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La invasión yanqui de 1989 a Panamá se hizo ante los ojos de la OEA. Autor: contrainjerencia.com Publicado: 21/09/2017 | 06:50 pm
Revisando la historia, cualquiera se pregunta cómo la Organización de Estados Americanos (OEA) sobrevive si moralmente y materialmente han sido tan vapuleados sus preceptos, y después que el organismo ha demostrado con creces su condición de instrumento político, creado y manejado por Estados Unidos para asegurar su hegemonía en el hemisferio.
Cierto es que los cambios de gobierno registrados las dos últimas décadas en Latinoamérica posibilitaron a su plenario adoptar en el año 2009, tal vez por primera vez, una decisión tan justa como el desagravio a Cuba por su expulsión en enero de 1962, en otra farsa canallesca.
Puede que todavía muchos de sus estados miembros sigan bregando por cambiarla. Pero no podría borrarse de un plumazo el descrédito de un pasado plagado de intervenciones directas e indirectas de EE. UU. contra los países de la región, que se realizaron bajo su silencio o precisamente gracias a su amparo; ni hay motivos para pensar que Washington, su mentor, no seguirá, no sigue pujando e invocando a la OEA para imponer sus designios.
Entre sus principios fundacionales, recogidos en lo que se conoce como la Carta de la OEA, de 1948, se habla de «lograr un orden de paz y de justicia» entre los estados americanos, «fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia». Sin embargo, la realidad en la ejecutoria de la organización ha estado bien lejos de eso. Más bien ha sido al contrario.
Y es que también tuvo momentos de «sinceridad» el documento fundacional de la OEA. Por ejemplo, cuando en el inciso b) de su Artículo 2, señala como uno de sus propósitos esenciales el de «promover y consolidar la democracia representativa»: la excusa que ha servido para que EE. UU. justifique casi todas sus agresiones en la región, a pesar —y viene otro principio burlado— de que la Carta proclama que ello se haría «dentro del respeto a la no intervención».
Desde luego, hay que tener claro también lo que significa democracia representativa: un modus vivendi de los estados al estilo burgués, donde el poder se le escamotea al pueblo.
La OEA, mandatada por Estados Unidos, sí ha sido muy fiel a esos designios.
Nacida bajo el influjo de la política de América para los americanos, promulgada en lo que se conoce como la Doctrina Monroe desde 1823, la Organización de Estados Americanos fue el corolario de los esfuerzos por crear un sistema afín a tales prédicas y, de algún modo, herramienta preferencial para la concreción de ese imperial anhelo.
Así, declaraciones condenatorias, o entrometidas y manipuladoras supervisiones, según convenga, han circulado por América Latina con el rótulo de la organización o de cualquiera de los organismos creados, como ella, para conformar lo que ha dado en llamarse el Sistema Interamericano. Eso, sin contar intervencionistas fuerzas militares enviadas por EE. UU. a su resguardo para, supuestamente, salvaguardar la integridad y la paz…
Al mismo tiempo de asegurar un continente a su imagen y semejanza, Washington imponía al resto de los países del hemisferio un modo de ser y de hacer marcado por el panamericanismo: un formato de vida para nuestras naciones diseñado por los designios del Norte en calidad de amo, y tan contrapuesto, por eso a los ideales de unidad e integración latinoamericanas enarbolados por Simón Bolívar y José Martí, que son los que realmente nos integran y unen.
Muchas manchas
De sucesos dantescos o solapadamente injerencistas que la OEA avaló o dejó hacer, su ejecutoria está llena. Tanto, como profusas han sido las agresiones directas e indirectas de Washington en la región durante el último más de medio siglo.
Pueden mencionarse, al vuelo, el golpe de Estado contra el Gobierno progresista del guatemalteco Jacobo Árbenz, en 1954; las invasiones yanquis a Panamá y República Dominicana en 1964 y 1965, respectivamente, realizadas ante la inacción, o con medidas a destiempo del organismo… solo para cubrir las apariencias.
También se suman a las violaciones certificadas o permitidas a su Carta fundacional, el envío de tropas de EE. UU. a Granada, en 1983, luego del golpe de Estado contra Maurice Bishop; la nueva invasión de los marines a Panamá de 1989, con variados pretextos que pretendían esconder el ansia estadounidense sobre el Canal, todas con un saldo sangriento.
