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Cuba ha denunciado permanentemente el carácter genocida del bloqueo. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 06:01 pm
Son varias las medidas, quizá una docena, y se necesitarán más para demoler un muro levantado sobre odios e incomprensiones, que a fin de cuentas siempre tendrán pivotes de barro.
A un mes del balde de agua caliente que Estados Unidos y Cuba tiraron al iceberg de la Guerra Fría para propiciar un descongelamiento de la política de enfrentamiento iniciada durante la administración Eisenhower contra la entonces naciente Revolución Cubana, el Gobierno de Estados Unidos anunció acciones que eliminan algunas de las restricciones al comercio y a los viajes de ciertas categorías de norteamericanos a la Isla, que forman parte de un entramado mayor y más complejo, el bloqueo económico, comercial y financiero.
Es un paso en la dirección correcta, se dijo en la prensa cubana al informar sobre la entrada en vigor de las regulaciones emitidas por los Departamentos del Tesoro y Comercio que dan continuidad a la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas, otro paso primario que comenzará a ser negociado e instrumentado a partir de las próximas conversaciones entre delegaciones de ambos países, programadas para los días 21 y 22 de este enero de 2015.
Por supuesto, tales medidas apuntan a la modificación de ciertos articulados del bloqueo que, indiscutiblemente, no ha cesado a pesar de que las primeras reacciones de algunos vieran ya en diciembre el fin de esa política, desconociendo quizá que su total desmantelamiento no es prerrogativa presidencial, sino del Congreso de Estados Unidos. Y aún no hay suficientes señales en los cuerpos legislativos que indiquen la intención de suprimir lo que está sustentado en dos leyes, la Torricelli y la Helms-Burton, y cuando todavía existen voces y votos extremistas dispuestos a mantenerlo a contracorriente de la historia y de los propios intereses económicos y políticos estadounidenses.
Incluso ahora se mantienen restricciones en las medidas dadas a conocer, como la prohibición a un turismo abierto y sin cortapisas, a las exportaciones hacia Cuba de productos, especialmente los de alta tecnología, y de productos cubanos al mercado estadounidense salvo mínimas excepciones. Los bancos de la Isla no pueden abrir cuentas en instituciones financieras estadounidenses y participar en las transacciones que sean autorizadas entre ambos países; además se mantienen aún fuertes restricciones a la transportación marítima establecidas por la Ley Torricelli.
Esencialmente, no hay la menor modificación en cuatro puntos codificados por ambas legislaciones. Está prohibido el uso del dólar en las transacciones financieras internacionales de Cuba, no se pueden adquirir en terceros mercados equipos y tecnologías que contengan más del diez por ciento de componentes norteamericanos, tampoco es posible comerciar con subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países, ni Estados Unidos puede importar mercancías que contengan materias primas cubanas.
Una explicación necesaria
¿Por qué no puede el Presidente de EE.UU. modificar esto? Ya lo decíamos, el bloqueo quedó codificado por leyes aprobadas por el Congreso y solo este tiene la potestad para eliminarlo en su totalidad, aunque el ejecutivo tiene prerrogativas que todavía podría usar. En breve enunciado, esta es la historia para una política que pretendía mantener la visión geoestratégica estadounidense hacia Cuba, que data desde el mismísimo siglo XIX.
Cuba sigue siendo hoy en día la llave del Golfo que separa o une —según se vea— a las Américas, y hay ideólogos de aquel lado que afirman que poseer, dominar, controlar a Cuba, forma parte del ADN de los políticos y los intereses estadounidenses. ¿Podrá el raciocinio transformar esa supuesta propensión genética? La pregunta puede recibir la mejor y más positiva de las respuestas: Sí.
En 1992 bajo el mandato de George Bush, padre, se firma la Ley Torricelli con el propósito manifiesto de doblegar a un país que supuestamente debía caer como ficha de dominó tras la debacle del socialismo europeo y la desaparición de la Unión Soviética. Dos elementos esenciales la componían: prohibir el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países; y prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos comerciales, tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano.
