Acuse de recibo
Como lo sugiere el título, así viven los vecinos de los edificios multifamiliares y varias viviendas de la calle Corrales, números 10, 12 y 14, entre Egido y Zulueta, en La Habana Vieja.
La carta, que envía Juan Manuel Hernández, y firman otros 17 vecinos, denuncia que, alrededor del famoso agromercado de Egido, entre chuletas y ristras de ajo, los moradores más cercanos deben soportar una serie de irregularidades, ante las cuales ninguna institución ni autoridad hacen valer la ley y el orden.
A partir de las cuatro de la tarde, relata, se estacionan en esa cuadra camiones particulares y de ciertas entidades, que descargan la mercancía, congestionando la calle sin miramientos, incluso entorpeciendo el paso de patrullas de la PNR, ambulancias, y hasta los vehículos del Comando 1 del Cuerpo de Bomberos que está en la esquina de Zulueta y Corrales.
Además, acuden allí todo tipo de vehículos, entre ellos triciclos de carga que se estacionan en medio de la vía, muchos de los cuales traen instaladas reproductoras de música sin compasión, bocinas y cornetas desmedidas. A sonar, que a ninguno le importa la paz de los vecinos, y a las autoridades investidas del poder, al parecer, no les interesa regularlos.
A ello se suman escándalos, voceríos y palabrotas, mientras las aceras están obstruidas por racimos de plátanos, carretillas, y concurrentes que no respetan el libre trasiego.
En consecuencia, la calle, las aceras y los portales, permanecen alfombrados de todo tipo de desperdicios lanzados así como palabrotas. En las entradas de los edificios, se aglomeran vendedores que obstaculizan el paso de los vecinos. Y hay hasta quien, ebrio, se acuesta a dormir en esos accesos.
Adónde vamos a llegar con tanta impunidad, si las cercanías de un conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad, son asumidas como patrimonio de cada quien. ¿Allí no existen las leyes?
La segunda carta la envía Jorge Palomares, vecino de calle C número 50, entre Quinta y Sexta, en el reparto Habana Nueva del municipio capitalino de Guanabacoa.
Relata Jorge que, producto de arreglos realizados en ese barrio por la Empresa Eléctrica en diciembre de 2007, se cambiaron postes. Y ello ocasionó que se dañara la tubería sanitaria de su vivienda.
Desde entonces, y con todo el derecho de un ciudadano afectado por una entidad, Jorge comenzó sus gestiones: en la Empresa Eléctrica le comunicaron que la responsabilidad del problema era de Acueducto y Alcantarillado. Esta última, por su parte, adujo que no tenía los recursos.
Jorge volvió a la Empresa Eléctrica, y le aconsejaron que abriera la zanja y esperara en su casa, pues al lunes siguiente le enviarían los tubos. Pero no fue así.
Desde entonces, Jorge ha vuelto a la Empresa Eléctrica en el municipio, y la respuesta es siempre la misma: que espere en su casa y le enviarán los tubos. Pero nunca lo hacen, y a él, que no provocó la avería y la está sufriendo, le parece una burla y una soberana falta de respeto.
El afectado ha quemado todas las naves: con el delegado de la circunscripción, con el Gobierno municipal, con el Gobierno provincial. «Y hasta ahora, señala, desde hace más de cuatro meses la zanja sigue abierta, con el peligro que ello encierra para el tránsito de peatones y vehículos. Y yo no tengo dónde hacer mis necesidades fisiológicas. Nadie me da respuesta, ni resuelvo el problema».
¿Qué derecho hay a vulnerar los derechos de un vecino, de muchos vecinos? ¿Dónde estará la patente de corso que les permite a ciertas entidades desconocer al ciudadano al que siempre debían servir y venerar? ¿En qué indefensión dejan muchas veces a esa familia, para que resuelva como pueda, y si no, que sufra? ¿Qué enajenado pensamiento es ese, cuando el deber esencial de toda institución estatal debiera ser el servir y atender al ciudadano? ¿Qué se están creyendo?
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