Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Una sola cosa podría agradecerle América Latina a la despojadora privatización: abrir los ojos de la gente y ponerles a arder el corazón. En definitiva muchos de los movimientos populares y sociales gestores del cambio en marcha, se hicieron allí, en el combate por preservar lo suyo de la inclemente voracidad de las empresas del Primer Mundo, cuando las recetas de los ajustes en boga «aconsejaban» a las depauperadas economías nacionales deshacerse de todo, vender.

Aunque hoy el discurso conservador, despectivamente, tilde a los gobiernos nacionalistas emergidos como resultado de aquella coyuntura de «populistas», lo cierto es que la ecuación del fenómeno transformador en América Latina ha sido al revés. Ellos no llegaron al poder gracias a promesas baladíes realizadas a sus pueblos, como pretenden hacer ver los voceros de la ideología del capital. Fueron las masas las que los catapultaron, precisamente, con el mandato de devolver las cosas a su lugar. Y recuperar, en una América Latina casi totalmente vendida a extraños, resulta transformador.

En la lucha contra la privatización se forjaron muchos de los movimientos de masas que, primero, le valieron a la región el título de «ingobernable» y, después, la empujaron al cambio ostensible.

Todo remezón que se constate ahora pasa, de algún modo, por la conciencia creada al calor de la lucha contra la privatización del agua en Cochabamba, las batallas para impedir la venta del servicio eléctrico en Perú, las largas jornadas de huelga contra la pretensión de que privados extranjeros controlaran el seguro médico en El Salvador, o la batalla de Puerto Rico para detener la subasta de su Telefónica, campaña que por primera vez logró nuclear y sacar a la calle, de forma tan contundente, al pueblo boricua. Aunque no todos lograran inclinar la balanza, algunos de los episodios más importantes de la historia reciente latinoamericana se localizaron allí.

Sus protagonistas tuvieron ojo avizor. Veinte años después de iniciarse lo que algunos, en virtud del despojo transnacional, llaman «recolonización» de América Latina, una parte de la carga sigue sobre las espaldas de quienes resultan excluidos de servicios elementales como el del agua, inalcanzable por sus altos precios. La otra cuota la abonan gobiernos llegados al mundo con el cordón umbilical atado a donde no es: una disfunción genética provocada por los contratos que tristemente, ahora, sujetan su mandato a las empresas compradoras extranjeras.

Los males no se mitigan con remedios o tabletas. Después de la decidida resistencia de Néstor Kirchner a elevar los precios de los privatizados servicios públicos en una Argentina material y moralmente golpeada por la ola neoliberal, algunos afirman que la dura tarea de pactar con «las privatizadas» le tocará a su sucesora, la presidenta electa Cristina Fernández.

Según informa la prensa argentina, y después de cuatro años de resistencia, la presidenta electa ya habría admitido la posibilidad de instrumentar aumentos graduales en las tarifas. No es solo que las empresas digan que el servicio no mejora porque se necesita más inversión y, por tanto, dinero, argumento blandido durante todo este tiempo para presionar por el alza en el precio del servicio, incluso, desde la directiva del Fondo Monetario, cuando todavía Argentina le debía muchos millones al FMI. En más de un caso los aumentos estaban acordados desde que se firmaron los convenios.

Como paliativo ante una población que hace muy poco estremeció al país con sus manifestaciones contra el hambre y la demanda de «que se vayan todos», la esposa del mandatario saliente y en breve Presidenta, ha dicho que el Estado subvencionaría el incremento con una tasa social que impida un «shock».

El tema es delicado. Para algunos estudiosos, la privatización y la consiguiente elevación del costo de los servicios públicos durante la era Menem fue responsable de la extensión de la pobreza en Argentina.

Una investigación publicada en el sitio Deargiropolis afirma que en 1986 los hogares más pobres del Gran Buenos Aires destinaban el nueve por ciento de sus ingresos al pago del total de las prestaciones básicas, pero diez años después gastaban casi el doble.

Según los investigadores, los altos precios impuestos con la privatización no solo hicieron más insostenible la vida de un usuario que, al mismo tiempo, probablemente estaba perdiendo su empleo. En tanto, las empresas privatizadoras se apropiaban mediante aquellos pagos de «una proporción considerable del excedente económico generado en el país».

Hubo otros males duraderos. A la venta del servicio de la electricidad y la escasa gestión de las transnacionales que compraron el manejo de un área tan vital, se adjudica la crisis de abasto que asfixió a Argentina en los últimos años. El gobierno de Kirchner no era dueño de casi nada: llegó con las manos amarradas. Solo hubo alivio con el socorro brindado por Venezuela, convertido luego en acuerdos de beneficio bilateral.

No hay infraestructura, se quejan, reiteradamente, las gerencias. Sin embargo, una información publicada por Página 12 en 2006 reveló que, mientras «las privatizadas» pedían que se aumentaran las tarifas para que los usuarios costeasen las inversiones necesarias, las empresas eléctricas y gasíferas habían aumentado hasta un 110 por ciento «los gastos en consultoría, viajes al exterior y publicidad. Los sueldos de los directores trepan hasta 66 por ciento en un año», reveló la publicación.

