Una burla compartida, una imagen difundida sin permiso o el silencio de quienes observan, pueden convertir las redes en espacios de violencia. Educar para una ciudadanía digital responsable exige combinar pensamiento crítico, respeto y empatía
Una burla compartida, una imagen difundida sin permiso o el silencio de quienes observan, pueden convertir las redes en espacios de violencia. Educar para una ciudadanía digital responsable exige combinar pensamiento crítico, respeto y empatía
Hay violencias que comienzan con una risa. Alguien publica una fotografía de un compañero, otro añade un comentario hiriente, un tercero comparte la imagen y, en pocos minutos, las burlas saltan de un grupo de mensajería a otro. Quienes participan, quizá, olviden el episodio al terminar la jornada. Para quien aparece en la fotografía, en cambio, la humillación puede acompañarlo hasta la cama, atravesar la madrugada y reaparecer a la mañana siguiente en la pantalla del teléfono.
En ese escenario, cada reacción cuenta. Las tecnologías multiplican las posibilidades de comunicarnos, y también amplifican los efectos de nuestras decisiones. Por eso, cuando hablamos de la relación de los adolescentes y jóvenes con internet, no se trata solo del tiempo frente a las pantallas, las contraseñas o los riesgos de una descarga. Hace falta insistir en la importancia de la responsabilidad y empatía en los escenarios virtuales.
La Unesco advierte que el ciberacoso afecta a uno de cada diez jóvenes. En un análisis sobre violencia escolar y digital, la organización insiste en la necesidad de promover el respeto mutuo, formar a los docentes y garantizar que los estudiantes encuentren entornos seguros para aprender y relacionarse. La magnitud del problema obliga a mirar más allá de cada publicación ofensiva: ¿qué condiciones permiten que la agresión prospere y qué herramientas necesitan los jóvenes para detenerla?
El ciberacoso comprende conductas de hostigamiento, intimidación o humillación mediante redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos y otros servicios digitales. La repetición, el desequilibrio de poder y la intención de causar daño nos permiten distinguirlo de una discusión ocasional, aunque cualquier agresión merece atención.
Su alcance añade dificultades. Una burla pronunciada en el aula puede quedar entre quienes la escucharon; una fotografía difundida por internet puede multiplicarse, reaparecer meses después y llegar a personas ajenas al conflicto original. Además, la co-
nexión permanente dificulta que la víctima encuentre un lugar de descanso. La escuela termina, pero las notificaciones continúan.
El caso de Amanda Todd, adolescente canadiense que murió por suicidio en 2012, mostró hasta dónde puede llegar esa violencia. Tres años antes de su muerte, un hombre la había convencido de mostrar su pecho ante una cámara web. Después utilizó la imagen para extorsionarla y amenazarla con difundirla. El hostigamiento continuó pese a los intentos de Amanda por rehacer su vida y cambiar de entorno escolar. En octubre de 2022, el tribunal que juzgó al neerlandés Aydin Coban le impuso 13 años de prisión por delitos relacionados con el acoso y la extorsión de la adolescente. Sin embargo, el caso expuso la capacidad de un agresor para prolongar el sufrimiento de una menor, mediante herramientas digitales.
La historia de Amanda no debe reducirse a una advertencia sobre las fotografías íntimas. Obliga, además, a examinar la conducta de quienes reciben, comentan o redistribuyen contenidos humillantes.
Las consecuencias del ciberacoso pueden incluir ansiedad, aislamiento, alteraciones del sueño, dificultades escolares y deterioro de la autoestima. Estudios también han encontrado asociaciones entre la victimización digital y las conductas suicidas. Eso no significa que una sola experiencia explique por sí misma una muerte: los problemas de salud mental tienen causas complejas. Pero sí requiere que ninguna institución trate el hostigamiento como una simple broma entre adolescentes.
Otro riesgo necesita atención: la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, incluidas las manipuladas mediante inteligencia artificial para simular desnudos. Estas prácticas pueden convertir el cuerpo de una persona en material de burla, chantaje o comercio. Que una imagen circule por un grupo escolar no elimina la responsabilidad de quienes la comparten.
Ante una situación de acoso, guardar las pruebas, bloquear al agresor cuando resulte conveniente, denunciar el contenido en la plataforma y buscar ayuda de adultos de confianza pueden facilitar una respuesta. Si aparecen amenazas, extorsión sexual o indicios de explotación de menores, la familia y las instituciones competentes deben intervenir. La víctima necesita protección, no reproches por haber confiado en alguien o por no haber reaccionado antes.
Una parte de la respuesta comienza con una habilidad que no depende de instalar aplicaciones: la empatía. En los espacios digitales, sin embargo, comprender lo que siente otra persona plantea dificultades particulares. La empatía digital implica reconocer la perspectiva y las emociones ajenas, responder con sensibilidad y actuar de manera coherente con esa comprensión. Incluye pensar antes de publicar, respetar la intimidad, evitar la difusión de rumores y ofrecer apoyo a quien sufre una agresión.
La ciudadanía digital amplía estas responsabilidades. Se trata de ejercer derechos, asumir deberes y participar de forma crítica, segura y respetuosa en los espacios conectados. Comprende la privacidad, la verificación de la información, el reconocimiento de los discursos de odio, la protección de la identidad y la capacidad de intervenir en asuntos colectivos.
En el ámbito educativo, la formación digital necesita continuidad y objetivos adecuados a cada edad. No basta con impartir una charla cuando estalla un caso de acoso. Conviene trabajar durante todo el curso con situaciones prácticas, debates, análisis de publicaciones y ejercicios que ayuden a reconocer la manipulación, resolver conflictos y proteger los datos personales.
La ciudadanía digital también exige comprender que las plataformas no funcionan al margen de los intereses económicos. Los sistemas de recomendación, las métricas de interacción y la circulación acelerada de contenidos influyen en lo que vemos y compartimos. Por consiguiente, formar usuarios críticos implica enseñarles a cuestionar aquello que despierta indignación, verificar lo que reciben y reconocer cuándo una publicación busca provocar una reacción antes que informar.
En Cuba, donde la expansión de los servicios digitales abre nuevas oportunidades para estudiar, comunicarse y participar en la vida social, esta preparación también merece espacio en las escuelas, las familias y las iniciativas comunitarias. La alfabetización tecnológica necesita avanzar junto con la educación ética, la protección de la intimidad y el conocimiento de los mecanismos disponibles para denunciar abusos.
Ningún programa educativo eliminará por sí solo la violencia en internet. La prevención requiere instituciones capaces de responder, plataformas que atiendan las denuncias y adultos dispuestos a escuchar sin minimizar lo ocurrido. También necesita jóvenes que comprendan que la libertad de expresarse no concede permiso para humillar, amenazar o vulnerar los derechos de los demás. Porque detrás de cada perfil hay una persona, y ninguna pantalla convierte el daño en algo menos real.
