Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Un servicio no puede quedar interrumpido así como así, cuando las consecuencias de ello gravitan sobre la vida de muchas personas. Siempre que se pueda, hay que buscar una alternativa para que, en las peores condiciones de trabajo, una entidad pueda desempeñar su objeto social.

Ese es el saldo que deja la historia denunciada aquí, el pasado 2 de agosto, por Marino Pablo Maqueira Pérez, vecino de Avenida 87 número 15210, entre 152 y 154, municipio capitalino de La Lisa. Historia que ya tiene su respuesta en José Conesa González, director general de la Unidad Estatal de Tráfico (UET) del Ministerio de Transporte.

Entonces, Maqueira refería las complicaciones que tenía, como taxista por cuenta propia, el hecho de llevar dos meses tratando de renovar su Licencia de Operación de Transporte, sin lograrlo, y por razones ajenas a él.

Y todo era porque había sido clausurado el local donde radicaba la Unidad Estatal de Tráfico (UET) de Ciudad de La Habana, encargada de otorgar esas licencias, que se encontraba en Playa. Trasladada a Flores y San José, cercano al Mercado de Cuatro Caminos, tampoco estaban allí renovando las licencias por no tener local donde trabajar.

Resultado para Maqueira y muchos otros que viven de ese trabajo: al vencérseles la licencia y no poder renovarla, no pueden «botear». Y, sin embargo, si no le pagan su contribución a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en ese lapso, esta le aplica recargos. Con toda razón, Maqueira señalaba: «¿No hubiese sido posible orientar oficialmente a los afectados cuál es la situación y qué debemos hacer?».

Al respecto, el director general de la Unidad Estatal de Tráfico, parte en su respuesta «del criterio de que nada de lo que se diga es justificable, cuando un ciudadano ve como última instancia acudir a la prensa en busca de una solución a problemas que les corresponde a las administraciones resolver; y, sobre todo, de aquellas que están creadas para prestar un servicio, o tienen dentro de sus funciones el trabajo con la población».

Acto seguido explica que, debido a las condiciones en que se encontraba el local de la UET, fue clausurado por la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT). «El que teníamos previsto para garantizar esta tarea —agrega— aún no ha quedado disponible. Y se decidió utilizar el local ubicado en Calzada de Bejucal y calle Río, en el municipio de Arroyo Naranjo, que está prestando servicios en estos momentos provisionalmente, hasta tanto se concluya el que se prevé definitivo para esta y otras funciones de la UET de Ciudad de La Habana».

Conesa reconoce que la afectación ha sido real, y ha ocasionado numerosas molestias, por lo cual ofrece disculpas. E insiste en que la UET está en la obligación moral de por lo menos explicar cuantas inquietudes, planteamientos y opiniones se viertan, aun cuando no hayan sido capaces de dar una solución definitoria.

Agradezco al director general la respuesta y el sentido autocrítico con que la asume. Sí, porque una segunda queja al respecto, mientras redactaba esta columna, me hizo ver, con otras implicaciones, que situaciones de tal cariz no deben repetirse.

Fidel Reyes Ramos, sistematizador de la Unidad Básica Económica de Transporte de la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero), me escribió el pasado 16 de septiembre, respaldando la carta de Maqueira, desde otra perspectiva.

El remitente, quien reside en avenida 101 número 6418, entre 64 y 68, Loma de Tierra, municipio capitalino del Cotorro, señala que la misma situación narrada por Maqueira, gravita para tramitar las Licencias de Operación del Transporte (LOT) para el sector estatal.

Tal es, que sin el comprobante actualizado de la Licencia ningún vehículo de carga o pasaje puede prestar servicio. De hacerlo, se le aplican multas a su conductor por los inspectores de Seguridad Automotor del Ministerio del Transporte, los mismos inspectores de la UET y los del Poder Popular (llamados azules), a más de la PNR.

Tampoco, sin el mismo, pueden entrar a cargar a puertos y almacenes, pues en todos esos sitios se les solicita el comprobante de la LOT. Y al que no lo posee o lo tiene vencido no le dejan realizar ninguna operación de carga.

Asegura Reyes Ramos que, ante una situación como la descrita por Maqueira, la Antillana de Acero presenta serios problemas. Y recuerda que la falta de un local no puede ser pretexto para dejar de cumplir un Decreto Ley de los Consejos de Estado y de Ministros, suscrito en 1997.

Alentándonos a seguir

En los momentos difíciles, el apoyo y la comprensión hacen milagros. Bien lo sabe Bárbara Riol Castañeda, vecina de Luz Caballero 1-G, entre Concha y Carlos Rojas, en la localidad matancera de Colón.

Bárbara me escribió el 11 de septiembre, cuando todavía en su municipio se sufrían fuertemente los embates y secuelas del huracán Ike. En medio de tantos contratiempos, esta mujer sensible supo aquilatar lo que no todos, acuciados por el drama, suelen ver.

Bárbara destaca «la labor tan linda que realizó la Empresa Eléctrica en el municipio de Colón, específicamente de las compañeras de guardia Elisa Zayas y Miriam Mesa, quienes cubrieron el turno del 10 de septiembre».

Precisa Bárbara que los colombinos, algo nerviosos, llamaban a la Empresa Eléctrica acuciados por la carencia de servicio eléctrico, ante la necesidad de preservar los alimentos, que ya amenazaban con corromperse en los refrigeradores. Y sobre todo, por los niños.

«Esas compañeras, firmes en su centro de trabajo, se deshacían en explicaciones, orientándonos donde ya había vuelto la corriente, para que guardáramos algo por allá, en casa de un familiar o un amigo».

Bárbara lo resume en una sola frase: «Nos daban aliento en todo momento». Y esa es la clave de la solidaridad y el sentimiento, cuando la gente sufre. Ese debía ser el «Ábrete sésamo» de todos los días, cuando se nos cierran las puertas y los caminos.