23
Bolton y Pompeo Autor: Falco Publicado: 17/04/2019 | 10:51 pm
En un ambiente de feroz revanchismo, que pretende vengarse de las sonadas derrotas militares y políticas sufridas por sucesivos gobiernos de Estados Unidos a lo largo de 60 años, en su intento de derrocar la Revolución Cubana, la administración de Donald Trump arremetió este miércoles con nuevas medidas para asfixiar económicamente al pueblo cubano y amenazas de procesos legales en cortes estadounidenses contra empresas extranjeras que invierten en la Isla.
El anuncio de las agresivas acciones de este 17 de abril, mismo día escogido por Washington en 1961 para iniciar la invasión a Cuba por Playa Girón, confirma el ribete reivindicativo que da a su política el actual Gobierno de Estados Unidos, que ahora también sangra por su incapacidad para doblegar al pueblo venezolano y al Gobierno popular antimperialista emprendido hace 20 años por Hugo Chávez, que hoy lidera el presidente Nicolás Maduro.
Así lo confirmaron las declaraciones de Mike Pompeo, encargado de implementar la política exterior de la Casa Blanca como jefe del Departamento de Estado, quien a pesar de su tono amenazante solo logró exteriorizar la agonía que provoca en los círculos de poder de EE. UU. su impotencia ante la firmeza de Venezuela, de lo que también culpan a Cuba.
Según argumentó Pompeo «los servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos mantienen a Maduro en el poder. Este comportamiento —alega— socava la estabilidad de los países en el hemisferio occidental y representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos».
Pompeo acusa a Cuba de injerencia, pero lo que temen como siempre es el ejemplo. Lo que mantiene en el poder a Maduro es el apoyo popular y, contrariamente a lo que Trump, la lealtad de las fuerzas armadas bolivarianas, según señaló hace dos días The New York Times.
Por eso, sacó el garrote y anunció que «a partir del 2 de mayo, en virtud del Título III de la Ley Libertad (como llama a la Helms-Burton) los ciudadanos de Estados Unidos podrán entablar demandas contra personas que trafiquen con propiedades confiscadas por el régimen cubano». «Traficar» le dicen a invertir en antiguas posesiones norteamericanas expropiadas por leyes que reconocían el derecho a compensación, que Washington se negó ni siquiera a atender, como hicieron Canadá y países europeos.
Desde la promulgación en 1996 por el presidente William Clinton de la ley Helms-Burton, denominada «de la libertad para Cuba», su propio nombre delató su carácter intervencionista y violatorio del derecho del pueblo cubano a recobrar y ejercer la soberanía sobre todas sus riquezas nacionales.
Al propio tiempo, reveló la inspiración imperial de sus autores, asumida por sucesivos gobiernos de Estados Unidos al convalidar el Título III, que otorga el derecho a ciudadanos estadounidenses de perseguir en tribunales de ese país a compañías de otras naciones que invirtieran en propiedades que fueron nacionalizadas, en virtud del derecho internacional.
El texto resultó mucho más chocante al reconocer el derecho a entablar juicio contra firmas extranjeras en cortes de Estados Unidos a ciudadanos de origen cubano que obtuvieron nacionalidad estadounidense muchos años después de la confiscación en Cuba de bienes obtenidos mediante malversación del tesoro público, o expropiados por leyes que preveían compensación.
La barbaridad jurídica de la controversial ley Helms-Burton fue tan repudiada, que incluso países aliados de Washington tomaron medidas legales para proteger a sus empresas con negocios en Cuba, lo que obligó a las sucesivas administraciones a mantener en suspenso o sin efecto la inaceptable previsión extraterritorial.
Las nuevas sanciones, amenazas y apretones de tuerca a bancos e inversores pueden tornar más duras las condiciones del bloqueo económico, comercial y financiero que nunca ha estado en suspenso, pero Cuba y los países que reconocen los méritos de su proyecto social, sus logros culturales, científicos y en materia de salud, así como la seguridad para sus turistas, negocian de igual a igual, con respeto a la voluntad de los cubanos, a los que Pompeo intenta imponer mediante la extorsión el credo de Washington.
