Hambrientas, asustadas y desamparadas, las jóvenes mujeres venden sus cuerpos a cambio de comida y abrigo. Faela tiene 13 años de edad; Joseph menos de seis meses. Sentada en el piso polvoriento de un campo para refugiados internos, acuna a Joseph en sus brazos, y habla sobre cómo se asegura el alimento para ella y su hijo. «Si voy a ver los soldados de noche y duermo con ellos, algunas veces me dan comida, tal vez una banana o una torta», dice. «Tengo que hacerlo con ellos porque no hay nadie que nos cuide».
Esos soldados, a quienes les «paga», son los cuerpos de paz de la ONU estacionados junto al campo de refugiados donde vive y que tienen la supuesta «responsabilidad» de protegerlas.
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU anunciaba el pasado 10 de noviembre que el despliegue de cascos azules en misiones de paz alcanzó la cifra histórica de casi 81 000 militares y policías, y alrededor de 15 000 civiles en 18 misiones por diversas partes del mundo, cifra que supera el anterior pico histórico de 78 000 cascos azules alcanzado en 1993 con las intervenciones de Bosnia y Somalia, de desastrosas consecuencias, y que supuso la reducción de la participación occidental en dichas operaciones.
Según datos dados a conocer en una conferencia sobre la eliminación de explotación y abuso sexual por parte del personal de la ONU, celebrada a principios de semana, desde 2004 a la fecha, han sido sancionados por abuso sexual unos 189 soldados, policías y empleados civiles de las operaciones de paz en distintos países.
Sin embargo, el aún secretario general de la ONU, Koffi Annan apuntó que su política de «cero tolerancia» hacia estos casos, aún no ha llegado a aquellos que necesitan oírlo, desde administradores y comandantes hasta todo el personal.
Las medidas disciplinarias que se deben aplicar a los militares incautados dependen únicamente de los gobiernos de los países de origen de los soldados porque —según ha dicho un portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric—, la ONU no puede controlar la conducta de miles de efectivos de distintas nacionalidades. Durante los primeros diez meses de 2006, el 63 por ciento de todas las acusaciones de conducta reprochable que involucraban a fuerzas de pacificación se relacionaban con explotación y abuso sexual, de los cuales una tercera parte estuvieron asociadas con la prostitución.
Ya en diciembre de 2004 Naciones Unidas denunciaba que 68 militares de las fuerza de paz en el Congo intentaban sobornar a personal civil de la ONU para impedir la investigación sobre denuncias de violaciones, prostitución y pedofilia, cometidos por miembros de las fuerzas de pacificación de Paquistán, Uruguay, Marruecos, Túnez, Sudáfrica y Nepal.
Además, trataron de corromper testigos para que modificaran sus declaraciones sobre esos casos de abusos sexuales.
Pero en aquella ocasión, tampoco nada sucedió y ahora, dos años después, las injusticias han llegado a contextos notables.
La No acción de la ONU contra estas transgresiones, afecta la seriedad de la organización y constituye una violación hacia las normas del Derecho Internacional Humanitario en lo referente a la protección a la población civil. El artículo 13 (1) del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949, advierte que aquellas personas que no participan en los conflictos armados gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares, y no serán objeto de ataque. Asimismo indica que quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a los civiles.
Pero en este mundo de esperanzas perdidas y sueños destrozados, la de Faela es, desgraciadamente, una historia común.
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