Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Considero que hemos tenido una buena reunión. Espero coincidir con ustedes.

Foto: Juvenal Balán El Partido cuenta con la fortaleza y experiencia alcanzadas en estos difíciles años de período especial. Aun así, sus dirigentes, cuadros y militantes debemos trabajar por continuar perfeccionando su labor y su autoridad ante las masas.

Lo examinado hoy en el Pleno y los acuerdos adoptados constituyen un paso importante en esa dirección, y también en la de afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana, que lo situará en mejores condiciones para enfrentar los retos del futuro y, como ha expresado el compañero Fidel, para asegurar la continuidad de la Revolución cuando ya no estén sus dirigentes históricos.

En ese empeño tendremos, como meta principal, seguir mejorando nuestro aún imperfecto pero justo sistema social, en medio de la realidad actual, que sabemos en extremo compleja y cambiante, y todo indica seguirá siéndolo en el futuro.

Baste citar el precio de los alimentos en constante ascenso y el de los combustibles, insostenibles para los países subdesarrollados importadores de ambos, como también el cambio climático, que de una forma u otra los afecta. Por ello, hay quienes ya avizoran grandes desórdenes y conflictos en este mundo ante crecientes hambrunas, a lo que se debe agregar aquellos que se puedan desatar ante las carencias de fuentes de abasto de agua potable.

La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido, que es preciso estén conscientes de que en el presente y hasta donde es posible vislumbrar el futuro, es un asunto de máxima seguridad nacional.

En particular, exige de los primeros secretarios de municipios y provincias brindar el máximo apoyo y controlar rigurosamente, no por papeles y reuniones, sino en el terreno, hablando directamente con los encargados de producir, la puesta en práctica de las medidas que han comenzado a aplicarse en la agricultura, sobre todo la labor de las delegaciones municipales recién constituidas.

A los factores que anteriormente mencioné y que hacen complejo el escenario en que nuestro país se desenvuelve, sumo que si la extrema derecha en los Estados Unidos logra imponerse nuevamente en las elecciones de noviembre, lo que no es una certeza pero sí una posibilidad real, el clima mundial de inestabilidad y violencia continuará presente y pudiera incrementarse, con efectos directos para nuestro país.

El Partido, el Estado y el Gobierno, las organizaciones de masas, sociales y juveniles, en fin, nuestro pueblo, debe tener presente esas realidades y perspectivas.

Ante éstas, no hay otra alternativa que la de trabajar unidos por seguir adelante, avanzando con el mismo espíritu de lucha y firmeza de estos casi 50 años de Revolución, transcurridos en medio de constantes agresiones, amenazas, guerras y hostilidades de todo tipo a que nos ha sometido el imperio.

En estos tiempos, y los que están por venir, resulta necesario y decisivo contar con instituciones políticas, estatales, de masas, sociales y juveniles fuertes. Reafirmo lo que expresé el pasado 24 de febrero: mientras mayores sean las dificultades, más orden y disciplina se requieren, y para ello es vital reforzar la institucionalidad, el respeto a la ley y las normas establecidas por nosotros mismos.

Los acuerdos que hemos aprobado dan fin a la etapa de provisionalidad iniciada el 31 de julio del 2006 con la Proclama del Comandante en Jefe, hasta el mensaje en que nos expresó su propósito de ser sólo un soldado de las ideas, vísperas del 24 de febrero del 2008. Durante esos 19 meses, trabajamos colegiadamente, junto a otros compañeros, sobre la base de la delegación de funciones que él realizó. A esto me referí con más amplitud en el punto de la agenda sobre la Comisión del Buró Político.

Antes de concluir quisiera abordar otros dos importantes temas. El primero es informarles que en uso de las facultades que me confiere la Ley, he decidido designar al Vicepresidente del Consejo de Ministros, compañero José Ramón Fernández Álvarez, para atender, orientar, controlar y coordinar la labor de los ministerios de Educación y Educación Superior, además del INDER, así como las actividades relativas a la educación que desarrollan otros organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo los centros de enseñanza y universidades militares.

En el ejercicio de estas facultades, me mantendrá plenamente informado, especialmente de las actividades que por su importancia y trascendencia requieran ser consultadas previamente o informadas de modo inmediato.

Todos conocemos las cualidades del compañero Fernández y los resultados alcanzados en las numerosas tareas cumplidas, la mayoría asociadas a la educación, tanto en las FAR como en instituciones civiles.

Hemos tenido el privilegio de contar en nuestra larga lucha con su dinamismo y capacidad organizativa, a lo que se agrega su honestidad, experiencia y conocimientos.

Confiamos en que su trabajo ayudará a hacer más coherente y efectiva la labor del Gobierno en un campo de significación estratégica para el presente y el futuro de la Revolución. Deseamos que surjan muchos inspirados en su ejemplo.

El segundo asunto es sensible y hasta polémico. Esta mañana, a propuesta del Buró Político, el Consejo de Estado acordó conmutar la pena de muerte a un grupo de sancionados.

