La población cubana, y en especial los jóvenes, están cada día más expuestos a la tecnología, y pueden ser víctimas de numerosas situaciones que tipifican como incidentes de ciberseguridad
Cuando ella descubrió lo que hacía su hijo, se sintió mal y sin saber qué hacer. Su niño de 15 años compraba videos pornográficos a un desconocido a través de internet mediante una aplicación de mensajería. Solo tenía el número de contacto de la persona que vendía este contenido, tipificado como delito por el Código Penal.
Ella buscó ayuda en la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas (OSRI), donde le orientaron que debía hacer una denuncia a la policía. Su hijo le aseguró que los videos se los vendía una muchacha, pero resultó que era un hombre el que estaba detrás de todo eso.
Este es uno de los casos que atiende la OSRI desde el Equipo de Respuesta a Incidentes Computacionales en Cuba (Cucert), relacionados con problemas que presentan los ciudadanos o las instituciones en el ciberespacio.
Otro caso muy común, según pudo conocer este diario, es el de la suplantación de identidad. La OSRI ha ayudado a personas que fueron estafadas o perdieron sus cuentas. Está, por ejemplo, el caso de un ciudadano que denunció la suplantación de su identidad en WhatsApp. La víctima recibió un mensaje de un «familiar» que le dijo que había cambiado su número de celular, por lo que le pidió de favor que le renviara por WhatsApp al nuevo número la captura de pantalla del código que le había llegado a su móvil. En efecto, el hombre había recibido su propio código de verificación, pero quien le contactó no era su familia, sino un estafador que robó su cuenta de WhatsApp.
También en esta plataforma un ciudadano recibió una solicitud de transferencia bancaria a una cuenta por valor de 5 000 pesos, porque «tenía una necesidad urgente». El ciudadano hizo la transferencia y luego llamó para confirmar; fue en ese momento que se dio cuenta de que había sido estafado.
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La población cubana, y en especial los jóvenes, están cada día más expuestos a la tecnología, y pueden ser víctimas de numerosas situaciones que tipifican como incidentes de ciberseguridad, comenta a Juventud Rebelde la directora de Comunicación y Atención Ciudadana de la OSRI, Mariela Romeu Rizo.
Es por ello que este tema, que a veces parece «tedioso» o «apocalíptico», es de una importancia cardinal para un país que cada día se informatiza más.
Desde la OSRI, nos comenta Mariela, se tejen alianzas con el Centro de Estudios Sobre la Juventud para impulsar charlas con las nuevas generaciones en torno a estos tópicos. La idea es enseñarle a los adolescentes y jóvenes cómo protegerse en el ciberespacio, qué pueden hacer para que ellos adquieran conciencia del tema.
A nivel global el día 30 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciberseguridad, fecha que Cuba no pasa por alto. Es por eso que la OSRI considera que los asuntos relacionados con el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben ser más conocidos, y la responsabilidad primera es del usuario.
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Casos como los que ilustran este reportaje no son aislados. Suceden con frecuencia dentro y fuera de Cuba. Para situaciones relacionadas con la suplantación de identidad, la primera recomendación que brindan los expertos de la OSRI es activar medidas como la verificación en dos pasos, muchas veces ignorada por los usuarios, pues eso evita el robo de cuentas.
Cuba no tiene convenios con las plataformas de redes sociales más usadas en el mundo. Ante un robo de identidad, es responsabilidad del usuario la protección de su cuenta. Por ello recomiendan, asimismo, el empleo de plataformas cubanas como Todus.
Para casos como el de la estafa monetaria, si el usuario tiene los registros de la transferencia realizada puede denunciar con la policía el hecho y notificar a la autoridad bancaria que corresponda.
Ante un incidente de ciberseguridad —robo de cuenta, phishing, estafa, suplantación de identidad, entre otros—, existen vías para denunciar. La OSRI, detalla Romeu Rizo, cuenta con la línea única de ciberseguridad, que funciona las 24 horas en el número 18810. Asimismo, es posible enviar un correo electrónico a reporte@osri.gob.cu o visitar su web en www.osri.gob.cu.
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La gestión de incidentes de ciberseguridad en Cuba involucra a un grupo de entidades especializadas en su detección y respuesta, con alcance a las personas jurídicas. La entrada en vigor del Decreto-Ley 35 y la Resolución 105, Reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad, marca la actuación por etapas claramente definidas y con acciones concretas, le da fortaleza a la gestión en esta esfera, contribuye a una mejor coordinación y cooperación de los involucrados, estandariza los procesos y pondera el carácter preventivo como vía para evitar incidentes y su nociva repercusión.
El mencionado reglamento incluye a las personas naturales y tipifica los incidentes en un amplio rango, que va desde la visión tecnológica de lo que puede constituir una amenaza, hasta la repercusión en lo económico, lo político y lo social.
La normativa está en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República, en su Artículo 48, en el cual se estipula que todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad, por lo que estas normas tienen como objetivo proteger los intereses de los ciudadanos en el uso de las TIC.
A ello se une que en el Código Penal recién aprobado se tipifican como delitos varias conductas con el empleo de las TIC. Específicamente en el Artículo 393.1 se recoge bien lo relacionado con las violaciones que se han puesto en este reportaje: «Quien, con el propósito de conocer, fuera de los casos autorizados por la ley, o de afectar la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona, sin su consentimiento, obtenga, facilite, reproduzca, divulgue, transmita o mantenga en su poder grabación o reproducción de sonido, foto o video, mensajes, datos o cualquier otra información de carácter personal o familiar, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas».
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