Cuba establece nueva metodología para la transformación digital y la IA en la gestión pública Autor: Imagen generada con IA Publicado: 18/11/2026 | 04:18 pm
La administración pública cubana cuenta con una metodología para reorganizar sus estructuras, modernizar los servicios y avanzar hacia la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en sus actividades. La Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada este martes 17 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República, edición ordinaria número 96, establece el marco de actuación para que los organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y los gobiernos territoriales elaboren sus propias estrategias de transformación digital.
La disposición aprueba la Metodología para la Transformación Digital y la Introducción de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública, un documento que integra la gestión por procesos, la arquitectura empresarial, la planificación estratégica y la incorporación progresiva de tecnologías digitales.
La norma responde a las Transformaciones Económicas y Sociales (específicamente la 165), y al papel rector que corresponde al Ministerio de Comunicaciones en esta materia, según el Acuerdo 5115 del Consejo de Ministros, de mayo de 2024.
La resolución entrará en vigor el próximo 24 de noviembre. En ese sentido, se establece que la Dirección General de Informática del Ministerio de Comunicaciones tendrá a su cargo el control de su cumplimiento, mientras que la Secretaría de Transformación Digital evaluará los resultados un año después de su entrada en vigor y determinará las actualizaciones necesarias.
El documento plantea un cambio que supera la instalación de aplicaciones y la informatización de las actividades habituales. Su objetivo consiste en revisar cómo funcionan las instituciones, identificar los obstáculos administrativos, reorganizar los procedimientos y aprovechar las tecnologías para mejorar la atención a la ciudadanía.
Primero, el diagnóstico
La metodología adopta el modelo IDEAL, cuyas etapas comprenden identificar, definir, explorar, actuar y aprender. A partir de ese enfoque establece cuatro grandes momentos: iniciación y organización del trabajo, diagnóstico integral, análisis y definición de la estrategia, y diseño de la propuesta estratégica.
El primer paso consiste en crear una estructura de dirección con tres niveles. El estratégico corresponde al Comité de Transformación Digital, presidido por la máxima autoridad del organismo o territorio. Este órgano aprueba la estrategia, asigna recursos y evalúa los resultados generales.
El nivel táctico recae en una Oficina de Transformación Digital, integrada por especialistas en tecnologías, planificación estratégica, comunicación y recursos humanos. Su función consiste en coordinar las acciones y conectar las decisiones de la dirección con el trabajo de las áreas institucionales.
Por último, los equipos de proyecto asumen la ejecución operativa. Su composición debe responder a las características de cada iniciativa y reunir perfiles de distintas especialidades.
La metodología también exige integrar al equipo ejecutivo a responsables de tecnologías digitales, planificación, procesos institucionales, comunicación, calidad, gestión de información y recursos humanos, además de representantes del personal que presta servicios directamente a la población.
Esta composición responde a uno de los principios centrales del documento: la transformación digital debe involucrar a toda la institución y contar con el liderazgo de sus máximos responsables. No corresponde exclusivamente a los departamentos informáticos.
La segunda etapa comprende un diagnóstico integral de cada entidad. Para ello, el documento introduce el Expediente Digital de Arranque, que reúne información sobre la misión institucional, las funciones, la estructura organizativa, la legislación aplicable y la estrategia de desarrollo.
El diagnóstico examina cuatro ámbitos fundamentales: personas, procesos, tecnologías y datos. En el primero, las instituciones deberán evaluar la cultura digital de directivos y trabajadores, sus conocimientos tecnológicos, las actitudes ante los cambios y las necesidades de capacitación. También identificarán perfiles profesionales que requieren reconversión.
En el ámbito tecnológico, la revisión incluye los programas informáticos existentes, su compatibilidad, la infraestructura de hardware, las redes, la conectividad, las vulnerabilidades de seguridad y las posibilidades de intercambio de información entre sistemas. También contempla la identidad digital y el uso de la Ficha Única del Ciudadano.
La evaluación de procesos comprende las actividades estratégicas, las de apoyo y las que determinan los servicios principales de cada institución. Los organismos deberán identificar procedimientos que todavía funcionan mediante mecanismos tradicionales, sistemas que automatizan determinadas operaciones y aplicaciones que no intercambian información entre sí.
El propósito consiste en elaborar un mapa de procesos y determinar qué herramientas tecnológicas respaldan cada actividad. Así podrán localizar duplicidades, obstáculos administrativos y oportunidades de integración.
El diagnóstico incorpora diez dimensiones para medir la madurez digital: gestión de riesgos y cumplimiento, creación de valor con datos, estructura organizativa, calidad de datos, metadatos y clasificación, seguridad y privacidad, arquitectura de datos, gestión de su ciclo de vida, auditoría e informes y cultura de datos.
Cada dimensión permite evaluar una capacidad institucional distinta. Por ejemplo, la calidad de los datos considera su exactitud, integridad, consistencia y actualidad, mientras que la arquitectura de datos examina la existencia de una estructura que facilite su organización y utilización.
