertido en un problema, ya sea por rotura de los camiones colectores, falta de piezas o de combustible, o escasez de contenedores; hasta por indisciplinas sociales.
Ante ello, sugiere que se active en esas zonas la recogida de basura mediante carretones de caballos, previa coordinación entre los carretoneros y la población, para precisar la hora y lugar del depósito ordenado y envasado de los desechos.
Ello le ahorraría gastos y muchas preocupaciones a Comunales en cuanto al aseguramiento, pues los carretoneros contratados, de allí mismo de la localidad, garantizarían apenas la alimentación y el cuidado de los animales y las condiciones del carretón. Y se iría creando un hábito de higiene y limpieza, que hoy flaquea, en espera y en dependencia de los camiones de Comunales, que vienen de otros territorios.
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