Con sumo cuidado, el informe sobre el panorama social latinoamericano emitido por la CEPAL este año toca el fenómeno con pinzas. «La política pública social de las últimas décadas ha debido contrarrestar el impacto de reformas del Estado —se refiere, entre otras, a la privatización— que han aumentado paulatinamente el financiamiento y la provisión de servicios sociales por parte de actores privados, y ha tendido a beneficiar en mayor medida a los sectores de mayores recursos».

Nicaragua no es un ave rara en el concierto de naciones latinoamericanas invadidas por las transnacionales, y a su merced.

Con gran alivio, las autoridades del ejecutivo de Daniel Ortega han dicho que los apagones se reducirían en un 50 por ciento a partir de esta semana, como resultado de la entrada en operaciones de dos baterías suministradas por Venezuela, entre otras medidas inversionistas tomadas de urgencia por el gobierno.

El déficit de generación ha sido inmenso y llegó a dejar a la gente durante 12 horas al día sin corriente, en pleno verano, desde 2006. El petróleo cuesta mucho, y la mayor parte de la infraestructura allí camina con crudo. Pero esa no ha sido la causa principal de la crisis, sino la precaria situación de las instalaciones generadoras y distribuidoras de electricidad, que ha puesto en una verdadera encrucijada al gobierno de Daniel Ortega.

«Hemos recibido un país totalmente destruido en el campo de la generación, y totalmente distorsionado en la distribución», se quejó, en su momento, el mandatario.

Sobre todo, porque producción y reparto, antes a cargo de un solo ente nacional, fueron tareas «repartidas» entre empresas privadas distintas cuando, como en tantas partes, todo se vendió. La española Unión Fenosa se hizo del monopolio de las plantas de distribución por 115 millones de dólares; una transacción que, según expertos nicaragüenses, pudo haberle costado más de 200 millones aún en los tiempos del desgobierno de Arnoldo Alemán, y cuando su correligionario y luego mandatario, Enrique Bolaños, presidía la institución creada para las ventas de la antes estatal corporación eléctrica.

Pero Fenosa no hizo mucho por la distribución y poco le importa lo que le ocurra a los nicas, según se desprende de las difíciles negociaciones que se ha visto obligado a sostener el gobierno con su directiva para poder hallar solución a un problema que no decide solo el ejecutivo, porque esa parte del negocio lo compró la empresa española. Los entendidos aducen que tampoco paga a las generadoras.

Cuando, a fines del año pasado, las autoridades de Nicaragua recurrieron ante un Tribunal de Arbitraje porque Unión Fenosa no garantizaba el suministro ni hacía las inversiones correspondientes, la compañía respondió presentando una denuncia ante el Banco Mundial como presunta «expropiada», y recurrió al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre España y Nicaragua. Su contrato en la nación centroamericana es por 30 años.

Después que las críticas a Fenosa eran vox pópuli en Nicaragua, y mientras una campaña internacional denominada La irresponsabilidad social de Unión Penosa se solidarizaba con los nicas en penumbra, el presidente de la empresa, Pedro López Jiménez, reconocía las dificultades al rendir cuentas de la gestión en 2006, y consideraba lógicas las demandas de la ciudadanía, que en juicio popular acusó a Fenosa. Pero, ¿qué hacer?: su compañía, confesó, no podía arriesgarse a tener «un pozo de pérdidas».

Algunos puntos de fricción

•Las arduas tratativas entre Unión Fenosa y el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua duran meses y, según el vocero de la compañía, marchan. Extraoficialmente ha trascendido que habría coincidencias en la necesidad de promulgar una Ley antifraude, en el valor de las tarifas, y en las inversiones que Fenosa debe ejecutar en los próximos cinco años.

•Según publicó el sitio Ecoportal, Fenosa tiene sucursales también en Guatemala, México, Costa Rica, Panamá y Colombia, y ha sido acusada de acciones ilegales tales como desconectar a usuarios del servicio sin notificación previa, violar acuerdos laborales internacionales, e intimidar a líderes locales.

•La Cumbre Alternativa de la cita Europa-América Latina de 2006 convocó a otras tres compañías europeas al Tribunal de Derechos Humanos de Viena, por considerar su actuación perjudicial. Entre ellas, a Vion Food Group, de Holanda, vendedora de carne de cerdos alimentados con soya brasileña, cuya producción, según se denunció, deforesta una amplia zona de la Amazonía, contamina, y expulsa a los campesinos de sus lugares de residencia.

•También fue demandada la empresa Suez, consorcio a cargo del servicio de agua durante los últimos años en Maldonado, Uruguay. En ese lapso, los precios aumentaron hasta un 700 por ciento, y una gran parte de la población fue impedida de acceder al líquido vital.

•La española Repsol ha invertido más de 19 000 millones de dólares en América Latina. Una de sus adquisiciones más importantes fue la petrolífera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Ha participado en fusiones y adquisiciones de empresas petroleras, o adquirido concesiones para la exploración de petróleo en otros ocho países latinoamericanos.