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La restauración de hábitats naturales ha resultado la estrategia más poderosa para mitigar los efectos del cambio climático. Autor: PNUD Publicado: 15/04/2023 | 07:21 pm
Una de las consecuencias más contundentes del proceso de descolonización generado en las últimas décadas del siglo XX fue el ingreso cada vez más sostenido de los Estados insulares dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ellos necesitan que sus voces sean escuchadas.
Según el espíritu democrático con que fue instaurada la Asamblea General de la ONU —un voto por delegación, sin establecer prebendas entre las naciones de mayor peso económico, militar y demográfico— las reivindicaciones de los archipiélagos constituidos en Estados se han elevado en las reuniones de alto nivel relacionadas con el impacto de las migraciones, la seguridad alimentaria, el acceso a las fuentes renovables de energía y al ciberespacio de manera equitativa, y la mitigación de los efectos generados por el cambio climático.
La comunidad internacional se ha sensibilizado ante los desastres naturales extremos que azotan el archipiélago de Vanuatu. Foto: Unicef
Si bien las alteraciones al equilibrio medioambiental debido a causas antrópicas a partir de la época posindustrial ha provocado vaticinios funestos para la vida humana en el planeta —sin atenuantes para ningún hábitat en particular o sociedades específicas—, se pronostica un efecto más inmediato y traumático para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).
Como parte de ese conjunto de naciones vulnerables a los efectos del cambio climático, para Cuba será un asunto de supervivencia en las próximas décadas cuestiones como la elevación del nivel de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, la proliferación de los migrantes ambientales y la privación de fuentes energéticas. Si bien en la Mayor de las Antillas se ha brindado atención prioritaria a las comunidades costeras —gracias al acceso de los denominados «Fondos climáticos»— y se ha impulsado la educación ambiental en la población, el archipiélago caribeño no está exento de los riesgos a los que están sometidos los territorios situados en la primera línea de la crisis ecológica por la que atraviesa el planeta.
Teniendo en cuenta estos factores no genera asombro que haya cobrado tanta fuerza en los últimos meses una propuesta de resolución impulsada por la República de Vanuatu (12 189 km2 de superficie y poco menos de 300 000 habitantes) que pretende perfeccionar las bases legales del sistema de Naciones Unidas en aras de alcanzar la justicia climática.
Conocidas como Nuevas Hébridas las islas que integran el archipiélago de Vanuatu mantuvieron el estatus de condominio franco-británico durante el período 1908-1980. La presencia de larga duración de ambos sistemas coloniales generó una división de su territorio —aún mantenida luego de la independencia— debido a métodos de enseñanza, comunidades lingüísticas y procedimientos jurídicos diversos.
Su posición geográfica cercana al Mar de Coral la sitúan a varios centenares de kilómetros de las regiones habitadas más próximas: la Nueva Caledonia, las Islas Salomón y el Estado australiano de Queensland.
La vulnerabilidad climática del archipiélago oceánico se había ratificado desde finales de la década de 1980 por el flamante Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). A partir de ese momento —en pleno auge de las políticas neoliberales— la República de Vanuatu puso en evidencia en los foros internacionales los peligros del calentamiento climático y clamó por la acogida de estas preocupaciones de corte medioambiental dentro de las agendas multilaterales.
Aun antes de llevarse a votación el proyecto de resolución de Vanuatu —que fue respaldado en el escrutinio del 29 de marzo de 2023 por más de un centenar de Estados— la iniciativa contó con un interés pleno que trascendió el ámbito de los PEID.
Según el Informe del sexto ciclo de evaluación del IPCC correspondiente al período 2015-2022, cada vez son más evidentes las vulnerabilidades generadas por el cambio climático, mientras que las respuestas de adaptación a estas eventualidades son más imperiosas y limitadas.
Si bien las regiones polares y tropicales son las más afectadas en este sentido, en el planeta están proliferando determinadas manifestaciones del cambio climático presentes en cualquier latitud o condición climatológica, como las temperaturas extremas, la pérdida de ecosistemas y la sistematicidad e intensidad de las catástrofes naturales.
La solicitud amparada por la Asamblea General de involucrar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en cuestiones de probidad climática, resulta una de las acciones más insólitas realizadas por algún miembro pleno en los tres cuartos de siglo de historia de la ONU.
Que la propuesta de Vanuatu le confiera carácter consultante a la CIJ en materia medioambiental —una piedra angular decisiva para futuros litigios internacionales— y que contemple consecuencias jurídicas para los Estados que generen afectaciones al equilibrio climático —ya fuera por acciones deliberadas o por omisiones—, puede ser considerada como una de las mayores victorias en el ámbito diplomático llevada a cabo por los PEID.
La intervención del primer ministro Ishmael Kalsakau en la sede de la ONU en Nueva York estuvo precedida por la noticia del impacto de dos ciclones de categoría 4 en Vanuatu, a inicios de 2023, en un lapso de 72 horas.
Ya al archipiélago del Pacífico Sur le había correspondido encabezar el World Risk Report 2021 en el que se evaluaban las naciones del mundo con mayores índices de vulnerabilidad en cuestiones como la protección social, las migraciones forzadas, el acceso al agua potable y la degradación medioambiental.
Por ese motivo fue tan rotundo el respaldo expresado a la República de Vanuatu y sus habitantes tanto del Secretario General, António Guterres, como del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Türk.
Que la CIJ adquiera potestades consultivas en materia ambiental resulta un espaldarazo a la acción climática planetaria concertada por movimientos sociales, agencias especializadas y organismos regionales.
La justicia climática por la que han clamado los PEID a lo largo de décadas, pudiera ser viabilizada a partir de un mayor protagonismo, prontitud y equidad del trabajo medioambiental. Que el equilibrio climático esté indisolublemente ligado a la defensa de los derechos humanos adquiere una importancia mayor tanto en el ámbito de la sociedad civil como en la esfera de las relaciones internacionales.