De manera contrapuesta, la inacción fue total y no se oyó la voz de los líderes de turno de la Organización durante los tres días que duró el frustrado golpe de Estado a la Venezuela de Hugo Chávez, en abril de 2002; así como pudiera considerarse tardía y poco enérgica su respuesta al gorilesco golpe de Estado que demovió a Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras en 2009, y que la OEA resolvió después con la suspensión temporal de Tegucigalpa de su membresía.
Sin embargo, puede que no haya existido hasta ahora un suceso que de manera más escandalosa le asestara un golpe moral al organismo, que el apoyo estadounidense a la agresión armada con que Gran Bretaña pisoteó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, en marzo de 1982.
No se trataba solo de que, por primera vez en la historia continental, EE. UU. daba su respaldo, sin sonrojos a una potencia extranjera frente a una nación del hemisferio, y hasta se ensuciaba las manos al brindar su territorio como rampa de lanzamiento contra el vecino agredido.
Es que, al hacerlo, pisoteaba los postulados de la Organización de Estados Americanos y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que había nacido en 1947 antes que la propia entidad, y en cuya constitución se propugna que «un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos».
La OEA, y muchos implicados ya lo reconocen, hace años es un organismo en crisis de credibilidad.
Las cartas sucias contra Cuba
Pero, si de algo pudiera blasonar Estados Unidos es del rol desempeñado por el organismo, en el campo diplomático, como instrumento de la política agresiva de Washington contra Cuba, como una punta de lanza que pondría corolario a la agresión militar directa y a la económica.
Otra vez esgrimirían la mentira. Sí, porque si algo tiene esta saga, es mucho de hipocresía, y en los años de 1960, con EE. UU. en busca de revitalizar sus relaciones con América Latina, también era menester para la Casa Blanca cercenar el ejemplo que la independiente Isla revolucionaria representaba.
Para 1960, cuenta en su libro Itinerario de una farsa el desaparecido diplomático Carlos Lechuga (embajador de Cuba ante la OEA al momento de su expulsión) ya el gobierno estadounidense de Dwight D. Eisenhower había llevado a los cancilleres de los países latinoamericanos a dos reuniones de la OEA para aislar a Cuba.
Con Estados Unidos en plena campaña electoral, John F. Kennedy, quien ganaría finalmente las elecciones frente a Richard Nixon, dejaba ver que seguiría, en el tema, la estrategia de su antecesor, y afirmaba: «En el problema de Cuba creo que debemos trabajar con otros. Con la OEA debemos no solamente aislar a Cuba sino que debemos tratar de aislar a la Revolución Cubana del resto de la América del Sur».
«Los planes iniciados por Eisenhower en el terreno diplomático —narra Lechuga en su libro—, en el militar y en el del bloqueo económico, lo seguiría el gobierno Demócrata que lo sustituyó. Nixon hubiera hecho lo mismo en aquellas circunstancias porque todo era parte de la misma farsa, del mismo engaño tanto a la opinión pública de los países latinoamericanos como a la propia opinión pública de Estados Unidos.
«El 3 de enero de 1961, días antes de mudarse de la Casa Blanca, Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Tres meses después de su toma de posesión, Kennedy autorizó la invasión de los mercenarios (Playa Girón). Durante el año 1961, la nueva Administración demócrata completó el bloqueo económico y comercial, y preparó la otra Reunión Interamericana de Consulta de Cancilleres en la que se separó a Cuba de la OEA, con la peregrina tesis de la incompatibilidad de un régimen marxista-leninista con el Sistema Interamericano que desconoció el principio del pluralismo consagrado en la Carta de Naciones Unidas».
Lo acontecido en la cita de Punta del Este en la que se concretó la expulsión de Cuba, en los días finales de enero de 1962 resultó, además de una estratagema alevosa, otra violación jurídica de la Carta pues, según explica el autor, esta no contemplaba la figura de la separación.
Fue de ese modo que se concretó la abyecta maniobra que pretendió asfixiar completamente a la Cuba revolucionaria, aislándola de su entorno natural en la región.
Resultó otro tiro que le salió por la culata a Estados Unidos: hoy Cuba goza de ascendencia, respeto, y tiene relaciones con todos los países de Latinoamérica, y las políticas imperiales y la OEA están sumidas en el desprestigio.
