Acuse de recibo
A nombre propio y de sus vecinos habló la capitalina Laura Dreque Góngora (Avenida 26 de Julio s/n, entre 247 y 249, reparto Abel Santamaría, en Boyeros) en el Acuse del 3 de octubre último. Narraba Laura que llevaban 17 años para legalizarse en los hogares que habían construido en una nave otrora perteneciente al MICONS.
El inmueble les había sido entregado por una Empresa del mismo Ministerio, y con esfuerzo propio acondicionaron allí 24 hogares. Según afirmaba la remitente, durante cuatro años consecutivos la Dirección de la Vivienda y el Gobierno municipales les habían planteado que ya sus casos estaban informados como viviendas terminadas.
Y finalmente se dolía la firmante de que aún ella y sus vecinos se vieran imposibilitados —por la postergada legalización— de ultimar los contratos de agua, corriente eléctrica, Oficoda…
Al respecto nos escribe Ivette Pérez Vuelta, directora de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV) en Ciudad de La Habana. Explica Ivette que «cuando una Empresa decide desafectar sus espacios para convertirlos en hogares, debe solicitar esos servicios a Planificación Física, entidad que aprueba o no este cambio de uso. Una vez aprobado, continúa la secuencia constructiva, que culmina con la emisión del “Habitable”; y de este a la legalización».
Este cambio —continúa la directiva— debe ser promovido por el dueño patrimonial del inmueble, ya que las propiedades estatales se asientan en registros contables que no pueden distorsionarse por saltar procedimientos establecidos.
«Lo planteado de que obran en nuestras estadísticas como viviendas terminadas es incierto», sostiene Ivette. Luego de una revisión de los asientos estadísticos desde 1996, no se encontró expediente alguno de los vecinos en cuestión.
«Es bueno que se conozca —enfatiza la Directora de la UPIV— que instamos a los organismos a la entrega de locales a partir del reordenamiento de sus actividades, para su conversión en casas y espacios de tránsito, a fin de aliviar en alguna medida la compleja situación con el tema de la vivienda… Pero exigiendo que se cumpla lo regulado».
De hecho, argumenta, desde el 2005 se han logrado 1 703 hogares en 766 inmuebles que han dado cobija a albergados, damnificados de huracanes, derrumbes y casos sociales, entre otros; y a todos se les ha garantizado su legalización.
En la actualidad se trabaja con 620 edificaciones que servirán como espacios vitales permanentes o de tránsito.
De las 24 familias habitantes de la referida construcción, hay varias cuyos espacios constan como medios básicos de Educación, ministerio que, en gestiones con el organismo dueño, así lo garantizó.
Y culmina la funcionaria asegurando: «Revisaremos todo cuanto sea necesario para que estas familias… legalicen su estatus».
Agradecemos la detallada respuesta de la arquitecta Ivette Pérez y lamentamos los datos erróneos contenidos en la misiva que denunció el caso. Ojalá estas personas —que no son responsables de que hace 17 años el MICONS no hubiera realizado los trámites correspondientes— salgan, al fin, del vacío legal en que se encuentran.
Una señal de tránsito. Tan solo eso pide con urgencia en su carta Maidole Castellón (Cisneros 524, entre avenidas de Los Pinos y Fernández de Castro, Los Pinos, Arroyo Naranjo, en Ciudad de La Habana).
Resulta que muy próxima a la escuela secundaria Pedro Blanco, específicamente en Perla y Línea del Ferrocarril, en el área de residencia de la remitente, existe una línea de trenes en desuso, frente a la cual se supone que los autos reduzcan la marcha. Al menos así lo creen los jóvenes que asisten al centro docente. Y el cartel que anuncia la institución escolar «está prácticamente escondido».
Maidole, madre preocupada, al ver que los carros a veces ni aminoran velocidad, pide a quien corresponda una señal de Pare, Zona Peatonal, etc. Su reclamo merece una rápida «vía a la vida».
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