El Acta para la Democracia en Cuba, así su nombre oficial convertía en ley las sanciones aplicadas hasta entonces por decisiones presidenciales y hasta ampliaban hostilmente el cerco.
Apenas cuatro años después, el 12 de marzo de 1996, el entonces presidente William Clinton, un demócrata, firmó la Ley Helms-Burton, la que oficialmente se nombra Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, pero se conoció desde entonces por los apellidos de sus patrocinadores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, dos de los principales exponentes del retrógrado aislacionismo político estadounidense, que lograron su aprobación porque en 1994, por primera vez en 40 años, los republicanos habían logrado el control de ambas cámaras del Congreso y pagaban deuda de gratitud con sus aliados tradicionales, los grupos anticubanos y su poder e influencia en el estado de la Florida.
Definitivamente se codificó el bloqueo, que pasó de Reglamento Federal bajo el control del Ejecutivo a Ley del Congreso, en menoscabo de los poderes presidenciales, incluso en otros aspectos de la política hacia Cuba, amparados en una votación que fue de 74-22 en el Senado, y 336-86 en la Cámara de Representantes. La aprobación de otros dos tercios se requeriría ahora para darle marcha atrás a estas legislaciones.
Quedó en manos del Departamento de Estado notificar o advertir a compañías inversionistas en Cuba de terceros países acerca de las sanciones a que se atenían en caso de invertir en lo que llaman «propiedades confiscadas», una aplicación extraterritorial de la Ley que ampara el Título III, que le buscó el encontronazo con los intereses económicos de aliados, fundamentalmente de Europa.
Bien pronto entró en vigor —exactamente el 16 de julio del 1996— el Título III de la Ley Helms-Burton, aunque el presidente Clinton, haciendo uso de las facultades previstas también en la legislación, emitió paralelamente una orden de suspensión temporal por seis meses de una parte de este Título, decisión que fue prorrogando durante su mandato, pero que tomó el rumbo de la hostilidad mayor en administraciones posteriores.
Presiones van y presiones vienen, críticas y negociaciones entre Estados Unidos y sus principales aliados europeos permitieron unas veces mantener esa suspensión y también aplicar con total rigor la extraterritorialidad para apretar el dogal contra el pueblo cubano con la intención de arrodillarlo y «cambiar el régimen».
Ahora, a 54 años del establecimiento de la política del bloqueo, se abre una nueva perspectiva propiciada por una realidad innegable. Medidas o leyes, estas han sido obsoletas e ineficaces para lograr el propósito primigenio: destruir a la Revolución Cubana, doblegar a un pueblo soberano e independiente.
También en esta ocasión existen las presiones, solo que ahora provienen además, en sentido contrario, de importantes sectores económicos estadounidenses y hasta de una ciudadanía que en más del 60 por ciento aprueba el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la normalización de una situación contra la convivencia entre vecinos bien próximos geográficamente. Casi un 50 por ciento asume la obsolescencia del bloqueo y apoya su total levantamiento.
La coyuntura es propicia para que el actual inquilino de la Casa Blanca abra las puertas del muro.
La colega Rosa Miriam Elizalde, en una entrevista que les hizo en La Habana a los investigadores estadounidenses Peter Kornbluh y William LeoGrande, cita una frase que aparece en el libro de ambos autores Back Channel to Cuba, dicha en 1977 por nuestro hoy Presidente Raúl Castro —en una reunión privada con los senadores George McGovern y James Abourezk—, que bien puede ser el epílogo conclusivo de este trabajo:
«Nuestras relaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede reconstruir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos darnos la mano, sin ganadores ni perdedores».
¿Está dispuesto Estados Unidos a llegar a unir las dos partes de ese puente, quitando el muro que significa el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba? Los políticos responsables estadounidenses, sean del partido que sean, deben responder para eliminar una injusticia y lograr la verdadera normalización.
