Cada vez es más obvio que el tema de los medios de comunicación tiene que ver con el futuro de nuestras democracias: una dictadura mediática intenta suplantar a las dictaduras militares de pasadas décadas.
No cabe la menor duda de que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y los Estados son soberanos en su administración, en función del interés nacional y general. Sin duda, es falaz la idea de que las empresas son propietarias del espacio radioeléctrico, como quieren mostrar los medios comerciales de comunicación.
En mayo de 2007 se dio en Venezuela una nueva versión del golpe continuado, cuando con la excusa de la democrática decisión del fin de la concesión de una televisora privada —Radio Caracas Televisión (RCTV)— se puso en marcha un renovado plan de desestabilización al mejor estilo serbio.
Los papeles se renovaron: la dirigencia opositora tradicional pasó a un tercer plano, un canal de televisión asumió la conducción política y la provocación al gobierno en busca de una respuesta que los victimizara ante la opinión pública —nacional e internacional— y el lanzamiento como protagonistas (y carne de cañón) de los estudiantes, en especial de las universidades privadas, que, paradójicamente, utilizan las posibilidades de la total libertad de expresión en el país para protestar contra la supuesta falta de esos derechos.
No extraña la insistencia de que en Venezuela sea la «sociedad civil» la que dé la cara, y que a nadie sorprenda que organizaciones del gobierno estadounidense, como el Albert Einstein Institute o la NED, con distintas experiencias en lo que es la resistencia cívica y cómo usarla para fomentar cambios políticos, son las que financien a periodistas y grupos opositores para que realicen su tarea de desestabilización.
Los derechos humanos no pueden existir sin la libertad de palabra, de prensa, de información, de expresión. La transformación de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio, a comunicar, es un principio evolutivo en el proceso de democratización.
La polémica desatada dejó en claro la forma de operar de las derechas latinoamericanas, que consiste en repetir los mismos argumentos que expiden las usinas globales de los Estados Unidos y Europa.
Olvidan que la libertad de expresión tiene una larga y triste historia en este continente e incluye un amplio abanico de violaciones que va desde periodistas desaparecidos, asesinados y torturados hasta ese pertinaz goteo de despidos, siempre avalados por el empresariado mediático, cómplice —salvo honrosísimas excepciones— de las genocidas dictaduras militares.
En Venezuela, los medios fueron factor decisivo para crear las condiciones que alentaron el golpe de Estado de abril de 2002, y luego desataron una feroz ofensiva para promover, estimular y mantener el paro y el sabotaje petrolero, además de silenciar la reacción popular que regresó al presidente constitucional al poder.
En el 2000 el sector público tenía un canal de TV VHF frente a 19 del sector privado, y la proporción en la TV UHF era de 2 a 28. En la radio AM la relación era 36 a 143, y en FM, 3 a 365, con el sector privado con desproporcionada mayoría siempre.
En 2006 la relación en TV VHF seguía siendo 1 a 20, pero en la UHF el sector privado tenía 28, seis canales el público y 44 el comunitario (con limitadísimo alcance). En la radio AM la proporción se mantenía: 36 a 143, pero en FM el privado tenía 440, el comunitario 167 y el público 10.
Hoy en día, la lucha por la democratización pasa por la reconstrucción del espacio público sudamericano (privatizado y vaciado durante décadas), que reúna a los medios estatales, regionales, educativos, universitarios, legislativos y comunitarios, a usuarios y productores independientes.
Hay cosas que pasan en América Latina y que los medios comerciales tratan de ignorar: la nueva ley de radiodifusión en Uruguay que regula y reconoce la existencia de un tercer sector en la radiodifusión: la radio y TV comunitaria; la creación del canal educativo Encuentros en Argentina; la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México contra la obscena ley de radio y televisión aprobada en el gobierno Fox, y la decisión del gobierno de Brasil de avanzar hacia la conformación de una televisión pública nacional. Y lo que temen hoy los empresarios que durante décadas detentaron el poder mediático en América Latina, es que después de esta decisión legal y ajustada a derecho en Venezuela, se suceda el efecto dominó: el temor es por lo que vendrá... en Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, y por qué no, en Brasil.
(Tomado de Rebelión)
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