En los Estados Unidos muchas cosas andan mal desde hace muchos años. Eso no es noticia. Es conocida la historia de agresiones, de actos de guerra, del genocidio en Vietnam, de intervención armada en las repúblicas americanas, del bloqueo genocida contra Cuba, de las llamadas guerras preventivas basadas en mentiras del gobierno para justificar agresiones a estados soberanos. De una «cruzada» contra el terrorismo que nada tiene que ver con las «santas cruzadas» de antaño, porque no hay que ir ahora a buscar tan lejos a los «herejes» (terroristas), están en su país. Para rescatar actualmente el «santo sepulcro de la paz» tendrían primero que poner orden en su propia casa.
En fin, la hoja criminal del Gobierno (poder ejecutivo) de los Estados Unidos supera con creces la de cualquiera de los grandes delincuentes de la historia. Los comentarios y análisis jurídicos de cada uno de los actos de salvajismo y delincuencia internacional merecerán, algún día, varios tomos que están por escribirse. No en balde, votaron en contra del Estatuto del Tribunal Penal Internacional adoptado (por 120 estados) en Roma en julio de 1998.
Por su parte, el poder legislativo también ha quebrado más de una vez la legalidad internacional, baste citar solamente (por razones de espacio) la tristemente célebre «Export Control Act» de 1949, en plena «guerra fría» contra la entonces Unión Soviética, que estableció por primera vez el peculiar régimen de intervención en el comercio internacional por parte de los Estados Unidos, y que alcanza actualmente su máxima expresión en su «nieta corregida y aumentada»: la Ley Helms-Burton.
¿Y qué decir ahora de la «legalización» de las torturas? Jamás pudo pensarse tamaño desatino. El Derecho, desde la antigüedad, es justicia y equidad. No puede «legalizarse» el crimen. La tortura es ilegal y está prohibida internacionalmente. ¡No puede haber tortura buena y tortura mala, como no hay terrorismo bueno y terrorismo malo!
No obstante, quedaba para muchos todavía un reducto, un sitio, un lugar en el cual había aún espacio reservado a la justicia: el llamado poder judicial, que cierra la cacareada trilogía de la división tripartita de poderes, supuestamente garantía de la democracia moderna.
En el sistema judicial han creído, durante muchos años, grandes figuras del Derecho norteamericano, de la intelectualidad, de los movimientos por los derechos civiles. En las cortes norteamericanas se han desarrollado grandes batallas legales que han enriquecido el peculiar sistema del precedente judicial. Son famosas las actuaciones del tercer juez presidente de la Corte Suprema, John Marshall, que estableció el principio de la revisión judicial sobre el legislativo en «Marbury vs. Madison» (1803), a contrapelo del criterio del Gobierno; por su parte el juez Earl Warren, que presidió la Corte Suprema (de 1953 a 1969), dio voto a famosas decisiones que ampliaron los derechos civiles en sobresalientes casos como «Bronwn vs. la Junta Escolar» y «Miranda vs. Arizona». ¿Qué decir de aquel Samuel Leibowizt, que fue presidente de la Corte Suprema luego de haber dedicado largos años de su vida a la defensa de los nueve negros de Scottsboro?
¿Dónde están y qué se han hecho los grandes hombres del sistema legal norteamericano? ¿Qué fue de sus doctrinas, sentadas con sabiduría y valentía en famosos precedentes judiciales? Sin olvidar, por supuesto, graves errores como los casos de Sacco y Vanzetti o los esposos Rosenberg, entre otros.
Un destello de aquella luz pudimos apreciar en Atlanta, luego de la ignominia de la Fiscalía y la jueza Lenard en Miami en el caso de los Cinco Héroes. ¿Acaso solo quedan James Oakes, Stanley Birch y Phyllis Kravitch?
La injusticia se ha sentado en la banca de Atlanta y ha echado por tierra, exactamente un año después, la documentada sentencia dictada el 9 de agosto de 2005. De nuevo se levanta el voto particular de aquellos (Birch y Kravitch) que hace honor a la limpia actuación de los jueces, más allá de las presiones políticas.
¿Dónde está la división tripartita de poderes cuando el Secretario de Justicia hace «lobby» y presiona públicamente para que se sancione a los Cinco? Presiones que se reflejan en el nuevo fallo de Atlanta.
Si algo quedara de aquella tradición, sería hora ya de que la facultad de la Corte Suprema para revisar la ley, sentada en «Marbury vs. Madison», revoque por inconstitucional la legalización de las torturas, y que se ponga fin a la farsa judicial celebrada en Miami contra los Cinco, se revoquen sus injustas condenas y se les devuelva a su Patria.
Solo así habrá verdadera justicia, al menos en uno de los tres poderes. Mientras tanto el mundo civilizado seguirá en pie de lucha, exigiendo, ¿por qué no?, la responsabilidad internacional del gobierno que viola y transgrede el Derecho internacional y su propia Constitución.
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