Acuse de recibo
Sobre el respeto a las leyes, bien se sabe, descansa la armonía de la existencia en sociedad. Pero cuando determinadas reglas no se ajustan a la sencilla lógica vital, entonces no es la vida a la que hay que hacerle cambios. Sería como si a alguien se le salieran los pies de la cama y en vez de ampliar el mueble decidiera amputarse las extremidades.
La idea viene a estas líneas por la carta de Luis Carlos Mesa Comas (Carretera Central entre Francisco Cabrera y Despoblado Sibanicú, Edificio B, Apartamento 3, Camagüey), quien escribe a nombre propio y de los demás vecinos de tres biplantas.
Narra Luis Carlos que en la década de los 80 varios de estos residentes —que vivían en bajos— se personaron ante las autoridades del Poder Popular en la región para solicitar les permitieran modificar sus hogares. Concretamente pedían abrir una puerta trasera y cercar cada fragmento correspondiente de patio, para sembrar árboles frutales, tener aves de corral, utilizar el espacio en labores hogareñas…
El compañero Abel Cristiá, entonces presidente del Poder Popular en el municipio, aprobó el reclamo «siempre que fuera del conocimiento de la Dirección Municipal de Vivienda y se efectuara una reunión con el Consejo de vecinos para dar a conocer la idea.
«Todo se llevó a cabo por los canales correspondientes, y el presidente autorizó a que se abriera la puerta, con la condición de que tenían que hacerlo todos, o sea, los 12 apartamentos, al igual que cercar para poder tener sus animalitos de patio», evoca el remitente.
¿Qué sucede ahora? Pues lo mismo que usted se imagina. Relata el lector que casi 30 años después, las autoridades de Vivienda les están exigiendo «cerrar las puertas y quitar las cercas, alegando que existe una ley que así lo dicta (…). Y sus medidas en estos momentos son multar a los vecinos que se opongan a cerrar, con cuotas de 200 pesos, y agregando que si no se cierra, la penalidad será de 2 000 pesos. Alegan las inspectoras que si no ponen las multas, (a ellas) se las restan de sus salarios».
El área que ahora ocupan esos patios delimitados estaba «perdida» de hierba, arbustos, basura… Era un sitio empleado por indolentes para arrojar cualquier tipo de desperdicio, comenta apesadumbrado Luis Carlos. Y pide que se repare en el «Despoblado» que acompaña su dirección particular.
Ahora esos trozos de tierra están limpios, con árboles frutales y contribuyen a mejorar de muchas formas la vida de varias familias. La mayoría de los propietarios son ya ancianos, a quienes les cuesta mayor esfuerzo cada jornada de brega diaria.
Agrega el camagüeyano que en su mismo municipio hay otras construcciones similares a las de ellos que desde que fueron concebidas tuvieron puerta atrás y patio cerrado. Además, enfatiza, los fondos de las viviendas se hallan distantes más de 15 metros de la Carretera Central, y por su cuidado actual dan al entorno una condición de vida que antes no tuvo.
El delegado de la circunscripción —quien también es afectado por la medida— ha realizado gestiones al respecto, sobre todo solicitando las pertinentes discusiones con los habitantes del lugar. Nada.
La realidad —precisa Luis Carlos— es que aunque las autoridades de Vivienda en el municipio o la provincia, o los dirigentes del Poder Popular a esos niveles no se han personado para discutir el asunto, continúa la decisión de poner las multas.
Y este redactor se pregunta hasta cuándo algunos seguirán pesando con balanzas rígidas los dilemas de nuestra cotidianidad. Mientras el país facilita la entrega de tierras y otras medidas para que las personas garanticen su sustento, se insta a estas familias a que entreguen el palmo de suelo donde tal vez recogen las naranjas del año... ¿Será posible?
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