Acuse de recibo
En un país que hace tanto por los enfermos con VIH/sida, incluso por eliminar las barreras estigmatizadoras que impiden su reinserción social y laboral, la historia de Mary Nieves Aguiar, tal como la cuenta su esposo, Pável Pérez, sugiere ostracismo y discriminación.
Pável (Aguilera 38, Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos), capacitador de la Dirección Municipal de Salud, cuenta que su esposa es portadora del VIH hace 14 años. Cuando se lo diagnosticaron, se vio imposibilitada de continuar su vida laboral, pues entonces los pacientes con esa enfermedad eran internados en los sanatorios para su tratamiento.
Años después, ya de alta del sanatorio, comienza a reintegrarse a la sociedad por medio del Curso de Superación Integral para Jóvenes y culmina el bachillerato con el uno en el escalafón de su graduación. Comenzó a estudiar la carrera de Psicología, en la cual se encuentra en la recta final, en proceso de elaboración de la tesis. Tiene un promedio de 4,98 puntos, y está propuesta por los orientadores y jefes de carrera para Título de Oro.
Hace unos meses, con los cambios que se registran en el país, la Universidad le comunicó que debía buscarse un trabajo, porque ya no se le podía estar pagando un estipendio para que estudiara.
Desde septiembre están buscando una ubicación para ella. Lo que les llama la atención es que sí han encontrado trabajo en cinco entidades distintas, las cuales Pável no desea mencionar, dice que por ética. «Pero cuando constatan quién es la persona—señala él— empiezan los peloteos».
Ahora, por sexta ocasión, movieron cielo y tierra. En otra entidad del territorio, afín con su carrera, ya la habían ubicado —precisa Pável—, le pidieron documentos tipo “hago constar” que validaran que su estado de salud permitía desempeñar el puesto. Luego el director le informó que no podía ser por ahora, porque ya otra persona pedía esa plaza.
Aunque quizá no haya relación entre los rechazos y la enfermedad, ya de por sí esa persona se sume en la suspicacia. Sería importante que un caso tan sensible se esclareciera. Rechazar no es la política del país.
Vivimos en medio de una hiperdecibelia desenfrenada. Pero lamentablemente la contaminación sonora no es prioridad en los preceptos inviolables de nuestra vida cotidiana, aun cuando es muy condenada en legajos, normas y palabras.
Luis R. Sánchez (Jáuregui No. 29403 altos, entre Dos de Mayo y Manzaneda, Matanzas) vive a escasos 20 metros de un quiosco de venta de Tiendas Panamericanas. Y desde hace cinco años, asevera, la alarma de ese establecimiento comercial quiebra la paz y el sosiego de los vecinos cuando se dispara en la noche.
La alarma es inefectiva. Como está dislocada, cuando suena intempestivamente, nadie acude a verificar nada, a pesar de que está conectada a una central. El colmo es que, en cierta ocasión hubo un intento de robo, y nadie se percató hasta el otro día, cuando abrieron el quiosco.
Lo último que aducen, afirma Luis, es que hay ratones adentro. Y él pregunta: «¿En un sitio dónde venden chucherías y alimentos, no podrían generar leptospirosis? ¿Cómo es posible que a dos cuadras haya otro quiosco, y la alarma no se dispare así?».
Luis piensa que todo establecimiento comercial debe tener una licencia, y en ella debe reglamentarse lo que puede y no puede hacer, incluidas las agresiones sonoras. Ya está tan alterado, al igual que otros vecinos, que no duda en demandar judicialmente a la corporación.
Lo cierto es que la alarma se desata impunemente. Y uno llega a cuestionarse por qué tanta impunidad. ¿Cuándo será el día en que los transgresores de la paz y el sueño, sientan en su propia vida y bolsillos la alarma del cumplimiento de la legalidad?