Es como si se empeñaran en que el ciclo de la injusticia fuese interminable. Siempre, una y otra vez, se repiten las vueltas a la tuerca de la obstinación y la venganza del Gobierno de Estados Unidos contra los cinco antiterroristas cubanos prisioneros en ese país hace casi 13 años.
Un ciclo que comenzó desde el momento mismo del arresto el 12 de septiembre de 1998; de los 17 meses en confinamiento solitario; del proceso montado… que aquel viernes, 8 de junio de 2001, confirmó lo que no podía extrañar de un juicio político celebrado en Miami: el tribunal dictó veredicto de culpabilidad contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González.
«Júbilo entre los fiscales, los agentes del FBI y toda la comparsa anticubana y terrorista que allí se reunió; decepción en el rostro de alguaciles honestos y personal de la sala de la Corte que día a día habían seguido el proceso y en su interior reconocían la inocencia de los encausados; desaliento en los abogados que hasta última hora esperaron un veredicto a nuestro favor, al menos en los cargos más infames y falsos», escribió Antonio entonces.
Ahora, un nuevo 8 de junio, es miércoles. Diez años después. Y como si fueran pocas las sinrazones, el 25 de abril la fiscal Caroline Heck Miller, en nombre de la administración de Barack Obama, instó al tribunal de Miami a que rechace el recurso de habeas corpus (o apelación colateral) interpuesto a favor de Gerardo.
Ese trámite legal, último que le queda, se sustenta, entre otros aspectos técnicos de su defensa, en dos cuestiones que afloran como una nueva evidencia: el ocultamiento de la verdad por el Gobierno y la cruzada mediática desarrollada para condenar de antemano a los Cinco, pues con ese objetivo la Casa Blanca adjudicó más de un cuarto de millón de dólares a periodistas locales, utilizando fondos de las mal llamadas Radio y TV Martí.
El habeas corpus pide a Estados Unidos mostrar las imágenes que posee de sus satélites, en las cuales debe constar que las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate fueron derribadas en el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996, un acto con el que nada tuvo que ver Gerardo, después de múltiples advertencias de La Habana a las autoridades de aquel país, donde quedaba claro que Cuba no permitiría una violación más de su soberanía. Pero Washington se niega a enseñar las pruebas que exculparían a Gerardo. ¿Por qué tanto empeño en ocultarlas?
La fiscalía pidió también a la Corte desestimar la solicitud de habeas corpus de Antonio Guerrero y requirió que impugnara una moción presentada por René González.
Son tres acciones casi concurrentes que revelan la naturaleza absurda del proceso contra cinco hombres dedicados a prevenir a su país de actos criminales planificados y ejecutados con impunidad en territorio estadounidense desde hace más de medio siglo.
Curiosamente, el 25 de mayo de 2001 —a pocos días del veredicto de culpabilidad y siete meses antes de ser dictada la sentencia—, la Fiscalía, que representa al Gobierno, admitió en un documento oficial algo sin precedentes. No podía sostener la acusación referida al cargo tres: conspiración para cometer asesinato, referido al incidente de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, que le valió a Gerardo una de sus dos cadenas perpetuas.
Según quedó explícito en el documento «Solicitud de Urgencia de un Auto Inhibitorio» a la Corte de Apelaciones, «a la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo». En pocas palabras: no había pruebas contra Gerardo, de acuerdo con lo requerido por la jueza en las instrucciones que impartió al jurado. No había entonces cómo condenarlo.
Sin embargo, ese texto fue ignorado en aquel instante —como lo es una década después.
Lo que vino después es historia conocida. La Corte rechazó esa solicitud de urgencia y sin preguntar ni titubear, el jurado en pleno, parcializado y amedrentado por el clima imperante en Miami, declaró a Gerardo culpable, en primer grado, del supuesto crimen.
La callada de los medios de prensa estadounidenses ha sido hasta hoy la única respuesta a un tema que por sí solo podría ocupar grandes titulares. No es de extrañar. Lo de la llamada libertad de expresión allí es un cuento, pues este caso en nada se aparta del guion escrito en Washington desde el principio.
Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René fueron arrestados bajo una administración demócrata. Una republicana los condenó y otra demócrata los mantiene en prisión inexcusablemente, pese a que existe un presidente Premio Nobel de la Paz en el sillón de la Oficina Oval.
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