Acuse de recibo
Son lentos los diagnósticos, y así son tardías las decisiones y soluciones, como lo es el caso del edificio apuntalado de Reina y Chávez, al lado de la tienda Yumurí, en Centro Habana, que hace buen rato constituye un peligro para vecinos y transeúntes debido a su estado estructural.
El alerta irrumpió en esta sección el pasado 27 de junio, por obra de Ciro Cávez Romero, vecino de Belascoaín 452, en ese municipio capitalino. Él señalaba que aquel vetusto inmueble, rajado por doquier, ha perdido la seguridad, pues los 20 puntales de madera que evitan el derrumbe se han deteriorado, al punto de que ya ni llegan al suelo y se mantienen colgando o sujetos por sus iguales.
El pasado 21 de agosto, casi dos meses después del aviso, me escribía Carmen Roque, vecina de Oquendo 303, en Centro Habana, para ratificarme que «nadie ha respondido a la alarma —o al menos nada ha sido publicado— y la gente sigue caminando por allí, y los vehículos igualmente».
Manifestaba Carmen que dos días antes de su carta, alguien había situado «en el túnel de la muerte» —como ella lo denomina— un par de letreros rústicos de cartón que rezaban: «Peligro, derrumbe». Pero solo duraron horas los carteles. Y Carmen, angustiada por la dilación con algo tan peligroso, refería que «ojalá la información necrológica nunca llegue a ser necesaria».
Y a propósito, nos escribió el 21 de septiembre Mayelín Boucourt González, divulgadora de la Dirección de la Vivienda en Ciudad de La Habana, quien aclara que, de acuerdo con lo investigado por la Dirección de la Vivienda en Centro Habana, el inmueble apuntalado, que ocupan varios núcleos familiares, se encuentra en mal estado técnico.
Precisa la funcionaria que «las investigaciones iniciadas no se han concluido, y está pendiente el levantamiento de los núcleos que ocupan el lugar, así como la verificación de su situación legal, en pos de determinar si existen órdenes de albergue dictadas y orden de demolición pendiente de ejecución».
Apunta Boucourt que se les trasladó el caso a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y a la Unidad Municipal de Atención a las Comunidades de Tránsito (UMACT), quienes deberán actuar de manera efectiva en el lugar.
Y señala que «detrás de la solución de esta problemática se hace necesaria la reubicación de los núcleos en cuestión, y por consiguiente la disponibilidad de fondos estatales, gestión en la que se hace imprescindible la coordinación de todas las instancias competentes».
Evidentemente, la carcoma del tiempo y la destrucción puede ser más veloz que todos los trámites y soluciones. El peligro aconseja que esas familias deban buscar albergue inminente, aunque sea temporal, hasta la solución definitiva. Y en sitio tan céntrico, urge buscar alguna alternativa para preservar la vida de tantos transeúntes. Eso no da más.
La segunda carta la envía Vladimir Rojas González, en nombre de los campesinos productores de leche del Consejo Popular 6 del municipio holguinero de Cacocum.
Vladimir, quien reside en el barrio La Fortuna, del central Antonio Maceo, plantea su inconformidad con los parámetros que se esgrimen para aplicarles el sistema de pago por el producto acopiado: «Se nos toman las muestras de la calidad de la leche, y se nos aplica una tarifa por esa muestra, que se toma en otra área que puede coincidir o no con la que producimos. Inclusive, nos enteramos de eso el propio día del cobro».
También enfatiza en que a nivel nacional se mantiene el convenio de entrega de pienso para las vacas según la leche entregada. Y a ellos, desde agosto de 2006 no se les suministra. Es una deuda de 11 meses. Sin embargo, a las UBPC y unidades estatales sí se les abastece.
Vladimir exige una respuesta, teniendo en cuenta que los productores de allí dieron el paso al frente y sustituyeron con leche fresca la leche en polvo para niños y pacientes con dietas en ese consejo.
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