Acuse de recibo
La chapucería y falta de rigor laceran en algunos sitios un programa tan noble del país como lo es la construcción de viviendas para médicos y otros profesionales y técnicos de la salud que prestan colaboración en el exterior.
El pasado 14 de febrero reflejé aquí la denuncia del capitalino Dacio Gabriel González: su hija, la doctora Maritza González, luego de cumplir dos años de misión en Venezuela, fue beneficiada con una de esas viviendas, en el edificio sito en 67-A esquina a 116, en Marianao, Ciudad de La Habana.
El inmueble, recién construido y entregado a sus moradores en junio de 2009, ya presentaba rajaduras en paredes y techos, y las consiguientes filtraciones.
La doctora Maritza hizo gestiones con el Grupo Empresarial de la Construcción (GECONS), específicamente con la Empresa Constructora Julio Antonio Mella, ejecutora del inmueble. Y nada se había hecho hasta esa fecha. Al narrar los hechos, Dacio señalaba que casos como ese muestran los males enraizados en los procesos inversionistas, tan criticados por la dirección del país.
Pero esta columna no ha recibido respuesta directa de la mayor responsable del asunto, la entidad constructora; ni del inversionista principal, la Dirección Provincial de Salud, que es la contraparte y debe velar porque la obra cumpla los parámetros establecidos. Pero sí nos escribe Ivette Pérez Vuelta, directora de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV) de Ciudad de La Habana.
Reconoce Ivette que «la falta de control en la calidad durante el proceso de ejecución, es asunto de indolencia de los actuantes en este proceso». Agrega que se realizó un levantamiento allí de lo necesario para ejecutar y subsanar los problemas, y «tanto los inversionistas de la Dirección Provincial de Salud como de la Vivienda, exigirán al organismo constructor (GECONS), responsable llave en mano de este programa, la rectificación de las acciones que aún se encuentran en el término de la garantía contractual, con la inmediatez que requiere el caso». Y asegura que la UPIV estará al tanto de la conclusión de esos trabajos.
¿Qué dicen el GECONS y la Dirección Provincial de Salud? ¿Cómo se depurará responsabilidad y qué harán para que situaciones como estas no se repitan?
La carta de Maritza Rivero (calle 9 No. 44, Central Guatemala, Mayarí, Holguín), madre de una doctora que, tras cumplir cinco años y cuatro meses de misión en Venezuela, fue beneficiada con una casa, pone sobre el tapete nuevamente el problema de la calidad en el programa de viviendas para internacionalistas de la salud.
Cuenta que a su hija le fue asignada una vivienda en el segundo bloque de ocho apartamentos sito en el reparto 26 de Julio, en Mayarí, concluido hace unos dos años, pero increíblemente aún sin entregar a sus inquilinos. ¿Razones? Al construirlo, no se sopesó que no existía capacidad en la laguna de oxidación ni otra alternativa de fosas para verter las aguas negras. Además, presenta dificultades en el suministro de agua a los apartamentos.
Los afectados han hecho infructuosas gestiones al respecto. La hija de Maritza ha visitado varias veces la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal, y su Director alega que esa entidad es «un organismo consultor», y no tiene nada que ver con ello. Quien lo debe resolver es el ejecutor de la obra, el contingente René Martínez Tamayo. También conoce del problema el Gobierno municipal.
«Hace un año mi hija terminó la misión —señala— y aún no se ha podido mudar. Pero hay compañeros que llevan dos años en espera. A los apartamentos se les nota el deterioro por el tiempo que llevan cerrados, y ya en el primer piso fue robado un servicio sanitario. Con los sacrificios que hace el país, y que existan hechos como este, de irresponsabilidad e indiferencia. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Quién es el responsable, y qué solución se le dará?», concluye Maritza.
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