En este mes de agosto ocurrieron en Miami dos hechos que, por su importancia, son dignos de comentar. Ambos eventos no tienen nada en común, pero en artículos recientes he escrito sobre ellos abordándolos por separado. Uno es la corrupción de los políticos en Miami Dade, y el otro, el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades policiacas en este condado floridano.
Los comentarios redactados por mí sobre estos temas han sido con la intención de que los amigos y enemigos que leen lo que escribo escuchen una visión crítica de sucesos que no deberían pasar, pero desgraciadamente ocurren en esta comunidad. Es verdad que el ejercicio de comentar hechos como los aquí acontecidos recientemente, es cual llover sobre mojado, pero es mejor que se forme un lago a un desierto. Además, nada cambia porque se comenten los hechos cuando ocurren: no se ha terminado de escribir sobre un caso, cuando alguno más o menos similar vuelve a ocurrir.
Acusándolos de corrupción, la policía federal —FBI— arrestó a los alcaldes de dos diferentes ciudades del condado el mismo día, y junto con ellos, a dos conocidos cabilderos. A uno de ellos lo conocía personalmente y aunque siempre me pareció medio pícaro, en ningún momento me pasó por la mente que fuera un mentecato. El hombre tenía una muy buena posición económica, ya que es dueño de un próspero negocio que le rinde una apreciable cantidad de dinero y, por lo tanto, sin necesidad alguna de cometer un delito económico.
Resulta que las autoridades le pusieron una trampa y, como el ratoncito Pérez, cayó en la olla por la golosina de una cebolla. ¿Qué hizo? Nada menos que pedir préstamos federales para quedarse con una comisión sobre los mismos. Demostró ser un delincuente y además un tonto al no darse cuenta de que todo era una trampa de la policía federal.
El otro, a quien no conozco personalmente y de cuya situación económica no sé nada, fue aun más baratón y por una mísera cantidad de dinero en comisión, le pasó lo mismo y cayó en la trampa tendida por el FBI. El dúo de delincuentes ya está en la calle en espera del día del juicio, después de pagar una inmensa cantidad de dinero en fianzas.
Dos alcaldes verdaderamente queridos por sus comunidades, llevados esposados, avergonzados y desprestigiados ante las cámaras de televisión, dos casos más en la larga fila de escándalos de corrupción política en esta ciudad donde dicho fenómeno parece una epidemia que, desgraciadamente, nunca termina.
El otro caso es el asesinato por la policía de Miami Beach —otra de las ciudades del condado de Miami Dade— de un jovencito colombiano, estudiante de un preuniversitario local. El muchacho, un flaquito de apenas 120 libras de peso, pintaba ilegalmente sobre las paredes de un edificio abandonado de la ciudad cuando fue descubierto por los agentes y se echó a correr. Uno de los policías que lo perseguían lo alcanzó y le disparó con una pistola eléctrica, de las conocidas como Taser, derrumbándolo y dejándolo inconsciente, sin tan siquiera poder llegar vivo al hospital.
¿Qué les parece? La policía detiene a un flaquito de 120 libras de peso disparándole con una pistola eléctrica que descarga sobre el cuerpo humano unos 400 voltios de electricidad, los cuales pueden paralizar a una persona de 300 libras. ¿Brutalidad policial? Hasta el momento, el agente que hizo el disparo eléctrico fue suspendido, con paga, mientras se lleva a cabo la investigación. No sé qué habrá que investigar.
Cuentan varios amigos del muchacho, que estaban de testigos presentes, que los policías se reían entre ellos, felicitándose por la captura, mientras el muchacho inconsciente estaba tirado en el suelo. ¿Derechos humanos? La Unión Americana de Derechos Civiles está pidiendo una investigación profunda. La policía de Miami Beach le ha pedido a la policía del estado que haga dicha investigación y, por supuesto, se hará, pero estoy completamente seguro, debido a experiencias anteriores, que los resultados de la misma no van a llevar ante los tribunales al policía que le disparó al jovencito, y que a este lo más que le podrá pasar es que lo boten del cuerpo policial, y aquí paz y en el cielo gloria.
Lo más probable es que los alcaldes delincuentes cumplan unos cuantos años en una de esas instituciones carcelarias de este país que, por su comodidad, son conocidas por Country Clubs. El policía, en el peor de los casos, se quedará sin trabajo. ¿Y el dinero robado? ¿Y la vida del muchacho? ¿Y los derechos humanos?
*Periodista cubano radicado en Miami
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