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La fiscalización enfrenta los precios inflados, la especulación y la usura. Autor: AVN Publicado: 21/09/2017 | 05:48 pm
CARACAS.— Un curioso cartel anuncia en la peletería ubicada en la planta baja de un edificio de esta ciudad: «Liquidación total. Nos vamos».
Cualquiera interpreta, por el aviso, que en ese afán de irse, los comerciantes tienen los precios «de remate», no muy difíciles para los bolsillos de los clientes.
Sin embargo, de los que entran casi ninguno compra ni el par de zapatos más barato. Es que tales productos en «liquidación» fluctúan entre 750 y 1 200 bolívares fuertes (BsF), cifras impensables en mayo de 2013, fecha en que esos mismos artículos no rebasaban allí los 350 BsF.
Pero esa tienda es apenas un botón del inexplicable rosario de precios en la República Bolivariana de Venezuela, atacada por una bola de nieve especulativa, echada a rodar en medio de la guerra económica encabezada por la oligarquía, y que el Gobierno se ha propuesto detener con diferentes instrumentos, como la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en enero de este año.
Hoy, como parte de la contraofensiva gubernamental, comenzará la Jornada nacional de inspección para verificar el cumplimiento de la legislación, una noticia que ha generado enormes expectativas entre los venezolanos.
«Dentro de esta ofensiva global de producción, abastecimiento y precios justos vamos a iniciar con varios miles de inspectores una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país para el cumplimiento de la Ley de precios justos y para que respeten los precios de los productos de primera necesidad», dijo el martes el Presidente durante su programa radial En contacto con Maduro.
Pero la tarea no es ni una gota fácil. En noviembre de 2013, cuando se lanzó un combate contra la especulación y la usura —en el que se detectaron productos con sobreprecios de más de 7 000 por ciento— no eran pocos los comerciantes que fijaban un valor a los artículos durante la inspección, y cuando los supervisores daban la vuelta volvían a vender con el importe inflado.
Por otro lado, las cúpulas empresariales son las primeras interesadas en que no se cumpla la Ley.
Una prueba de eso fue publicada ayer en el diario Últimas Noticias, para muchos el más leído en Venezuela: «Este jueves, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos, por considerar que es inconstitucional y agrava los problemas de escasez, pérdida de variedad, colas y racionamiento que afectan actualmente a los venezolanos, según señaló su presidente, Roberto León Parilli».
Y los propios consorcios mediáticos colocan su cuota para poner en entredicho la Ley. Prácticamente todos entrecomillan el término precios justos, y muchos publican declaraciones de tecnócratas, que hablan de la imposibilidad práctica de aplicar el estatuto, debido, entre otras cosas, a la existencia de un dólar paralelo (ronda actualmente los 65 bolívares) que dispara el valor de las ofertas del mercado.
En todo caso, el Gobierno, que se inspira en el deseo de justicia social, tiene claro que si no ataja la bola de nieve de la especulación capitalista, será más grande el cráter en la economía; y por eso tendrá que ir con todo en la nueva ofensiva.
Casi todos los productos, aseguró Nicolás Maduro hace tres días, «bajarán del precio especulativo en que los tienen, otros mantendrán más o menos el mismo nivel y otros subirán como debe ser en una economía». Ese descenso, por encima de cualquier tinte político, es el que más la gente aplaude y desea. Y ojalá se concrete por el bien del país.
