Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

MARIO Felipe Sabines, director de la Vivienda en la provincia de Matanzas, responde hoy a la queja de la avileña Neisy Díaz Palomino, reflejada aquí el pasado 2 de septiembre.

Entonces, Neisy refería que junto a su mamá y hermana disfrutaba sus vacaciones en casa de unas amistades en Varadero, cuando aparecieron dos inspectoras de Vivienda, quienes sin mostrar su identificación les impusieron sendas multas de mil pesos a cada una, por alquiler ilegal. Ella cuestionaba la arbitrariedad de la medida, y el hecho de la obligatoriedad de pagar la multa, como si ellas fueran las propietarias de la vivienda.

Al respecto, reconoce Sabines que «ciertamente, nuestras inspectoras en el municipio de Varadero impusieron multas a personas que no eran los propietarios de la vivienda, asunto que excede el Decreto Ley 171, y por tal motivo están sujetas a un proceso disciplinario y pagarán por el error cometido».

Aclara el director que en el período vacacional se incrementan los riesgos de violaciones del Decreto Ley 171, en cuanto al alquiler ilegal de inmuebles, y por ello se realizan operativos partiendo de antecedentes de esas transgresiones en determinadas viviendas.

Ese fue el caso: la casa donde estaba alojada Neisy, precisa, «es del fondo estatal y no de propiedad individual». Y su arrendatario fue declarado ocupante ilegal, por no tener derecho a la titularidad. Posteriormente, a partir de una solicitud suya, fue declarado arrendatario de vivienda estatal con su contrato.

Agrega el funcionario que dicho arrendatario ha sido multado por alquiler ilegal en dos ocasiones anteriores: 9 de agosto de 2006 y 8 de octubre de ese mismo año. Y el dos de agosto pasado, las inspectoras de Vivienda se personaron allí, y comprobaron que pernoctaban «no tres, sino 12 ciudadanos, de ellos siete mayores y cinco menores, de los cuales el arrendatario y su esposa no conocían ni los nombres, hecho que demuestra la poca o nula amistad que tenían para introducir a 12 personas en un pequeño apartamento».

Y argumenta que de acuerdo con las declaraciones recogidas, la esposa del arrendatario fue a inscribir a los veraneantes después de la visita de las inspectoras, «en un claro ánimo de salvar la situación».

Al personarse en la casa las inspectoras, el arrendatario estaba en cama. Entonces ellas impusieron las multas a Neisy y sus familiares, que se encontraban allí en ese momento. En tal sentido aclara Sabines que las multadas sí fueron atendidas y orientadas en la Dirección Municipal de la Vivienda de Varadero, en cuanto «al derecho a pagar o convenir la multa, y presentar escrito de apelación a fin de dejar sin efecto la medida impuesta, contentiva de todos los descargos, lo que no hicieron en el término requerido».

Agradezco a Sabines la esclarecedora respuesta, y lamento no poder complacerle en cuanto a lo que me pide para futuros casos: antes de publicar, solicitarle su evaluación del asunto, como, según él, lo hacen otros medios de prensa locales. La sección, como he subrayado otras veces, publica las quejas sin «absolución» institucional alguna, partiendo de que es una columna diaria llena de urgencias, y de un principio de confianza en los lectores, la misma que depositamos en quienes luego nos responden oficialmente. Si uno u otro bando falla a esa confianza, la propia vida, con sus ventilaciones y el peso de las verdades, los podrá en evidencia.

Sabines considera que al presente caso no se aviene a la reflexión hecha ese día por este periodista: «La autoridad y el poder se extravían cuando quienes los ejercen recalan en la arbitrariedad...». Y argumenta que «la inmensa mayoría de nuestros cuadros y funcionarios tienen la suficiente vergüenza para sentirse ofendidos ante tal afirmación».

No hay por qué sentirse aludido en todo, por aquello del sayo... Cuando enuncié esa reflexión, lo hice refiriéndome a inspectoras que, ungidas del poder fiscalizador que se les confiere, cometen la arbitrariedad de imponer la multa a quien no le corresponde, como el mismo director reconoce. Los inspectores actúan en nombre de la Ley, y por ello deben ser educativos. Cuando ellos yerran y cometen una injusticia, resienten la credibilidad de la norma y el respeto hacia ella. Eso es tan viejo como las trampas de ciudadanos que burlan, para su provecho, cuanto decreto ley aparezca.