El expresidente Santiago Peña, esposado y con casco y chaleco antibalas, llegando a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción Autor: Juventud Rebelde Publicado: 18/11/2026 | 11:04 am
Posiblemente el nombre de Santiago Peña no hiciera tanto ruido al ser electo presidente de Paraguay como ahora, cuando el escándalo en torno a un banco con el cual estuvo estrechamente ligado desató un juicio político que lo sacó del poder, y le puso en manos de un proceso judicial que pudiera condenarlo a 15 años.
La víspera, el pedido de la justicia de que sea trasladado a una prisión militar —pues se alega que recibía privilegios en el centro de detención donde se encontraba— mantiene su figura, tristemente, en la palestra, luego de que con el impeachment y su destitución, el Congreso invalidara el propósito del exmandatario de que se le aceptara la renuncia para permanecer indemne como senador vitalicio.
Inhabilitada esa posibilidad, Peña será sometido a proceso en el fuero penal bajo los cargos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Tres millones de clientes entre quienes se encontraban miles de jubilados descubrieron que habían sido defraudados a principios de noviembre, cuando el Ueno Bank se vio imposibilitado de responder por sus cuentas pues las arcas de la institución, virtualmente, se habían vaciado.
Independientemente de lo que la investigación judicial y las propias vistas judiciales demuestren, existen irregularidades visibles.
La primera de ellas es que desde el Banco Central de Paraguay ya se habían detectado anomalías y emitido dictámenes técnicos que desde hace tiempo alertaban de la insolvencia de la entidad.
Sin embargo, esas advertencias, que iban dirigidas al Senado de la República, no funcionaron porque fueron manipuladas por el entonces director del BC, quien también se vio obligado a renunciar junto a unos diez funcionarios involucrados.
¿Cuánto Peña sabría o no de eso? ¿En cuánto de ello participaría o no?
Precisamente, lo que ha hecho declarar a las autoridades incólumes que se debe «devolver la confianza» a Paraguay, son las sombras que planean sobre la actuación del exmPresidente.
Santiago Peña fue accionista del Grupo Vázquez, propietario del banco con el aporte de 1,58 por ciento del capital, participación que formalizó 15 días ¡después de asumir la presidencia!, en agosto de 2023. Solo dos años después se deshizo de ellas.
Ciertamente, es como para asustarse. Ahora la fiscalía lo acusa de ser líder de una asociación criminal integrada por los funcionarios del Banco Central que falsificaron los dictámenes para proteger al Ueno Bank, institución hacia la que ellos habían desviado gruesos fondos provenientes de los recursos públicos y del área previsional, con lo cual el desfalco ha alcanzado a 850 millones de dólares de los cuales 380 millones de dólares correspondían a pensiones.
Y hablaba esta redactora de «autoridades incólumes» porque este martes también acaba de dimitir el fiscal general, Emiliano Rolón, luego de que un grupo de legisladores lo señalara por presunta inacción y por, supuestamente, supeditar el ejercicio de la justicia a intereses políticos.
En cualquier caso, llama la atención que los sucesos ocurrieran en torno a una figura pública que ostentaba la primera magistratura, provisto de una amplia experiencia en el ámbito de las finanzas.
Santiago Peña fue funcionario, precisamente, del Banco Central, laboró en el Departamento de Estudios Monetarios y Financieros de la Gerencia de Estudios Monetarios y en el Departamento de Operaciones de Mercado Abierto (Doma), y con el Fondo Monetario Internacional, hasta su designación como ministro de Hacienda de Paraguay.
Pero esa experiencia no ha bastado para evitarle el mal momento en que los sucesos en torno al Ueno Bank lo han colocado: no accionista ni mandatario.
