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Continúan las protestas de los trabajadores panameños. Autor: PL Publicado: 27/05/2025 | 09:09 pm
CIUDAD DE PANAMÁ, mayo 27.— Luego de más de un mes en paro general, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) mantiene su protesta, con el apoyo de distintos gremios y sectores que se le han sumado.
Durante los 30 días transcurridos desde el 28 de abril, el Suntracs ha sido objeto de acciones represivas contra manifestantes y encartamiento de algunos de sus líderes, lo que provocó la solicitud de asilo de uno de ellos ante la embajada de Bolivia, y el propósito de ilegitimar algunas de sus asociaciones bajo otros supuestos argumentos.
El punto central de su pliego de demandas es el rechazo a la Ley 462 de pensiones, que según han denunciado entregará parte de sus fondos a la banca, además de que eleva la edad de jubilación.
Pero los sectores movilizados tienen otras inconformidades, como la reapertura de la explotación de una mina de cobre y el memorando suscrito por el ejecutivo istmeño con Estados Unidos en circunstancias poco claras en torno al Canal de Panamá, y que los manifestantes consideran lesivo a la soberanía nacional.
Otros gremios se han adherido al movimiento de protesta que pone al ejecutivo de José Raúl Mulino en una circunstancia de movilización inédita hasta ahora bajo su mandato, y que critica con fuerza el cariz neoliberal de su ejecutoria.
Los maestros, por ejemplo, también están en paro y extienden demandas que tienen que ver con su sector, así como otros gremios profesionales y empresas que exigen diálogo y respeto a los derechos fundamentales, dijo Telesur.
Tal es el caso de la conocida firma exportadora de bananos Chiquita Panamá, que ha advertido de la suspensión de las operaciones en la provincia de Bocas del Toro hasta nuevo aviso, ante una pérdida acumulada de 75 millones de dólares por la interrupción del trabajo en sus fincas.
Algunas fuentes han hablado del despido de cientos de sus trabajadores eventuales.
En un comunicado oficial la compañía señaló que ha tomado la decisión de cesar operaciones por la paralización «injustificada» de las labores y el «abandono total de las fincas bananeras» desde el pasado 28 de abril.
La empresa también dijo lamentar el impacto negativo generado en los cientos de familias, los comercios locales y otros eslabones de la cadena de valor que dependen directamente del desarrollo estable de la industria bananera en Bocas del Toro, reza en un comunicado.
Un gremio de abogados independientes también se pronunció sobre la crisis social que atraviesa el país, y resaltó que «la responsabilidad de resolver esta situación recae en el órgano ejecutivo y la Asamblea Nacional, no en los gremios ciudadanos o sindicatos».
En tal sentido, manifestaron su respaldo a las protestas contra la Ley 462, el memorando con Estados Unidos y la reapertura de la mina, subrayando que la protesta pacífica es un derecho humano. De igual modo, exigieron leyes que promuevan un desarrollo equitativo dentro de un Estado de Derecho, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, calificándolo como represivo y contrario a los principios democráticos.
También formularon un llamado al Gobierno para la apertura de un diálogo genuino y a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, agregó Telesur.