La metodología añade una evaluación específica sobre la preparación de cada organismo para incorporar IA. Para ello utiliza una escala de siete niveles, desde Principiantes y Observadores, que corresponden a entidades sin experiencias de implementación o que apenas siguen el desarrollo de estas tecnologías, hasta Conversadores, Pensadores, Hacedores, Creadores y Líderes.
Los últimos cinco niveles describen una progresión de capacidades. Comienza con asistentes virtuales y chatbots; continúa con sistemas que analizan información y apoyan decisiones; avanza hacia herramientas capaces de ejecutar tareas autónomas y soluciones generativas; y culmina con una inteligencia artificial integrada en la coordinación de personas, procesos y sistemas institucionales.
De la estrategia a la aplicación
La tercera etapa organiza los problemas detectados y establece las prioridades. Cada organismo o territorio deberá identificar oportunidades de mejora, definir objetivos y determinar qué procesos pueden beneficiarse de soluciones digitales o de IA.
Para seleccionar las iniciativas, la metodología establece cinco criterios: impacto estratégico, viabilidad técnica, dependencia funcional, riesgos de implementación y generación de valor para la ciudadanía y la institución.
La cuarta etapa conduce al diseño de la estrategia de transformación digital. Esta incluirá objetivos, líneas de acción, resultados esperados e indicadores para cada uno de los ocho ejes de la Agenda Digital Cubana: marco normativo; infraestructura, conectividad y acceso digital; economía digital; educación y cultura digital; gobierno digital; innovación; ciberseguridad; y contenidos digitales.
La propuesta también incorporará una estrategia de IA, una hoja de ruta, un modelo de gestión, indicadores globales, mecanismos de control de riesgos y un plan de inversiones y presupuesto. El documento exige que las partes involucradas participen en su elaboración y que el máximo órgano de dirección de cada entidad apruebe la propuesta.
La planificación establece tres horizontes temporales entre 2026 y 2030. El primero, correspondiente a 2026-2027, prioriza la creación de capacidades: gobernanza de datos, infraestructura, formación de personal, actualización normativa y selección de proyectos piloto.
El segundo horizonte, previsto para 2028, comprende la digitalización de procesos clave, la integración de sistemas y la puesta en marcha de proyectos piloto de IA. El tercero, entre 2029 y 2030, apunta a extender las soluciones que demuestren resultados, optimizar los procesos y consolidar las capacidades institucionales.
La incorporación de IA también tendrá tres fases. Durante la primera, las instituciones prepararán sus condiciones organizativas y tecnológicas. En la segunda desarrollarán proyectos piloto con aplicaciones de los niveles Conversadores y Pensadores. En la tercera ampliarán las soluciones exitosas e incorporarán capacidades correspondientes a los niveles Hacedores y Creadores.
El documento establece una condición esencial para avanzar: primero los datos, después la inteligencia artificial. Antes de incorporar estas herramientas, cada organismo deberá garantizar la calidad, disponibilidad, seguridad e integración de su información.
La metodología resume estas condiciones en las llamadas tres I: integridad, integración e inteligencia. La primera comprende la exactitud y consistencia de los datos; la segunda, su intercambio seguro entre sistemas; y la tercera, la capacidad de convertirlos en información útil para tomar decisiones.
Ética, soberanía y control de resultados
La normativa también incorpora principios para el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Entre ellos figuran la transparencia, la trazabilidad, la equidad, la protección de datos personales, la supervisión humana, la seguridad, la robustez, el beneficio social y la sostenibilidad.
Uno de sus planteamientos establece que los ciudadanos deben conocer cuándo y cómo interviene la IA en decisiones que les afectan. Asimismo, los sistemas no deben reproducir ni amplificar prejuicios o desigualdades. Las decisiones críticas relacionadas con los derechos de las personas deben mantener una supervisión humana significativa.
La soberanía tecnológica y de datos ocupa otro lugar central. El documento plantea que la información de los ciudadanos y de la Administración Pública debe residir en infraestructura nacional o bajo acuerdos soberanos. También exige que las soluciones de IA sean auditables, prioriza el desarrollo de capacidades nacionales y fomenta la colaboración con universidades y centros de investigación.
La metodología establece un sistema de seguimiento con distintas frecuencias. Los equipos de proyecto reportarán semanalmente sus avances y obstáculos; la Oficina de Transformación Digital informará cada mes al Comité; este evaluará trimestralmente el desarrollo de la estrategia y, cada año, las instituciones revisarán sus resultados generales.
Entre los indicadores figuran el índice de madurez digital, el nivel alcanzado en la Pirámide Funcional de IA, el porcentaje de procesos y trámites digitalizados, la satisfacción ciudadana, la capacitación de los trabajadores, la interoperabilidad y el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad.
La transformación también contempla cambios en la composición de la fuerza laboral. Cada entidad deberá identificar plazas que puedan quedar obsoletas, diseñar programas de reconversión y capacitación, determinar nuevos perfiles profesionales y evaluar el impacto de los cambios en el clima organizacional.
Con esta metodología, la administración pública nacional dispone de un marco común para diseñar su transformación digital hasta 2030. Su alcance dependerá de la capacidad de cada organismo para convertir los diagnósticos y las estrategias en mejoras verificables, con servicios más accesibles, procesos menos burocráticos y un uso responsable de la tecnología.
