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Inmigrantes africanos arriban al puerto Los Cristianos, en Tenerife, Islas Canarias. Foto: AFP Hace más de dos años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advertía que para 2010 uno de cada diez trabajadores de África vivirá fuera de su país de origen. Pero de seguro, para ese año los pronósticos de la OIT se quedarán cortos si analizamos lo que ocurre entre quienes llevan bajo el brazo un título profesional. De hecho, un informe de la ONU sobre migración y desarrollo, hecho en el año 2006, revela datos mucho más desalentadores: entre el 50 y el 80 por ciento de todos los ciudadanos con estudios superiores de varios países pequeños de África y el Caribe, viven en el extranjero.

Para agravar la situación, desde finales de octubre pasado ya estaba en discusión en los laboratorios europeos un proyecto para atraer al Viejo Continente a los trabajadores cualificados del Tercer Mundo, la clásica compra-venta de cerebros y brazos en pos de seguir alimentando el «sueño europeo».

La «tarjeta azul» es el nuevo impulso de una Europa que no se puede quedar atrás en lo que desde hace tiempo está de moda en el Primer Mundo en materia de control y selección de su inmigración. Primero EE.UU. con su «green card» (tarjeta verde), luego Canadá y Australia. Más recientemente, Francia, con su ley de control de inmigrantes que contempla la controvertida enmienda Mariani, la aplicación de la prueba de ADN para autorizar la reunificación familiar.

Según la «tarjeta azul», las puertas de la Unión Europea (UE) están abiertas para los inmigrantes de terceros países con alta calificación profesional, que cuenten con dos años de experiencia en su carrera, un contrato de trabajo de dos años y un sueldo de al menos tres veces el salario mínimo del país de destino.

Siguen los «beneficios»: el cónyuge del emigrante que tenga esta tarjeta, también podrá tener su permiso de trabajo y residencia en la Unión durante el mismo período. Tras los dos años de permiso, se ofrecerán al trabajador tres meses de gracia para residir y trabajar dentro de la UE, renovables por otros dos años... si sigue contratado.

Pero lo que diferencia a la tarjeta europea de la norteamericana no es solo el color, sino que también, para no quedarse atrás y superar a su contendiente, el trabajador residente en la UE podrá salir y entrar al territorio sin restricciones siempre que esté vigente su tarjeta, una ventaja que no contempla su semejante estadounidense, la cual anula los derechos del inmigrante una vez que exceda los seis meses fuera de EE.UU.

Por otra parte, los inmigrantes tendrán los mismos derechos en toda la UE, independientemente del país por el cual entren a la región, y sus permisos de trabajo y residencia no tendrán que ser revalidados en cualquier otro de los 26 Estados miembros a los que se desplace el trabajador.

Atractiva la propuesta, ¿verdad? No cabe duda de que Bruselas —sede de la integración europea— ha echado con todos los hierros para revertir su posición como receptora de emigrantes. Al parecer, se cansó de dar cobija al abrumador 85 por ciento de la mano de obra inmigrante mundial no capacitada, en comparación con el ínfimo cinco por ciento de la cualificada que decide ir a trabajar allá.

Mentes frescas y estudiadas es lo que pide la UE. Y no pocas por cierto. Según estimaciones, el motor continental necesitaría unos 70 000 inmigrantes cualificados por año para mantener su ritmo. ¿Dónde encontrarlos? África se convierte en una buena carta, si se tiene en cuenta que su población es la más joven del mundo —sobrepasan la mitad los que tienen menos de 20 años—, mientras que la europea enfrentará una pérdida de 20 millones de trabajadores por jubilación entre 2010 y 2030.

Por lo tanto, la vitalidad demográfica africana —junto con la asiática y la de otros países emergentes— se convierte en propulsora necesaria de la industrializada Europa.

Otra de las «bondades» de este plan, según sus artífices, la presentan como una «circulación de saberes» o «emigración cíclica»: los países emisores de cerebros tendrán la «oportunidad de enriquecerse» una vez que sus emigrantes vuelvan a casa luego de cuatro años vendiendo sus servicios en Europa.

Todo un cuento para dormir a quienes pudieran pensar que la «tarjeta azul» no es, en esencia, otra modalidad del robo de cerebros, con perfil de emigración selectiva. África será la menos favorecida, pues es muy difícil que doctores, ingenieros, informáticos o enfermeras regresen a sus países, esos que invirtieron sus recursos en formarlos.

¿Qué inmigrante que haya conocido la «Gran Unión» y que tenga garantizado en ella un puesto de trabajo y un salario que no tuvo ni tendrá en su tierra natal, querrá volver al ámbito de pobreza que lo impulsó a salir en busca de un futuro más prometedor?

