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SAN SALVADOR, febrero 10.— Militares armados hasta los dientes que se apostaron a las espaldas de los diputados luego de hollar el hemiciclo del Congreso, ofrecieron el pasado domingo una imagen inédita pero elocuente de las tensiones que enfrentan a los legisladores y al presidente Nayib Bukele, que fue quien entró con los uniformados.
Periodistas locales, observadores, y los propios parlamentarios han calificado el hecho como un intento de intimidación a los miembros del legislativo y un golpe de Estado contra ese poder, hecho que el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se propone denunciar en una demanda contra el mandatario.
«Como partido vamos a presentar una demanda contra ese golpe de Estado», afirmó el secretario general del Frente, Oscar Ortiz, citado por PL.
La Comisión Política y el grupo parlamentario del FMLN rechazaron así lo que identificaron como «acciones golpistas disfrazadas de insurrección hechas ayer (domingo) por el Presidente de la República», y que generaron rechazo a nivel nacional e internacional, apuntó el despacho.
Ortiz advirtió que las acciones del Jefe de Estado constituyeron el reflejo de una dictadura y pusieron en riesgo la estabilidad política y el avance en la construcción de la democracia en esta nación centroamericana.
Poco antes, la abogada Daniela Genovés y el dirigente Atilio Montalvo pusieron ante la Fiscalía General de la República una demanda de antejuicio contra Bukele, por el delito de apología y llamado a la sedición, agregó el despacho.
La crisis se desató cuando el Parlamento negó la aprobación a Bukele para solicitar al Banco Centroamericano un préstamo por valor de 109 millones de dólares, destinado, según el mandatario, a la consecución de su plan de lucha contra la delincuencia, conocido como Control Territorial, y que según algunos estudios habría significado ya una reducción de los crímenes y la violencia en El Salvador, y que habría contribuido a que los salvadoreños aprueben su gestión en un entorno de los 80 puntos porcentuales.
Sin embargo, su irrupción en el Congreso el domingo, rodeado de efectivos de la policía y el ejército, ha abierto lo que analistas llaman su primera crisis política luego de ser electo en febrero del año pasado, y provocó una puja con el legislativo de la que es difícil augurar el final, tomando en cuenta las actitudes de Bukele, que algunos en su país han calificado como dictatoriales.
El Presidente no solo llamó «sinvergüenzas» a los parlamentarios, a quienes dio el plazo de una semana para dar visto bueno a su solicitud. Además, hizo un llamado en la red social Twitter a la insurrección popular para conseguir la aprobación del Congreso, supuestamente amparado en un artículo constitucional.
Según se reportó, solo asistieron 24, de 84 diputados, a la sesión, convocada con carácter extraordinario y a la que, según dijeron reportes, se citó apenas con dos horas de antelación, aunque estaba anunciada desde el jueves.
El mandatario amenazó veladamente con ¿sustituir? a los ausentes al comentar: «me gustó ver esos curules vacíos (…) Se me hizo más fácil imaginarlos llenos de personas honestas que trabajen por el pueblo».
Según Bukele, el artículo 167 de la Constitución lo ampara a pedir el crédito, pues faculta, supuestamente, al Consejo de Ministros, para autorizar la erogación de sumas no incluidas en el presupuesto si se trata de «satisfacer necesidades provenientes de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden». Pero funcionarios salvadoreños y los congresistas aducen que no es el caso.
Las últimas palabras de Bukele en la frustrada sesión también abrieron dudas, cuando confesó: «Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia».
