Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

 La lucha contra las drogas ha servido de excusa a la cada vez más indeseada presencia militar de EE.UU. en la zona.  Cualquiera podría pensar que los visos de urgencia adivinados en la visita que el presidente colombiano Álvaro Uribe acaba de realizar a Washington tienen que ver con la renovación del Congreso norteamericano, y con esa mayoría demócrata decidida por los electores de Estados Unidos como evidencia de su disgusto con la obtusa política exterior de Bush y los muchos escándalos de su administración, cebados en los infelices legisladores republicanos...

Pero lo cierto es que desde antes de las elecciones parciales del 7 de noviembre ya los países andinos andaban de carreras, y recordaban a la Casa Blanca el cercano vencimiento del programa de preferencias arancelarias que Washington implementó desde los 90 y prorrogó en el año 2000 como acompañamiento de su dudosa cruzada contra el narcotráfico en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Cosas del subdesarrollo: la drogadicción en EE.UU. no acabó, pero los helicópteros norteamericanos han campeado a su antojo por el Sur, se impuso la erradicación forzosa... y ahora las naciones andinas casi no podrían vivir sin el plan, conocido por sus siglas en inglés, APTDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas).

Aunque no lo suficientemente enjundiosa como para facilitar los cultivos alternativos que suplantaran los sembradíos de coca o amapola —socorro del campesinado hambriento y en abandono—, la APTDEA fue apenas un aperitivo que, sin embargo, dotó a las necesitadas naciones andinas de mejores posibilidades para colocar sus productos en el mercado norteamericano.

Con las diferencias propias del discurso y la actitud de cada quien —unos ensalzando las decisiones independientes, y otros mejor dispuestos a complacer a EE.UU.—, el vencimiento el 31 de diciembre del programa ha sido apuntado lo mismo por las nuevas autoridades bolivianas que por el empresariado peruano, ministros ecuatorianos... o por Uribe, quejoso de que eliminar las preferencias arancelarias significaría la pérdida de cientos de miles de empleos en su país y, de paso, advirtiendo que ello incrementaría el narco, tan molesto a los congresistas demócratas en su frustración porque la cuantiosa ayuda financiera de EE.UU. no es visible ni en la erradicación de los cultivos ilícitos, ni en la culminación de la guerra y la violencia en Colombia.

Pero Uribe se desenvolvió en Washington sin demasiado apremio ni concesiones innecesarias; de modo digno. En sus declaraciones a la prensa mientras sostenía multitud de entrevistas, fue ostensible su interés por distanciarse de la condición de «aliado de Estados Unidos» con que hace tiempo le identifican muchos analistas y, al propio tiempo, dejar claro que los intereses de su nación deben estar por encima de «distingos partidistas» en EE.UU.

Así, al dar a conocer los tres puntos esenciales de su política exterior, el mandatario apuntó la búsqueda de la amistad con todos los pueblos del mundo, y algo muy importante para los propósitos de su viaje: las relaciones de su país con Washington —dijo— son «de Estado a Estado», «de largo plazo», y «requieren que en Estados Unidos haya un tratamiento bipartidista a las relaciones con Colombia».

Con ello, recordaba que debe haber continuidad en la política hacia su patria, prime quien prime en el Congreso.

La extensión de las preferencias arancelarias, que defendió no solo para su país sino para sus vecinos andinos, se identificó como el tema principal del viaje de Uribe. Pero, si bien es cierto que la necesidad de APTDEA se estaba señalando desde semanas atrás y que su prórroga es imperiosa, también es verdad que Colombia tiene otras inquietudes. Y muchas tienen que ver, de algún modo, con la mayoría conquistada por los legisladores demócratas en la Cámara y en el Senado.

Como la extensión de las preferencias arancelarias —para la cual, dijo Uribe, halló disposición, aunque teme que no será antes de fin de año—, constituye preocupación común para algunos de sus pares latinoamericanos la necesaria ratificación por el Congreso de los tratados de libre comercio (TLC) —ya sean vis a vis o regionales—, que al fin logró establecer EE.UU., ya que no pudo acuñar el ALCA.