Ejemplos que demuestren la diferencia entre ambos continentes sobran: la UE es 19 veces más rica que la devastada África Occidental en términos de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En paridad de poder adquisitivo España, para no decir Alemania o Gran Bretaña, es 22 veces más rica que Mali, el país más pobre del continente y el tercero en el mundo en esa condición.

Los bosques del Gururú y de Ben Yunech, en los alrededores de Ceuta y Melilla —ciudades al norte de Marruecos bajo tutela española—, se llenan hoy de chozas de ramas y plástico. Allí esperan los inmigrantes clandestinos del África Subsahariana el momento preciso para saltar las vallas de alambre cada vez más altas —de tres a seis metros— y que por 20 kilómetros separan a Marruecos de las dos ciudades hijas de España, ya casi en las narices de Europa.

El viaje a Marruecos es largo y lleno de peligros. En «la casa del Diablo» —así le llaman los africanos a las regiones argelino-malienses— muchos son asaltados por bandas de ladrones interesados en los ahorros que durante años reunieron ellos o sus familiares para enfrentar algún día tan añorada travesía. En las arenas del Sahara quedan muchas de esas jóvenes vidas. Otros, cuando llegan a Marruecos, tienen sus bolsillos vacíos por los pagos hechos a los «pasadores de fronteras», y todavía les falta cruzar el Mediterráneo en pateras... y eso también cuesta.

Detenidos en Melilla. No valió el esfuerzo... Foto: AFP Muchos dejan el pellejo en el cortante alambre de Ceuta y Melilla, observados por las videocámaras o monitoreados por los sensores subterráneos de movimiento. Deben «jugarle cabeza» a la Guardia Civil española y a la gendarmería marroquí que constantemente vigilan la alta malla de alambre.

A partir de 2006, luego que la UE inyectara más de 200 millones de euros para frenar la trágica inmigración ilegal, las vallas de Ceuta y Melilla siguieron creciendo, al igual que el número de vigilantes en las fronteras; y hasta apareció el «maravilloso» Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), una tecnología de punta que, a través de satélites, detecta las infortunadas pateras en el estrecho de Gibraltar y en el Océano Atlántico.

La ofensiva europea en esta región ha convertido a las Islas Canarias en la principal puerta de Europa para los africanos. Allí llegan desde Mauritania, Senegal, Marruecos, el Sahara Occidental y del mismo corazón del continente. El pasaje en un cayuco —embarcación mayor de 20 metros de largo y tres de ancho en la que viajan hasta 80 personas— desde cualquier pueblo pesquero de Mauritania a las Canarias cuesta hasta 500 euros por persona. Desde Senegal, el precio puede aumentar en 200 o 300 euros, pues la ruta es más larga y los peligros se incrementan.

Unos llegan deshidratados, pero vivos, a otros se los traga el mar.

En el esfuerzo del retorno obligado se unen en especial tres gobiernos: España, Francia e Italia, quienes a inicios de este año se plantearon organizar operaciones conjuntas de «expulsión colectiva» de inmigrantes en situación irregular.

Ya desde julio de 2005 los ministros del Interior de esos tres países más los del Reino Unido y Alemania habían acordado impulsar vuelos de repatriación de los «sin papeles».

El mismo Nicolás Sarkozy defendió su política de otorgamiento de visas solo en función de las necesidades de la economía nacional. Y ya está claro que la economía francesa, al igual que cualquiera otra de la UE, lo que pide en estos momentos a gritos, son jóvenes y calificados.

Por su parte, España ha enviado a sus hogares al 92 por ciento de los inmigrantes ilegales. El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha informado que gracias a las patrullas Frontex, al sistema de vigilancia exterior, a los acuerdos contraídos con varios países africanos, pero sobre todo, a los millones de euros destinados a la cruzada anti inmigrante, se han interceptado 12 826 personas y 155 embarcaciones procedentes de las costas africanas. Solo en Canarias, durante 2007, se redujo el arribo de cayucos en un 60,6 por ciento.

Entonces, ¿por qué tanto riesgo para llegar a Canarias, a las costas de la isla de El Hierro, al muelle de Los Cristianos de Tenerife, o a cualquier punto dentro de la geografía ibérica, para que después sean repatriados? La respuesta es sencilla: no son intelectuales, ni médicos, ni ingenieros, ni informáticos. No pueden optar por una visa europea.

La suerte de la política migratoria de la UE está echada: «¡profesionales vengan a mí!», mientras al mismo tiempo da patadas a quienes tratan de violentar sus puertas sin un diploma en el maletín. De los segundos todos sabemos, los medios de comunicación montan un show con las patanas o los cayucos arribando a las costas europeas. Los otros llegan sin que haya alboroto, caen en el vacío informativo de unos medios que informan lo que conviene. Eso no es noticia.