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Miles de mexicanos reclaman justicia. Autor: AFP Publicado: 21/09/2017 | 05:56 pm
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14.— El paradero de 43 estudiantes de una escuela rural para docentes en la sureña ciudad mexicana de Iguala, sigue siendo un misterio a casi tres semanas de los incidentes violentos que precedieron a su desaparición, en medio de un clima de agitación política en el estado de Guerrero.
Este martes se informó que el presunto jefe de un grupo de narcotráfico involucrado en la desaparición de los estudiantes supuestamente se suicidó durante una operación de fuerzas federales. Benjamín Mondragón, uno de los líderes de la organización criminal, se mató al verse acorralado por las autoridades, tras un intercambio de disparos en la localidad de Jiutepec, en el estado central de Morelos, dijo una fuente anónima, aunque no hay información oficial del caso, informó ANSA.
A la espera de respuestas de las investigaciones oficiales sobre los sucesos en Iguala, varias escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decretaron un paro de 48 horas en solidaridad con los estudiantes a partir de este martes.
Se exigió juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales por la represión que el 26 de septiembre pasado ocasionó, junto a los 43 jóvenes desaparecidos, la muerte de seis personas y más de una decena de heridos reportó PL.
Mientras, continuaron este martes las protestas en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, donde el lunes fueron incendiados edificios del poder gubernamental con la demanda de que se haga justicia y la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, quien se niega a dimitir.
Hasta el momento se conoce que algunos de los 22 agentes detenidos por el caso de los desaparecidos, afirman que al menos 17 de los estudiantes fueron asesinados cerca de donde hace una semana se encontraron 28 cuerpos incinerados parcialmente en fosas clandestinas.
Según se conoce, los incidentes habrían sido originados por una orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien intentaba frenar a toda costa la llegada de los estudiantes a Iguala, quienes supuestamente iban a recaudar fondos para financiar sus protestas.
Algunas versiones afirman que en realidad los estudiantes pretendían boicotear el segundo informe de labores del intendente, ceremonia en la que sería lanzada como precandidata a sucederlo a su esposa, y a quien se le vincula con la banda criminal Guerreros Unidos.
Ello explicaría, según esos informes, por qué algunos hombres armados pertenecientes a la organización delincuente participaron en los ataques a los estudiantes en apoyo a los policías municipales.
