Acuse de recibo
EL arroz sigue dando alertas. El pasado 31 de agosto recibimos la carta del campesino Marcelino Torres (La Conchita, Taco Taco, San Cristóbal, Artemisa), miembro de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Antonio Guiteras, quien manifiesta que su cosecha está tirada en la tierra, pasado un mes de la fecha de corte.
Marcelino señala que no aparece combinada para cortar lo poco que queda. «Me pregunto —insiste— quién paga esta pérdida, si tengo mi arroz contratado con todos los insumos entregados, a través del crédito del Banco. Si pierdo mi cosecha y mi trabajo, ¿cómo puedo volver a sembrar arroz? ¿Y todo mi esfuerzo dónde queda? ¿Cómo mantengo mi familia, si esto se ha discutido en varias reuniones con los responsables del problema y no se resuelve nada?».
El peligro de perder el arroz, en un programa tan priorizado por lo que significa estratégicamente para sustituir importaciones, ya es un reiterado alerta en esta columna. El pasado 9 de junio, el campesino Genobebo Palacio, de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Hermes Rondón, en el municipio granmense de Río Cauto, alertaba que se le estaban perdiendo unos 1 200 quintales de arroz, por la decisión del director del complejo agroindustrial (CAI) José Manuel Capote, de retirar la cosechadora del grano que ya trabajaba en sus tierras.
Atendiendo la queja de Genobebo, Idalexis Rodríguez, director general del Grupo Agroindustrial de Granos del Ministerio de la Agricultura, respondió que, de acuerdo con lo comprobado por la comisión investigadora, el consejillo del CAI decidió cambiar una de las máquinas existentes en el área de la cooperativa de Genobebo, por otras dos procedentes de la Unión Agropecuaria del MININT.
Y también resolvió que al siguiente día se moverían para otra cooperativa, pero el presidente de la CCSF Hermes Rondón no alertó de la situación que tenía con el corte de arroz de sus productores. Genobebo, afirma, reclamó que le correspondía realizar la cosecha por fecha de germinación y según el orden establecido por la Unidad Empresarial de Base. Aclaraba el funcionario que el Programa de Cosecha es elaborado por la cooperativa teniendo en cuenta la germinación, rendimiento y ciclo del cultivo, entre otros elementos, los cuales no fueron conciliados con el CAI. Precisaba Idalexis que, acorde con lo estipulado en el contrato firmado por la CCSF Hermes Rondón, la empresa arrocera se responsabiliza en ubicar la maquinaria y operarla; pero el orden y la zona de corte los decide la dirección de la cooperativa o unidad productora, la cual deberá informar por escrito a la dirección de la Empresa, en caso de que incumpla con el cronograma de cosecha por razones imputables a la primera.
«En cuanto a las pérdidas ocasionadas e indemnizar el valor de las mismas, afirmaba el director del Grupo, se orientó a Genobebo contratar los servicios de un abogado en el Bufete Colectivo, y establecer la correspondiente reclamación contra su CCSF Hermes Rondón, pues es con ella que tiene vínculo contractual. A su vez, la CCSF la establecerá contra el CAI Arrocero, ante la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Granma, órgano competente para conocer y decidir sobre el asunto, y el cual determinará los responsables de reparar el daño, e indemnizar si así lo considera».
El pasado 30 de agosto, en otro alerta, reveló en esta columna Andrés Rodríguez, socio de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Abel Santamaría, adscrita a la Empresa Agropecuaria Nueva Paz, en Mayabeque, que sus cosechas estaban contratadas de una parte con la CCSF y de la otra con la empresa arrocera.
Y denunciaba que la empresa, al igual que en el 2010, incumplió con la entrega del combustible conveniado para el riego en tres ocasiones, y una vez más en el corte del cereal. Como resultado, señalaba, y a pesar de estar en el contrato, el arroz de cinco hectáreas, valorado en alrededor de 500 quintales, desde hacía 25 días aproximadamente listo para el corte, se encamó y goteaba, y las máquinas previstas no aparecían, porque las trasladaban a otros territorios.
El pasado 12 de julio llegó la misiva de Yoandry Díaz (Calle A, entre 11 y 12, reparto El Van, Vertientes, Camagüey), quien alerta sobre posibles pérdidas en la cosecha arrocera en ese municipio, específicamente en el Complejo Agroindustrial Ruta Invasora, «donde el paso agigantado de la maduración de los cultivos se hace inminente y no hay relación entre la cantidad de cosechadoras por hectáreas sembradas, ya que se planifica una cosa y en realidad no se tienen en cuenta las verdaderas realidades».
Significa el lector que no se consideró el área a sembrar y a invertir en ella, la disponibilidad de la aviación agrícola y horas de vuelo, la disponibilidad de agua en embalses para el riego de todo el año y obras hidrométricas que permitan medir el consumo de agua diario como lo requiere y no a ojo; el parque de cosechadoras disponibles y listas para el corte y no en el taller, y la capacidad de secado y transportación a cada entidad receptora.
El Ministerio de la Agricultura debe brindar, de una vez, una información esclarecedora, y no puntual, acerca de los problemas que afectan a un programa tan estratégico como el del arroz.
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