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MÉXICO, abril 23.— México contrató un bufete de abogados en Estados Unidos para presentar cargos civiles contra armerías que venden distintos artefactos, introducidos después de manera ilegal en su territorio por bandas del narcotráfico.
Informativos nacionales precisan hoy que el gobierno federal contrató con ese fin al bufete Reid Collins Tsai, en un nuevo esfuerzo por contener la introducción de los potentes armamentos de que dispone aquí la narcodelincuencia.
Se subraya que el buró de abogados norteamericanos estudia si procede ese cargo civil denominado RICO (en español Organización, Chantaje inducido y organización corrupta) contra quienes suministran pertrechos a la delincuencia organizada.
Citando a la cadena CBS, el servicio informativo digital del diario Excelsior sostiene que un contrato al respecto fue suscrito el 2 de noviembre de 2010 por representantes de la Procuraduría General de la República con ese bufete, en la embajada mexicana en Washington.
El grupo de abogados Reid Collins se especializa en casos referidos a fraudes financieros internacionales y a delitos de lavado de dinero.
Cristóbal Renzulli, un conocido jurista que ha defendido a fabricantes de armas desde hace 15 años, comentó que la protección legal de la Ley de Comercio de Armas impediría ese tipo de demanda desde un principio, señalan las versiones periodísticas.
De acuerdo con esas fuentes, que citan asimismo al especialista en asuntos legales de armas, Dave Workman, el despacho Reid Collins Tsai y el gobierno del presidente Barack Obama mantienen vínculos muy estrechos.
En tal sentido, se reseña además que la Asociación Nacional del Rifle de Estados UNidos emitió un comunicado en el que reconoce la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico, pero elude responsabilidad en el tráfico de armas que viajan al otro lado de la frontera.
Esa organización argumenta que trabaja conjuntamente con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en controles sobre tiendas expendoras de armas y se ha demostrado que las armerías estadounidenses no son el origen del problema.
La Asociación del Rifle argumenta a su vez que tal vez el gobierno mexicano debería demandar a su personal militar activamente involucrado en conductas ilegales.
