Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Ella quedó atrapada junto a su padre en un centro de detención en Nogales. Foto: Reuters

El guardia de la puerta lo sacó del error, aquello no era una escuela a pesar del auspicio y lo que la propaganda en su página web dice del IES, una empresa para «asistir a los estudiantes de todas partes del mundo a encontrar la escuela correcta, el college, la universidad o el programa de lengua inglesa en EE.UU.». Estaba ante un centro de detención para «jóvenes adultos» y el «delito», común para todos, se limitaba a ser hijos de mujeres prisioneras en el Centro de Detención de Inmigrantes de Port Isabel. Los cien muchachos y 60 muchachas retenidos en Los Fresnos, y separados de sus padres indocumentados, también son reos, al punto que ellos serán trasladados para una cárcel de adultos tan pronto lleguen a los 18 años de edad.

IES está a cargo de otros campos de prisioneros, como el T. Don Hutto, en Taylor, Texas, propiedad de Corrections Corporations of America; mientras que el de Rollings Plains en Haskell, también texano, está administrado por Emerald Companies de Louisiana. Evidentemente, las cárceles y centros de detención privados se han convertido en un negocio muy lucrativo en Estados Unidos.

Según pudo constatar Johnson-Castro, el Servicio de Ingresos Internos estadounidenses ha dicho que en el año 2004 International Educational Services Inc. tuvo un presupuesto de 5,6 millones de dólares para sus operaciones, y no caben dudas de que estas nada tienen que ver con la preparación escolar, sino con la represión a quienes desde el sur u otras latitudes intentan ingresar sin documentos en territorio estadounidense o habiendo logrado entrar, trabajar y hasta formar un hogar y tener hijos nacidos en EE.UU., fueron luego atrapados por las fuerzas policiacas.

Por eso el activista y otras personas conscientes de la explotación a que son sometidos los indocumentados y sus hijos, protestaron frente a las verjas de algunas de esas instalaciones, recordándole a los guardias que hubo un tiempo cuando era legal comprar y vender seres humanos y ahora ellos participaban en la versión del Siglo XXI, cuando en lugar de plantaciones de esclavos hay prisiones.

Niños de México, Brasil y Corea fueron reportados en Los Fresnos, donde estos pobres seres se convierten en fuente de dinero y ganancias, al tiempo que se les niega los más mínimos derechos humanos bajo el pretexto de que no tienen los documentos que les permiten la residencia en el cuerno de la abundancia de sus sueños...

Otros centros de detención para indocumentados y extranjeros que esperan ser expulsados de Estados Unidos operan en Aguadilla, Puerto Rico; Batavia, en Nueva York; El Centro, California; El Paso, Texas; Florence, Arizona; Miami, estado de Florida; San Pedro, California; y en Buffalo, de carácter federal y utilizado por el servicio de Marshals de Estados Unidos. Además también hay prisiones para los inmigrantes en Aurora, Colorado; Houston y Laredo, ambas en Texas; Seattle, estado de Washington; Elizabeth, en New Jersey; la neoyorquina de Queens y en San Diego, California.

Algunas de ellas tienen los centros adjuntos para menores sin amparo o que han sido separados brutalmente de sus padres o familias.

Pero enumerar solamente las mazmorras no refleja las condiciones que fueron denunciadas por Jay Johnson-Castro, quien en declaraciones recientes para la publicación alternativa CounterPunch habló de acoso sexual, negligencia médica, aislamiento o hacinamiento en las prisiones de Texas para los «aliens», los no-ciudadanos.

Hay una realidad, luego que el gobierno de George W. Bush invocara la seguridad nacional para detener y encarcelar a un número sin precedentes de inmigrantes, tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, la industria de la prisión privada tuvo un boom sin precedentes. El periódico Denver Post reportaba que en el año fiscal 2005 más de 350 000 inmigrantes pasaron por las cortes estadounidenses, 37 por ciento más que en 2001.

Las prisiones de inmigración tienen en este momento una población de 26 500 extranjeros indocumentados, y en lo que resta de año ese número puede crecer a 32 000, señalaba un reportaje del Washington Post.

En Texas hay una ciudad de tiendas de campaña sin ventanas que ha costado nada menos que 65 millones de dólares y en ella tienen encerrados por 23 horas al día 2 000 inmigrantes que solo esperan por un siempre demorado dictamen de los órganos migratorios. Apenas los alimentan, carecen prácticamente de cuidados médicos y no se les permite acceso telefónico para llamar a familiares, consulados o consultas legales.

