Acuse de recibo
Lo titulé ese día: Demolición de la confianza. «Una insólita historia de arbitrariedad y olvido». Así califiqué el pasado 5 de diciembre de 2006 la situación de Yolanda González Lafita, una mujer que reside en Carretera a Gibara número 55-A, en el poblado Floro Pérez, municipio holguinero de Gibara.
Entonces, Yolanda contaba que su casa forma parte de una construcción mayor, erigida en las primeras décadas del siglo XX. Y no obstante su antigüedad, hasta marzo de 2006 la vivienda era habitable, salvo alguna que otra filtración.
Un día, las autoridades locales le informaron a esa familia que debía conseguir un sitio para albergarse provisionalmente, pues iban a demoler el inmueble colindante —parte de la edificación— para construir una terminal de ómnibus.
En dos semanas demolieron la edificación vecina, y ahí comenzó el problema. Derribaron la pared común entre los dos inmuebles, que va desde la sala hasta el último cuarto de la casa de Yolanda. Y sostuvieron con vigas el techo de tejas del comedor y de los cuartos.
A fines de marzo de 2006 aún no habían concluido la reparación prometida y ya a inicios de abril dieron por terminados los trabajos. Y apenas habían levantado una pared de bloques desde el comedor hasta el último cuarto, pero obviando detalles esenciales. Como consecuencia, las viejas divisiones no llegaban a apoyarse en la misma. Y eso lo llenaron pegotes de cemento.
Quedó un gran boquete en el techo, por el cual entra agua cuando llueve, con el consiguiente desconchado de las paredes. Se han podrido las puertas, ventanas y vigas. Se ha abombado el piso, y la pared de la sala, que antes había sido una división interior, de ladrillo, quedó a ras de suelo, sin cimientos.
Y los constructores, sin escuchar las advertencias de los propietarios de la casa, echaron encima de esta pared varias hileras de bloques, y la pusieron a sostener un techo de tejas. El resultado es que la fachada está abombada y partida.
Y como si fuera poco, la demolición afectó al resto de la vivienda. Ahora el techo se filtra por varios sitios. Se han partido tres vigas. Y la familia se quejó ante las autoridades locales, quienes prometieron que se concluiría el trabajo. Funcionarios iban una y otra vez por allí. Y luego se desaparecieron los planos de la reconstrucción, el expediente y otros documentos sobre las intervenciones constructivas. Y constantemente han sido nuevos plazos, dilaciones... Si fui extenso en el recuento, fue para dar la medida de las chapucerías y los desentendimientos que signaron el caso.
Y al respecto, me escribe el arquitecto Archy Felipe Lam Ayala, director provincial de Vivienda en Holguín, quien refiere que se personó en el lugar, junto a otros funcionarios, y pudo constatar «que ya los recursos necesarios para acometer esta obra están allí, así como una brigada de la ECOA 19 del territorio».
Agrega Lam que «además, existe otra vivienda que tiene la cubierta común con la de Yolanda, y también será beneficiada con el cambio de cubierta. Al caso se le dará seguimiento hasta su solución final, de cuyo resultado le informaremos». Esa es toda la carta.
Agradezco la respuesta, y el hecho de que se vaya a reparar tanta irregularidad. Pero no deja de asombrarme lo escueto de la misiva. No se profundiza en las causas de tanto desatino; en por qué, para realizar una inversión, se afectó tanto la vivienda de una familia por parte de quienes supuestamente dominan los requerimientos técnicos de esa inversión.
Tampoco hay señales de un reconocimiento autocrítico acerca de los disparates que le han complicado la vida a esa familia, ni de las dilaciones mes tras mes, para atender lo que se afectó. No se ofrecen disculpas públicas a los afectados por las serias complicaciones que se les ocasionaron.
Ojalá Yolanda pueda solucionar esta vez tantos problemas acumulados. Y ojalá pueda ir apuntalándose la demolida confianza de esa familia en tales constructores, inversionistas y todos los que debían responder por esos desastres.