Una frase del refranero popular dice más o menos así: «al árbol no se le debe juzgar solo por sus ramas». Si aplicamos este apotegma a la Tarea Ordenamiento —de la cual se comienzan a ver los primeros rastros en estos días— entonces algunos no serían tan absolutos al valorar negativamente, a rajatabla, este proceso que según han reconocido las propias autoridades del país se trata del más complejo llevado a cabo por la Revolución en 62 años.
Y ciertamente es difícil remover los cimientos de una matriz económica golpeada para propiciar mayor equidad en la distribución de la riqueza, crear las condiciones para producir sistemáticamente y a su vez generar más bienes e insumos. A ello debe conducir gradualmente como objetivo ulterior este reacomodo.
Digámoslo «en buen cubano»: los saldos del ordenamiento podrían estribar en que trabajemos con conciencia para sustentarnos con nuestros propios esfuerzos, se mejore la calidad de vida de la sociedad; potenciemos la eficiencia, competitividad y pertinencia de la industria nacional; nos despeguemos de «la tetilla de la importación», y superemos diseños anticuados que nada aporten a «los cambios que esta casa necesita». Y me incluyo, porque el éxito de esta Tarea depende de todos, y no será por obra divina.
Las máculas visibles hasta ahora han sido incongruencias en la formación de precios y la reforma de costos, las que, si bien se previeron como efectos no deseados de reajuste, han causado desasosiegos en parte de la población. Ya se han hecho presentes los gurús de supuestas frustraciones corales que intentan inocular en el pueblo la desesperanza e imponen un discurso de inviabilidad ante las nuevas medidas que adopta el Gobierno.
Ellos se agarran de la relación precios-salario-calidad de algunos productos y servicios (que tienen que estudiarse continuamente), para desconocer los preceptos que se mantienen inamovibles, los derechos conquistados que no costarán, las actividades que continuarán subsidiadas por el Presupuesto del Estado y que garantizan que el ordenamiento no derive en estrellón.
Aunque existen precios que se han debido mirar con cristales de aumento, a partir de lo controversial de su monto y para que no cubran ineficiencias empresariales y productivas, no se puede opacar la voluntad y, en la mayoría de los casos, la rapidez con que han actuado las autoridades para corregir insatisfacciones suscitadas, en el afán de guarecer a todos y lograr que el impacto de las medidas sea favorable en la población.
Atajar, analizar y tomar acción sobre temas polémicos, como los precios, no es sinónimo de mal camino para la Tarea Ordenamiento, por el contrario. Ello habla de una sociedad que está asumiendo el rol protagónico en la participación y el control popular, exige calidad y eficiencia, y fiscaliza junto a sus gobiernos territoriales, actores vitales que no pueden quedarse rezagados en la perenne misión de pegar bien el oído a la vox populi.
En lo concerniente a los costos ratifico una idea compartida por un colega en estos días: es preciso «pensar como pueblo». De ahí que a la observancia de los precios y a la escucha por los servidores públicos se debe acudir como acciones permanentes. No limitadas a ser mecanismos reactivos ante descontentos populares o escenarios determinados, sino entendiéndolas como tópicos de exámenes continuos y rectificación de decisiones para quienes les toca incurrir en disponerlos y controlarlos.
Incluso, es posible aspirar a un nivel de interacción mayor, a construirlos y medirlos, a nivel local, en comunión con la gente, haciendo uso de las prerrogativas aprobadas para la implementación y el funcionamiento del gobierno electrónico en el país. Ello puede ser un mecanismo de validación necesario para evitar errores.
Pero que 29 000 personas hayan acudido a buscar trabajo por su propio pie y más de 12 000 nuevos núcleos considerados vulnerables recibieran protección económica mediante la asistencia social en Cuba —según datos de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos— son buenos síntomas para la vitalidad del ordenamiento.
Al Gobierno Central y a sus bifurcaciones locales, este tiempo les ha puesto —y seguirá poniendo— a prueba, como nunca antes, sus capacidades y responsabilidades para regir apegados a los principios constitucionales de la democracia socialista: la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de discusión, la crítica, la autocrítica y la elaboración colegiada de políticas públicas.
No se puede ver al ordenamiento como un proceso perfecto ni acabado, las puntadas y remiendos han de dársele diariamente. Menester ahora es el entendimiento de que solo la efectiva participación de todos permitirá que los rumbos por venir sean reflejo del sentir colectivo y del bienestar social.
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