Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 3 de julio, reflejé aquí la denuncia del campesino Leopoldo Laurencio Reyes, integrante de la cooperativa Sabino Pupo, y residente en San Mateo, Santa Catalina, en la provincia de Guantánamo:

Hacía nada menos que dos años y seis meses que él había vendido una vaca a la Empresa Lorenzo Boicet, y a esas alturas no había recibido aún su dinero. La empresa había enviado el cheque, que llegó al Registro Pecuario del Consejo; pero al presentar irregularidades, se le devolvió. Irresponsablemente, quien debía llevarlo, no lo había entregado para renovarlo, precisaba el denunciante.

Al respecto, responde José Francisco Saíz, delegado provincial del Ministerio de la Agricultura en Guantánamo, que se realizó una investigación de los hechos. Se entrevistaron con Israel, el hijo del denunciante y quien lo representó en las gestiones, por la avanzada edad del mismo. Israel realizó cuatro viajes a las oficinas de la granja Lázaro Boicet para reclamar el pago, y fue atendido todas esas veces por funcionarios de dicha entidad —extinta desde 2008—, y en presencia de Roberto Pérez, el comprador de la res.

En el análisis efectuado, el actual jefe de la granja y el anterior director afirmaron que ellos pagaron todas las facturas de la zona donde reside el reclamante. Y se comprobó documentalmente que se había emitido el cheque 60270039 a nombre de Leopoldo Laurencio el 20 de febrero de 2007, el cual fue entregado por el comprador Roberto Pérez a Hipólito Matos —hoy jubilado—, quien fungía como jefe del Registro Pecuario en el Consejo Popular, para que fuera acuñado, proceder a darle baja al animal, y entregárselo al propietario. Pero el cheque caducó en manos de Hipólito, y se extravió de la oficina de Control Pecuario.

La jefa económica de la granja le dijo al hijo de Leopoldo que si se había vencido el cheque debía entregarlo para emitir otro, pero aquel explicó que el mismo no estaba en el Registro. La granja emitió un nuevo cheque, para entregarlo al vendedor cuando apareciera el cheque vencido, acción que no pudo realizarse al no aparecer nunca este.

La comisión investigadora ahora dictaminó que sí existe el impago al vendedor, al no aparecer evidencia de que el primer cheque emitido llegara a sus manos. Y señala como responsables directos al funcionario de Registro Pecuario del Consejo Popular, y a la económica de la granja.

Al reclamante, apunta, se le pagó el animal, «y se realizaron los análisis con los responsables que hoy están en la granja: se aplicaron las medidas administrativas, según la responsabilidad individual».

Agradezco, como siempre, la respuesta, y el desenlace feliz. Pero inevitablemente uno se pregunta por qué ese campesino tuvo que sufrir dos años y medio por el derecho que le pertenecía. Es una vergüenza. No se especifican las medidas administrativas tomadas que, dicho sea de paso, debían haber sido aplicadas mucho antes. Y, por cierto, qué penoso es jubilarse y dejar el amargo sabor de la indolencia… aunque ya no te puedan sancionar. Es un castigo moral.

Hay hechos que no debían suceder, porque comprometen el prestigio del Estado cubano, por negligencias de tal o más cual funcionario. Al final, los ciudadanos culpan a ese Estado. Y, aunque le apliquen medidas a los responsables, ya el daño está hecho. La vergüenza se demuestra no con la medida terminante después de la denuncia, sino evitando que se cometan los desaguisados y se acumule el tiempo de la impunidad.

Lamentablemente quienes deben velar a tiempo porque no se generen tales injusticias, no ven delante de sus ojos las irregularidades que se cometen. Ya es hora de que se mida la gestión de los funcionarios por la capacidad que tengan por sí mismos de descubrir las violaciones bajo su mando, y erradicarlas a tiempo. Después, cuando alguien lo hace público, ya es bastante tardío. Y tuvo su costo humano.