Según el Washington Post al menos 1,6 millones de inmigrantes indocumentados han sido retenidos en algún momento de los procedimientos de inmigración, así que el ICE tiene en una sola noche más huéspedes que los hoteles Clarion, opera casi tantos vehículos como la empresa Greyhound, y transporta en vuelos diarios más personas que muchas de las pequeñas aerolíneas estadounidenses.

En 2006, la Patrulla Fronteriza hizo 1,1 millón de arrestos, la mayoría eran mexicanos que inmediatamente fueron enviados de regreso, pero muchos otros pasaron a enrolar esa población carcelaria en los llamados Centros de Procesamiento Especial, donde los inmigrantes son enjaulados, juzgados en una corte migratoria, apelan ante el juez de inmigración y se ordena la deportación sin que puedan abandonar ese complejo, aunque el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no llama a esas instalaciones cárceles.

El centro que DHS tiene en Florence, Arizona, está rodeado de un alambre en espiral o concertina, rodeado por cercas también de alambres y encadenadas, y los reclusos están encerrados en celdas. Ahí, como en las otras instalaciones pasan semanas sin juicio y a veces hasta meses. La de Florence es solo una de la red de 300 instalaciones carcelarias para inmigrantes que hay en todo el territorio estadounidense.

Y ya hablamos del auge del negocio para las compañías privadas puesto que para cada detenido hay un presupuesto diario de 85 dólares, buena tajada para esos contratistas, por lo que no es de extrañar que solo en el año 2003 se dedicaran 50 millones de dólares a la construcción de cárceles para los inmigrantes.

Corrections Corporation of America, CCA, fundadora de la industria carcelaria privada en 1983 y la más grande de esas compañías, se jacta de ser la quinta empresa en el sistema de correccionales estadounidense, pues solo le aventajan el gobierno federal y tres estados de la unión, ya que provee 72 500 camas en 65 instalaciones, incluidas 40 de su propiedad bajo contrato en 19 estados y el Distrito de Columbia. Sus más de 16 000 empleados brindan «servicios» en prisiones, cárceles y centros de detención de hombres, de mujeres y de juveniles.

En EE.UU. existe un estimado de dos millones de individuos encarcelados y esa población tiene un crecimiento continuo que eleva entre el tres y el cinco por ciento anuales el número de personas tras las rejas. De ellos más del 12 por ciento de todos los sentenciados federalmente y aproximadamente el seis por ciento de los prisioneros estaduales están encerrados en instalaciones administradas privadamente, y también es esta una cifra en aumento.

Estados como Nuevo México, Colorado, Oklahoma, Tennessee, Alaska, Hawai, Idaho, Montana y Wisconsin guardan en prisiones y cárceles privadas entre el 20 y el 50 por ciento de sus reos; mientras que Texas tiene el programa de privatización más grande con más de 40 instalaciones capaces de encarcelar a unos 30 000 convictos.

CCA recibió precisamente su primer contrato en 1985 del Servicio de Inmigración y Naturalización.

He aquí algunos ejemplos de cómo hacen su negocio: William P., un muchacho de 15 años tuvo que ser hospitalizado durante un año en una sala psiquiátrica del estado luego de haber pasado seis meses en la Escuela de Entrenamiento CCA en Columbia, Carolina del Sur, donde recibió un tratamiento abusivo, que incluía encerrarlo en una celda con un grupo de hombres de más edad conocidos por victimizar a los jóvenes como «castigo».

Salah Dafali, quien buscaba asilo político en EE.UU., fue encerrado en el centro de detención Elizabeth de New Jersey, donde fue brutalmente golpeado por los guardias de CCA porque participó en una protesta no violenta dentro de la prisión, los médicos del hospital local a donde fue enviado encontraron las marcas de las botas de los guardias en su cara.

En abril de 2001, en el Centro Correccional de Florence, en Arizona, ocurrió un violento motín donde habían encarcelado a 600 prisioneros procedentes de Hawai con algunas mujeres detenidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización.

Philippe Louis-Jean, un inmigrante haitiano que vivió en EE.UU. desde que tenía cinco años, avanzó rápidamente en rango en el cuerpo de marines y como tal vio combates en Iraq, cuando retornó e intentó tener promociones por su participación en los combates, sus superiores encontraron una vieja acusación militar por la que sirvió 37 días, récord que utilizó el gobierno para comenzar procedimientos de deportación en su contra. Fue entonces enviado a San Diego Correccional Facility que administra CCA, donde quedó espantado por las condiciones y el tratamiento abusivo.