La prepotencia y el desprecio con que Donald Trump está tratando a sus vecinos del sur han recibido un PARE. Colombia se ha negado a recibir a sus connacionales deportados de Estados Unidos casi como si fueran ganado, y envió el avión presidencial por ellos; Brasil ha denunciado que trasladar a los suyos encadenados de manos y pies viola los acuerdos suscritos en 2018 entre ambos países, y México —con la cabeza más «fría» que la del Presidente colombiano, pero defendiendo a los suyos como ha proclamado la mandataria Claudia Sheinbaum—, ha abierto refugios acondicionados por sus militares para recibir a los expulsados; en tanto el titular del Senado de ese país, Gerardo Fernández Noroña, respaldaba la decisión de Gustavo Petro: «El presidente Donald Trump no tiene por qué humillar a ningún ser humano; es infame la política que está imponiendo».
También Venezuela brindó su respaldo a Colombia con las declaraciones solidarias de Nicolás Maduro, y Cuba, en la voz de su Presidente, Miguel Díaz-Canel, hizo otro tanto al destacar la «digna defensa de los derechos de los colombianos (por parte de Petro) y su respuesta al tratamiento discriminatorio y al chantaje con el que se pretende presionar a su pueblo y a Nuestra América».
Con la manga al codo y sin conmiseración, el retornado ocupante de la Casa Blanca está materializando uno de los más importantes decretos de la cuarentena que firmó minutos después de reasumir el poder, en el anunciado propósito de fortalecer su país y «librarlo» de extranjeros que considera «delincuentes», quienes, sin embargo, realizan los trabajos más duros y que nadie quiere en la «gran nación»…
Dos días después, el Congreso aprobó la legislación que permitía el arresto de los considerados «excluibles», tras lo cual han sido puestos de patitas en los aviones.
Todo ha sido al vuelo. Con su mantenida apuesta por el entendimiento sin dejar de defender la soberanía nacional y a sus compatriotas, la Jefa de Estado de México brindó algunos datos en la mañana de este lunes.
Según reveló, desde el pasado 20 de enero, fecha de la segunda juramentación de Trump, EE. UU. ha deportado a 4 094 personas en situación administrativa irregular, la mayoría de nacionalidad mexicana.
Cierto que están indocumentados, pero el presidente de EE. UU. los está expulsando de una forma irrespetuosa. Como si, además, el abismo económico entre el polo rico y la periferia pobre —aderezado por las sanciones con que Washington castiga a más de una decena de naciones— no fuera el caldo de cultivo para que decenas de miles de latinoamericanos y caribeños en este hemisferio, y otras decenas de miles de ciudadanos de Asia y África, deseen emigrar al desarrollado mundo del norte.
Cifras conservadoras, y que tal vez ya son más gruesas, afirmaban que en territorio estadounidense existen cerca de 13 millones de inmigrantes deseosos de trabajo —o trabajando— para enviar sustento a sus familias; o que acudieron allá huyendo de la violencia en sus países. Pero les ha resultado imposible regularizarse por la ausencia de una ley que lo permita. Una legislación aprobada por Joe Biden para ello a mediados del año pasado resultó corta e insuficiente.
Y ahora Trump quiere «resolver» de golpe, y a porrazos, un fenómeno que requiere un enfrentamiento integral, partiendo de las causas.
Así lo han reclamado muchos de nuestros países y lo defendió el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo que condujo, entre otras iniciativas de su mandato, a la celebración en 2023 de la Cumbre de Palenque, a la cual asistió una decena de países de la región, entre los que se encontraba el nuestro.
Trece acciones fueron suscritas, varias de ellas atañen a Estados Unidos, como la adopción de políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad de la región, la ampliación de las vías migratorias regulares o el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales que empobrecen a las naciones castigadas.
Pero las medidas de la nueva administración estadounidense están lejos de ello. Por el contrario, apuntan a peor.
De momento, la crisis abierta el domingo entre Bogotá y Washington, que incluyó el cierre de los visados en la embajada estadounidense en Colombia, anuncios recíprocos de elevación de los aranceles, y la remoción del embajador estadounidense encargado en Bogotá, se ha rebasado.
Según comunicó el presidente Petro en un mensaje publicado en la red social digital X, su país seguirá recibiendo a los nacionales que regresen «en condición de deportados, garantizándoles condiciones dignas, como ciudadanos sujetos de derechos». En los próximos días, funcionarios de ambos países darán seguimiento a los acuerdos pactados.
No obstante, todavía podrían escucharse otras posiciones, porque la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), presidida en este período por Honduras y su jefa de Estado, Xiomara Castro, ha convocado una reunión urgente el próximo jueves, para abordar el asunto.
Solo en algo puede beneficiar a Nuestra América esta coyuntura que estruja el corazón y preocupa: unirnos ante la «adversidad» y hacer a nuestra región más fuerte. No sería ese un beneficio menor.
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