Acuse de recibo
Convencido de que una graduación estudiantil debe ser conmovedora, Eduardo René Hernández está defraudado por el acto en el cual se declaraban bachilleres técnicos en el instituto tecnológico Sierra de Cojímar, de la capital.
Eduardo René (Edificio LH-2, apto. 57, Micro 10, Alamar) es padre de uno de los egresados. Él fue citado para asistir el 14 de junio a la graduación, pero la misma se suspendió porque todo no estaba listo. La directora se disculpó con los presentes. Y se realizó el 18 de junio. Él pensó que, con más razón, tendría calidad el «sencillo acto político» que anunció la directora. «Lo cierto, apunta, era que no fue sencillo, la chabacanería y la desorganización no es sencillez. Mucho menos político».
El acto comenzó hora y media después de lo convenido. La directora inició una larga intervención, «en la que no faltaron amenazas de que si en cuatro años no habían tenido conflictos, no los iban a tener ese día. Con el mismo tono de descarga, pidió que cantaran el Himno Nacional.
Al concluir, se esperaba el emocionante momento de la entrega de diplomas. Pero enviaron a los egresados, por especialidades, a pequeñas oficinas donde les daban —no entregaban— los diplomas; y un importante libro de Historia del cual no se resaltó nada.
Eduardo René reseña que, con 58 años, se graduó en más de diez ocasiones en diferentes momentos. Y de todos guarda un dulce recuerdo. «¿Podrán mañana decir lo mismo los graduados en el Sierra de Cojímar?», pregunta.
El pasado 20 de febrero, desde la localidad habanera Catalina de Güines, Martín Herrera contaba su infructuosa gestión para adquirir tierras en usufructo, por el Decreto-Ley 259: el 17 de septiembre de 2008 solicitó en la Delegación de la Agricultura de Güines media caballería de la CPA Nelson Fernández. Y la delegada le dijo que esperara a que el presidente de la CPA declarara ocioso el terreno. Después, ella misma le comunicó que una comisión se encargaría de hacer que liberaran la tierra, pues hace más de diez años que no se usa.
El tiempo pasaba y Martín volvió a ver a la delegada. Ella le informó que la comisión no funcionaba, pues en una CPA, cuando hay áreas sin usar y se comienzan a tomar medidas, entonces aran dicha tierra e inician el proceso de siembra.
Martín persistió y fue a la ANAP municipal. Allí le dijeron que el presidente de la CPA no liberaba la tierra, y no le aclaraban por qué. Martín pensó que él podía estar errado, pero necesitaba que le explicaran claramente: «Solo he recibido peloteos y largas, y esa tierra está plagada de hierbas invasoras y arbustos».
Ahora responde Alberto Naranjo, delegado provincial de la Agricultura en La Habana: Las tierras solicitadas por Martín, pertenecientes a la CPA Nelson Fernández, «aun cuando pudieran estar sin explotarse por un prolongado período de tiempo, no pueden declararse ociosas por ser, precisamente, patrimonio de una CPA. El Decreto-Ley 259 establece que pueden ser declaradas ociosas las tierras estatales que no estén en explotación…».
La CPA, apunta, sí consideró que no podía explotar toda su tierra, y vendió al Estado 557,06 hectáreas; las cuales, ya en patrimonio estatal, fueron declaradas ociosas y entregadas, por el Decreto-Ley 259, a sus solicitantes.
En análisis con la Agricultura y la ANAP, se coincidió en que la CPA Nelson Fernández tiene razón al plantear que ya no puede vender más tierras de su patrimonio. Y se comprobó que esa área está destinada a un proyecto de desarrollo forestal y frutalero. No obstante, especifica, el reclamante puede presentarse de nuevo ante esa u otra delegación municipal vecina, para ser reorientado hacia otra área que le pueda ser entregada.
Y aclara que aplicarán las medidas pertinentes para evitar que se repitan respuestas tan ambiguas como la de la funcionaria en cuestión. Al final, este caso revela cuántos perjuicios trae a la credibilidad una información incompleta.
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