El 30 de abril de 2024, el teatro de la universidad Hermanos Saíz acogió el juicio oral y público correspondiente a la causa número 201 de 2023, seguida contra cinco acusados por los delitos de robo con violencia e intimidación en las personas.
Ese día, la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río se trasladó hasta la Casa de altos estudios vueltabajera para la vista de un juicio que era también ejemplarizante.
Los sancionados, que tuvieron tres abogados, tenían entre 16 y 19 años de edad al momento de cometer los delitos, y las víctimas eran seis estudiantes universitarios de esa institución.
Las acciones cometidas (los acusados, encapuchados, con maderos y machetes, despojaron a los otros jóvenes de sus pertenencias de valor) son incompatibles con el principio de tranquilidad ciudadana y causaron terror en la población, especialmente en la comunidad universitaria, según consta en la nota de prensa publicada en el periódico provincial recientemente.
Lo que más inquieta es que todos se encontraban estudiando cuando cometieron los hechos, provienen de familias preocupadas y ninguno estaba bajo el efecto de bebidas alcohólicas o coacción.
Entonces, varias aristas resaltan alrededor de los hechos. Bien es sabido que los tiempos de crisis exacerban los niveles de delincuencia, que para muchos es mejor el dinero fácil que ganarlo trabajando, y otros tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de un hogar, o hijos, padres, abuelos enfermos.
Mas, nada justifica un hecho de esa índole. Nada justifica el delito, el robo, el miedo provocado en otro, la incertidumbre que se genera en una sociedad que ya carga con otros males, y no son pocos.
Desde pequeños es la familia, junto a la escuela, la encargada de velar por la formación de sus hijos, y nada da más satisfacción que verlos crecer como personas de bien.
Pero la adolescencia y la juventud son etapas complejas; períodos en los que muchos quieren vestir a la moda, llevar lo que se usa, invitar y pagar, ostentar… Una mezcla de deseos peligrosos si no se tiene una solvencia económica alta en la Cuba de hoy.
Lo acontecido el día 30 de abril en el teatro de la Hermanos Saíz, ante todo, provoca tristeza y preocupación. Hace menos de un año que este país aprobó la Política integral de niñez, adolescencias y juventudes, la cual responde a la importancia que el Estado brinda al máximo desarrollo de esos grupos etarios en Cuba.
El texto aún tiene muchos desafíos, pero lejos de ser letra muerta, se sustenta en un plan de acciones integral, intersectorial e interinstitucional, dirigido a asegurar que en los entornos donde transcurren las vidas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes existan las condiciones sociales, humanas y materiales que garantizan la promoción y potenciación de su pleno desarrollo.
Pero nunca puede quedar solo en manos del Estado la responsabilidad de llevar a nuestros hijos por el buen camino. ¿Con quién anda? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus necesidades? ¿Cuáles sus referentes? ¿Qué quiere para su futuro?
Tiene que existir diálogo y comunicación constante, por difíciles que sean las circunstancias, y muchas las tormentas que nos agobien.
Los implicados en el juicio ejemplarizante recibieron sanciones entre cinco y ocho años, a partir de su edad y la cooperación en el proceso, y tanto ellos como el Fiscal tuvieron derecho a interponer recurso de casación.
Todas las manos que se junten para que el destino de nuestros jóvenes no sea este, son bienvenidas, a sabiendas de que tiene que ser rigurosa la ley cuando se incurre en delitos de este tipo, más allá de la edad de sus implicados.
No obstante, no habrá política ni escuela ni maestro que sustituya a la familia. Se trata de ir todos en la misma dirección para que jamás se nos tuerzan los caminos de la juventud.
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