Las autoridades afirman que el método les ha servido para disminuir el índice de criminalidad, pero a los defensores de los derechos civiles no les gusta ni una pizca la táctica represiva que utiliza la policía en las mayores ciudades de Estados Unidos, porque implica una posición discriminatoria.
Más de un millón de personas son detenidas anualmente en las calles por la gendarmería bajo la práctica llamada parar-y-registrar, que pudiera hacer ostensible los esfuerzos por minimizar el delito; solo que la gran mayoría de los «sospechosos» son negros o latinos, y por ahí se escapa el tufillo de los prejuicios y la discriminación pues, según la agencia noticiosa Associated Press, casi ninguno de los cacheados ha transgredido la ley.
La AP abre su reportaje con el testimonio de Ronnie Carr, un adolescente de Brooklyn: «Me sentí como si hubiera hecho algo malo», dijo a los periodistas cuando los policías registraron su mochila y palparon sus bolsillos, mientras el escolar negro estaba parado, quieto y nervioso, ante la puerta de su apartamento, de la que había perdido la llave. Exactamente lo mismo le sucedió unos meses atrás a un prestigioso historiador y profesor de Chicago, percance que alcanzó titulares internacionales por el comentario reprobatorio a la actitud policiaca que hiciera el presidente Barack Obama. Entonces, el incidente quedó zanjado con una buena dosis de propaganda sobre lo bueno del sistema cuando el académico acosado, el sargento perseguidor y el presidente terminaron tomándose unas cervezas en el jardín de la Casa Blanca. Aquí paz y en el cielo gloria, parecía decir el trío.
Y en la calle, la justificación de los guardias descansa en que solo así pueden encontrar armas ilegales o drogas y prevenir crímenes más graves. Quizá tuvieran razón si no fuera porque hay una selección demasiado apegada al color de la piel o la entonación de una lengua materna que no es el inglés en los abordados por «sospecha razonable».
En la práctica de este acoso tiene récord el Departamento de Policía de Nueva York —tan empleado como protagonista en no pocos filmes cinematográficos y seriales de televisión—, pues la AP cita al Comisionado de ese cuerpo, Raymond Kelly, quien admitió recientemente que sus oficiales han parado a 600 000 personas en lo que va de año y de ellas, solo aproximadamente un 10 por ciento ha sido finalmente arrestado. A ese paso, prácticamente el 10 por ciento de los 8,5 millones de habitantes de la ciudad pasarán por la injuria.
Aunque la medida está amparada por una decisión emitida en 1968 por la Corte Suprema, que autorizó la detención por «sospecha razonable», fueron el alcalde Rudolph Giuliani y su comisionado de policía, William Bratton, quienes lo elevaron a práctica cotidiana en la llamada Gran Manzana.
Ahora, esta cifra de los nueve primeros meses de 2009 supera con creces los 531 159 ciudadanos que sufrieron el hostigamiento el año precedente, un número que ya multiplicaba por cinco el del año 2002.
Kelly defiende el procedimiento de «prevenir» las ofensas a la ley, aunque se aplique con un viso racial evidente, pues el 51 por ciento de aquellos que han sido inspeccionados son negros, 31 por ciento hispanos y solo 11 por ciento blancos.
Pero la práctica, que también es habitual en otras grandes urbes de ese país, no es registrada en papeles oficiales y casi se le hace imposible a los organismos u organizaciones de los derechos civiles y humanos indagar sobre un problema que evidencia el carácter policiaco de un estado donde se mantienen vigentes las leyes persecutorias y de vigilancia extrema, establecidas por la administración de George W. Bush con la llamada Ley Patriótica de su también selectiva, y por eso impúdica, «guerra contra el terrorismo». Así que nada ha cambiado en la nobilísima Washington.
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