Y atemoriza el vencimiento, a mitad del próximo año, del instrumento jurídico que ha permitido la firma presidencial de los convenios sin esperar por el permiso previo del Congreso. Recordemos que el fast track (negociación rápida) solo fue aprobado para W. Bush después de haberse hecho esperar al ex presidente Bill Clinton hasta el fin de su mandato. Aguardando la ratificación congresal estadounidense están Perú, los países centroamericanos con República Dominicana (CAFTA-DR), además de la propia Colombia, donde lo más imperioso parece ser que no venza APTDEA sin que entre en vigor el TLC.

Los pronósticos, sin embargo, no son halagüeños. En declaraciones que citó el diario colombiano El Tiempo, el senador demócrata Christoper Dodd, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la cámara alta, estimó «difícil» que el Congreso de su país renueve las preferencias arancelarias antes de que acabe el 2006. Pero, además, reveló que el Partido Demócrata quiere tomarse un tiempo para evaluar el contenido de esos acuerdos.

Aún peor fue su vaticinio de que el nuevo Congreso revisará las pautas establecidas en el TLC.

«Los republicanos negociaron estos Acuerdos y Tratados de Libre Comercio sin tenernos en cuenta. Ahora (que estaremos en el poder desde enero), queremos revisarlos», sostuvo Dodd.

 Los campos de cocaína y amapola: una realidad causada por la pobreza No resulta gratuito que fuera Álvaro Uribe el primero en dejar entrever posible preocupación por las decisiones que se adopten en el Norte a partir de ahora. Probablemente su país sea el vecino donde, de modo más evidente, pudiera verse la repercusión que el cambio en el legislativo norteamericano tendrá para la región: no debe originar modificaciones sustanciales en la actitud del imperio, pero sí algunos matices en su conducta.

Punto esencial de la política de Bush hacia la zona ha sido, precisamente, el Plan Colombia, no establecido por él sino por Clinton, su antecesor, pero bajo cuya coraza de perseguir la lucha contra las drogas, Washington ha conseguido la presencia permanente en la nación andina de sus asesores militares, con facilidades de vigilancia y movimiento hacia el resto de la región.

Pese a las reticencias, en el año 2003 Bush consiguió ampliar el número de los oficiales que su Congreso permite en Colombia de 400 a 800, y los llamados «contratistas» de 400 a 600. Y ahora, la intención de ampliar el Plan involucrando a Ecuador, ha sido remarcada por más de uno en este país, que ya cedió al Pentágono, hasta 2008, el uso de la base de Manta.

Sin embargo, los 3 000 millones de dólares que Washington ha otorgado a Colombia en ayuda militar mediante ese plan durante los últimos años, hace rato pesan en la conciencia de legisladores demócratas quienes, cada vez con más insistencia, piden, antes de aprobar el desembolso anual, una suerte de constatación de que las matanzas de los paramilitares y la violencia en general, disminuyen en la nación andina.

Aunque más de un funcionario de la administración republicana asegura, desde antes de su vencimiento formal en 2005, que la segunda parte del Plan Colombia va, hay notorias señales de que la decisión no es avalada por todos en el país del Norte. La Casa Blanca ha conseguido mantener el financiamiento mediante la inclusión de las partidas en otros títulos del presupuesto anual, pero se traslucen reticencias.

WOLA (Washington Office on Latin America), una organización que promueve los derechos humanos y la justicia social y económica para América Latina, fue de las primeras en atestiguar con datos y cifras que el programa no había resuelto el problema de la drogadicción en Estados Unidos —que fue la justificación— con lo cual ponía su nota de disgusto ante la posible prórroga. Más recientemente, similares pronunciamientos fueron formulados por un influyente diario norteamericano, en señal inequívoca de que algo se mueve en contra del Plan Colombia II.

Los obstáculos que surjan constituirán un dolor de cabeza adicional no solo para el gobierno colombiano, confiado en la ayuda para continuar su proclamada política de pacificación, sino para el Presidente de Estados Unidos, de quien se dice que ante el nuevo mapa político dibujado en América Latina, decidió «tenderles la mano» retomando el entrenamiento a los ejércitos nacionales latinoamericanos.

Ahora que la hegemonía estadounidense en la región ha sido horadada por los resultados electorales recientes, la mayoría demócrata en el Congreso podría ser handicap para un Bush a quien los sectores conservadores reprochan no haber puesto más atención a sus pequeños y pobres vecinos del Sur.