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WASHINGTON, enero 12.— Más de 150 grupos defensores de los derechos civiles en Estados Unidos pidieron este jueves al Gobierno del presidente Joe Biden cerrar la prisión militar ubicada en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo.
A 21 años de que el mandatario George W. Bush (2001-2009) abriera la cárcel, y 13 años después de la firma de un orden ejecutiva para su desmantelamiento por el entonces gobernante Barack Obama (2009-2017), los activistas demandaron a la actual administración «actuar sin demora» para ponerle fin, apuntó PL.
«Entre una amplia gama de violaciones de derechos humanos perpetradas contra comunidades predominantemente musulmanas en las últimas dos décadas, el centro de detención de Guantánamo es el icónico ejemplo del abandono del estado de derecho», alegaron los grupos en una carta a Biden, citada por el sitio CommonDreams, citó el despacho.
Desde 2002, denunciaron, 779 hombres y niños estuvieron detenidos allí, muchos de los cuales fueron torturados y casi todos privados de una acusación formal o de un proceso judicial.
Según el coronel retirado del Ejército Lawrence Wilkerson, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Colin Powell, secretario de Estado de la era Bush, tanto el exmandatario, como su vicepresidente Dick Cheney y el secretario de defensa Donald Rumsfeld, conocían que la mayoría de los prisioneros eran inocentes, pero los mantuvieron encerrados por razones políticas, acotó la comunicación.
Por su parte, el exgobernante Obama, a quien el Congreso le impidió implementar el cierre de la prisión, incumplió una promesa de campaña y la ley al proteger activamente a los funcionarios de la era Bush de la rendición de cuentas mientras la tortura continuaba en ese sitio, añadió el texto.
Los activistas señalaron también que hoy permanecen allí 35 personas, al costo astronómico de 540 millones de dólares por año, lo que convierte a esa cárcel en el centro de detención más caro del mundo.
«Guantánamo encarna el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos ha visto durante mucho tiempo a las comunidades de color, tanto ciudadanos como no ciudadanos, como una amenaza a la seguridad, con consecuencias devastadoras», precisó la misiva.
El enfoque que ejemplifica esa prisión, remarcó el texto, continúa alimentando y justificando fanatismos, estereotipos y estigmas, al tiempo que afianza las divisiones raciales y el racismo, y corre el riesgo de facilitar más violaciones de derechos.
