Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 3 de febrero, esta columna reflejó el sentir de Yuri Goulet, administrador de la unidad de víveres El Curial, en el municipio santiaguero de Contramaestre, a quien el 25 de noviembre de 2008 se le aplicó la medida disciplinaria de separación definitiva del sector por el director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, después de una verificación efectuada en el centro.

En su carta Yuri no reflejaba las razones de la medida, y aducía que tampoco él las sabía, pues nunca se las dieron a conocer. Y tal como se presentaba el caso, este redactor únicamente abogaba porque siempre se dé una explicación, sea cual fuere la medida tomada.

Al respecto responde Felicia Villarreal Sosa, directora general de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT), adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, quien precisa que la filial de esa entidad en Santiago de Cuba procedió a investigar el caso, mediante revisión documental, entrevistas y otras comprobaciones.

Informa la funcionaria que la bodega El Curial había sido objeto de una supervisión, y se había comprobado que su administrador había vendido queroseno a 74 núcleos a los cuales no les correspondía, aun cuando estaban divididos del resto de sus respectivas familias, pero no aparecían así oficialmente.

Ello generó un faltante en el combustible que se les suministra a los consumidores censados. Entonces le aplicaron a Yuri una amonestación ante el Consejo de Dirección de la Empresa.

Posteriormente fueron verificados 60 de los 74 núcleos mencionados, y pudo comprobarse que a seis de ellos nunca se les vendió el combustible, y a 20 ocasionalmente. Como consecuencia de ello el director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía le aplicó la medida de separación definitiva del sector, por el faltante de 11 566 litros de queroseno, lo cual afectó a numerosos consumidores que, teniendo el derecho, no lo pudieron adquirir.

El 19 de enero pasado, suscribe Felicia, Yuri estableció recurso de apelación en su condición de dirigente ante la Asamblea Municipal del Poder Popular por la medida, y el mismo se declaró sin lugar mediante la Resolución 19 del 2009, de fecha 16 de febrero de 2009, con lo cual se ratificó la separación definitiva del sector.

«Quedó evidenciado —refiere— que (Yuri) tomó de manera unilateral la determinación de venderles combustible a núcleos a los cuales no le correspondía, considerándose como una negligencia e irresponsabilidad total».

En entrevista con Yuri, este reconoció los hechos, y la insatisfacción de la población afectada como consecuencia de ello. «Tuvo pleno conocimiento de las causas por las cuales se le aplicó la medida; de no estar de acuerdo, debe establecer su reclamación a la instancia administrativa a la cual se subordina la entidad, teniendo en cuenta que la Asamblea Municipal del Poder Popular ya se pronunció sobre su inconformidad».

Esos argumentos los confirma también en su carta Mario Rondón del Toro, director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, quien precisa que Yuri «mintió deliberadamente a la dirección de la entidad, con la finalidad de ocultar violaciones mayores». Y tipifica que «estamos en presencia de un posible delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades estatales, o el uso indebido de recursos materiales y financieros».

El alerta lo lanzó aquí el pasado 4 de febrero Rolando Enrique Varona, entrenador de béisbol en la ciudad de Gibara, provincia de Holguín: como consecuencia del huracán Ike, el hospital general de ese municipio sufrió graves daños, por estar ubicado frente al mar. Se decidió construir uno nuevo, pero precisamente en el área del terreno de béisbol de Gibara.

Rolando Enrique precisaba que hacía tiempo corrían rumores en tal sentido, pero aseguraba además que ya la «decisión oficial» estaba tomada, por lo cual los amantes del béisbol en Gibara, que son muchos, estaban muy preocupados.

A propósito responde, muy lacónicamente, el doctor Fernando González Isla, director de Salud en la provincia de Holguín, quien manifiesta que «a raíz de la inquietud de los pobladores de la ciudad de Gibara, se realizó un estudio por los compañeros de Planificación Física y de Inversión de Salud, determinándose microlocalizar el hospital de Gibara en el área donde actualmente se encuentra el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología del territorio; lo que no implica (afectar) área ninguna del campo de béisbol».

Luis E. Brito Jiménez, director de Atención a la Población y al Poder Popular del Ministerio de la Construcción, responde a la inquietud vertida aquí el 7 de febrero pasado por José Alberto Montero, gruero del Establecimiento de Izaje de Ciudad de La Habana (CUBIZA), de la Empresa Central de Equipos del Ministerio de la Construcción.

Entonces, José Alberto señalaba que, como mismo está establecido para la totalidad de los constructores —incluido personal dirigente y administrativo—, el Coeficiente de Interés Económico y Social (CIES), un plus para preservar la estabilidad laboral en ese sector, allí en Izaje llevan años reclamando que los consideren en los pagos por condiciones laborales anormales, lejanía, albergamiento, nocividad, nocturnidad y altura, sin que se tenga en cuenta. Les plantean que el CIES ampara todos esos conceptos.

Y a José Alberto le parecía irracional, pues el CIES no se creó para esas particularidades, y el trabajo de los obreros de Izaje es muy específico. Laboran con riesgos reales, como en las refinerías, o bajo el subsuelo, con explosivos.

Al respecto señala el funcionario que José Alberto ha sido atendido en diferentes ocasiones, tanto en la unidad como en la empresa, y se le ha explicado lo que regula la ley. No obstante, los directores de Organización del Trabajo y los Salarios y de Recursos Laborales del Ministerio y otros funcionarios se reunieron con él y le explicaron lo regulado en el pago a las entidades del Ministerio de la Construcción.

Refiere Brito que José Alberto domina lo que es el CIES y reconoce que la empresa ha actuado con apego a la ley, sin violaciones en tal sentido. Precisamente el cuestionamiento de José Alberto es sobre lo que ya está legislado, pues considera que los operarios de grúa no están expuestos a las mismas condiciones del que labora cíclicamente en refinerías.

A José Alberto, agrega, se le explicó que por el momento, hasta que el país no haga una nueva revisión del salario y los sistemas de pago, no se podía incumplir lo que estaba establecido. Y que su inquietud se tendría presente para cuando existan estas posibilidades.