Apresurada por la inminente salida del ómnibus que me llevaría de regreso a casa, decidí entrar a la tienda La Típica, perteneciente a la cadena Caracol en la provincia de Pinar del Río. Pasados diez minutos, cuando me dispuse a recoger mi bolso (con chapilla en mano), este simplemente ya no estaba en su lugar.
La señora responsable del guardabolso (trabajo por el cual recibe un salario) se encontraba ejerciendo dos funciones más en el establecimiento debido a la falta de personal. Desde ese día y hasta entonces, me vi envuelta en un largo y engorroso proceso de denuncias, porque quien tenía el deber de salvaguardar mis bienes no estaba cumpliendo con su responsabilidad.
Un mes antes del incidente ya relatado, en junio de 2018, se publicó la Resolución No. 54 del Ministerio de Comercio Interior, que entró en vigor en julio del mismo año y establece los deberes y derechos de los clientes en los sectores estatal y privado. La implementación de dicha normativa fue el primer paso ante la creación de una Ley de Protección al Consumidor, todavía en deuda.
Algunos de los derechos que establece la resolución consisten en «recibir productos y servicios que cumplan con los requisitos de calidad; satisfacer sus necesidades con un adecuado y oportuno abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad; adquirir productos y servicios con adecuada relación calidad-cantidad-precio, y disponer de vías y mecanismos para tramitar cualquier insatisfacción, reclamación, conflictos entre consumidores y proveedores por daños». Sin embargo, las experiencias de algunos usuarios en las redes de comercio difieren de lo planteado por esta regulación.
Lastimosamente, resulta más habitual de lo deseado llegar a los puntos de venta del mercado minorista cubano y, luego de una extensa espera propiciada por las distracciones y la falta de rapidez de quienes ofertan el servicio, tener la constante sensación de que los dependientes (al cumplir con su trabajo) han estado haciendo un favor. Incluso puede suceder que a la salida vayas preguntándote si la jaba que contiene tus productos pesa un poco menos de lo que debería.
En tiempos tan difíciles como los actuales, no deberíamos escudarnos tras las rigurosas restricciones económicas en nuestro país que, pese a ser muy ciertas, no es este problema la causa fundamental de una parte de las dolencias que aquejan a nuestra sociedad. Muchas insatisfacciones de la población se deben a malos tratos, ineficiencia en las respuestas a las quejas de los consumidores y un burocratismo excesivo que propicia descontento y paraliza la viabilidad de muchos procesos.
¿Acaso debo llegar a los establecimientos (estatales en mayor medida) con la esperanza de que el trabajador haya dormido bien y tenga un buen día? ¿Igualmente debo esperar a que no reciba una de esas «oportunas» llamadas telefónicas de la madre, el novio (a) o la amiguita?
En medio del actual panorama internacional, en el que Cuba se encuentra en una lucha constante en defensa de sus principios, no debemos darnos el lujo de provocar malestar a causa del deficiente trabajo de quienes están en contacto con la población, y el ineficaz control de los dirigentes, encargados de velar por el cumplimiento de lo establecido.
Según una encuesta realizada a sus usuarios por la revista digital Cubahora, el 12,8 por ciento de los lectores manifiesta no conocer las pautas de la Resolución No. 54; un 79 aseguró que no se ha visto favorecido por esta; un 7,7 dijo que a veces, y un 0,5 siempre.
Trabajar por generar una comunicación eficiente entre el pueblo y las diferentes instancias gubernamentales debiera ser una prioridad para todos los sectores de la vida económica, social y política de nuestro país. Proveer de información oportuna y veraz a quienes están carentes de ella, supondría un paso de avance para el entendimiento entre las instituciones y la gente.
Pese a las dificultades externas, un trato justo y adecuado es lo mínimo que merece cualquier consumidor.
Después de casi un año continúo a la espera del veredicto de un proceso judicial que parece extenderse aún más. Mi afectación económica no ha sido remunerada y, por el contrario, fui víctima de engaños, explicaciones sin sentido (o ausencia de estas) e incapacidad de los funcionarios encargados de dar una respuesta. Entonces habrá que preguntarle a Buena fe si la culpa no la tiene nadie...
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