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Las cosas van de mal en peor para los derechos ciudadanos en Estados Unidos con esta administración de los republicanos neoconservadores. En Carolina de Norte acaban de ser sentenciados siete activistas que protestaron contra la compañía Blackwater, y en dos distritos de la Florida han prohibido manifestaciones antibélicas en las escuelas públicas. Dos casos, los más recientes, pero no los únicos.
En el primero de ellos, la administración bushiana no permite la más mínima «agresión» contra el mayor representante de su soldadesca privada. Los hechos fueron bien sencillos, y hasta amparados por la libre expresión que supuestamente garantiza la Constitución estadounidense: en octubre, siete activistas contra la guerra reaccionaron a la matanza de 17 civiles iraquíes, cometidas el 16 de septiembre por los hombres de Blackwater.
Los antibelicistas participaron en una demostración frente al cuartel general de la empresa mercenaria en Carolina del Norte, y parece que cometieron «un grave delito» contra la sacrosanta propiedad privada cuando condujeron hacia la sede de Blackwater una vagoneta con impactos simulados de balas y cubierta con pintura roja, para imitar la sangre que realmente se había derramado en Iraq.
Eso bastó para que fueran arrestados entonces, y este miércoles, en un juicio a puertas cerradas —pues el juez despejó la sala antes de procesarlos—, los declaró culpables y los sentenció a penas que oscilan entre 10 y 45 días de arrestos y multas de 100 dólares, según reportaron The Virginia Pilot y Democracy Now este jueves.
Apenas un día antes, se supo también por un comentario de la agencia IPS, que los distritos escolares de dos condados de la Florida (Manatee y Sarasota) rehusaron permitir que miembros de las organizaciones pacifistas se opongan o rechacen la presencia de reclutadores militares en sus escuelas secundarias, donde estos tienen las puertas abiertas y todo tipo de facilidades para endulzarles a los estudiantes las «ventajas» de un ejército en guerra.
Por supuesto, la decisión de esos distritos no es nada nuevo ni tampoco está solo en la medida represiva que se aplica en muchos otros lugares de Estados Unidos. Una ley firmada por George W. Bush en 2002, y que se llama No child left behind (No dejar a ningún niño atrás), con el supuesto propósito de darle oportunidades a los más desfavorecidos por la fortuna, obliga a las high school públicas a dar a los reclutadores militares total acceso a sus alumnos, no solo en forma directa, para que hagan su labor de incorporarlos a las fuerzas armadas, sino que incluso les abre los archivos escolares, les da nombres, direcciones y números telefónicos.
Aunque los padres y los estudiantes tienen derecho opcional, bajo solicitud firmada, a no ser molestados ni sus datos entregados a los guerreros en busca de legionarios, muy pocos conocen que les asiste esa prerrogativa.
La Florida, además, es uno de los estados de la Unión donde los militares son parte vital de la economía, a la que aportan 21 700 millones de dólares mediante las 24 instalaciones del Pentágono en la sureña península, más las unidades de la guardia nacional. Estos datos, que pueden encontrarse en el sitio de la organización premilitar Florida Defence Alliance (FDA), son más que suficientes para determinar quiénes son huéspedes bienvenidos y quiénes los indeseables... Con Bush, el hijo, siempre gana la guerra, aunque al final las pierda.