Les corresponde, en su lugar, la de privación perpetua de libertad, excepto los que cometieron el hecho delictivo antes de establecerse esta sanción en nuestro Código Penal, que les sería aplicable la de 30 años de prisión. Algunos condenados llevaban varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado.

Esta situación se produce, principalmente, por la política aplicada desde el año 2000, de no ejecutar ninguna sanción de este tipo, la que sólo fue interrumpida en abril del 2003 para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos, alentados por la política de los Estados Unidos, en la recién iniciada guerra en Iraq.

Los sancionados, en su mayoría, cometieron delitos comunes de máxima gravedad, esencialmente contra la vida. Son crímenes que si volviéramos a enjuiciarlos, resultaría difícil no aplicarles la misma pena. Conocemos también que la opinión mayoritaria de nuestro pueblo ante estos casos, es favorable a mantenerla.

Tenemos pendientes de tramitar los recursos de apelación por el Tribunal Supremo Popular de tres acusados, los que serán analizados próximamente.

Un salvadoreño y un guatemalteco por actos terroristas con bombas contra hoteles en 1997, uno de los cuales causó la muerte del turista italiano Fabio di Celmo, ambos financiados y dirigidos por el connotado criminal Luis Posada Carriles, quien hoy se pasea libremente por las calles de Miami.

También el de un cubano procedente de los Estados Unidos, autor del asesinato del compañero Arcilio Rodríguez García, que se produjo durante la infiltración de un comando terrorista armado por la zona de Caibarién.

Sólo puedo afirmar dentro de nuestras prerrogativas, que la decisión final del Consejo de Estado no estará en contradicción con la política expresada anteriormente –me refiero a los tres casos anteriormente mencionados.

Se ha adoptado esta decisión no por presiones, sino como un acto soberano, en consonancia con la conducta humanitaria y ética que caracteriza a la Revolución cubana desde sus inicios, animada siempre por un espíritu de justicia y no de venganza, conociendo además que el compañero Fidel es favorable a eliminar, cuando existan las condiciones propicias, la pena de muerte por cualquier tipo de delito y se opone a los métodos extrajudiciales que algunos países bien conocidos practican impúdicamente.

No significa que suprimamos la pena capital del Código Penal. En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos.

El terrorismo contra Cuba ha gozado de total impunidad en los Estados Unidos. Se trata de un verdadero terrorismo de Estado.

No olvidemos que cuando en el año 1959 la suprimimos, en cierto modo constituyó un estímulo para cometer actos contra la Revolución, por aquellos que pensando que nuestro proceso sería efímero la prisión les permitiría fabricarse un expediente de héroe ante el futuro interventor yanqui.

Nuestros enemigos fomentaron decenas de bandas de alzados que enlutaron a nuestro pueblo, asesinando jóvenes alfabetizadores y campesinos; lanzaron ataques piratas; sabotearon los principales sectores de la economía y desarrollaron cientos de planes de atentados contra nuestros dirigentes, especialmente contra el Jefe de la Revolución.

Sería ingenuo e irresponsable renunciar al efecto disuasivo que provoca la pena capital en los verdaderos terroristas mercenarios al servicio del imperio, porque pondría en peligro la vida y la seguridad de nuestro pueblo.

En todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano, con un saldo de 3 478 muertos y 2 099 incapacitados.

Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos, pero siempre apegados a la más estricta legalidad y con respeto de las garantías judiciales.

Cuba revolucionaria no conoce un solo caso de tortura, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, ni cárceles clandestinas, mientras que, como ustedes conocen, en algunos de los autotitulados gobiernos democráticos que abolieron o mantienen la pena de muerte y nos critican, estas situaciones ocurren con frecuencia.

Algunos además permiten vuelos clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana sobre su territorio, con la carga de detenidos hacia distintos centros de tortura, pero se rasgan las vestiduras cuando aplicamos nuestras leyes.

Aun cuando la pena de muerte está prevista en nuestra legislación, debido a las razones específicas explicadas y sobradamente justificadas, Cuba comprende y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria. Por esa razón nuestro país no ha votado contra tales iniciativas en las Naciones Unidas.

Estamos seguros que nuestro pueblo, incluyendo los familiares de las víctimas, comprenderá las razones que fundamentan esta decisión, como una prueba más de la fortaleza de la Revolución.

Finalmente expresarles que el Buró Político considera necesario llevar a cabo el VI Congreso del Partido.

En reunión efectuada en la mañana de hoy, valoramos proponerle a este Pleno del Comité Central realizarlo a finales del segundo semestre del año próximo, aunque la convocatoria oficial se dará a conocer en el momento oportuno.

Constituirá una magnífica oportunidad para meditar colectivamente acerca de las experiencias de estos años de Revolución en el poder y un momento importante para conformar, con proyección de futuro, la política del Partido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

Compañeras y compañeros:

Si se ha trabajado fuerte en estos últimos meses, habrá que hacerlo mucho más en los que están por delante. Confío que cada cual sabrá hacerlo desde la responsabilidad o tarea que tenga, con la entrega, sabiduría y fidelidad que exige el momento que vivimos.

La reunión ha concluido.

Muchas gracias.