El propósito de Estados Unidos no es protegerse, sino asegurarse lo que no es suyo. Autor: Luis Enrique Pérez Hecheverría (Lui) Publicado: 10/10/2026 | 08:05 pm
Por primera vez desde que comenzó la falaz cruzada antinarcoterrorista de Estados Unidos, pescadores a bordo de nuevas embarcaciones hundidas por el Comando Sur cuando desarrollaban sus faenas en alta mar, no fueron asesinados. Finalmente, a los trabajadores —esta vez eran ecuatorianos— se les llevó ante la justicia de su país, donde —¡mala cosa para el titular estadounidense de la Guerra, Pete Hegsteh, y la política de Donald Trump— fueron declarados ¡inocentes!
Pero el hecho de que por esta ocasión los acusados sin pruebas por Washington no fueran muertos, no resta un ápice al carácter injerencista, ilegal e inmoral de la vigilancia y persecución de las tropas del Pentágono por el Mar Caribe y el Océano Pacífico desde hace más de medio año.
Hasta el momento no existían detenidos, porque las embarcaciones «sospechosas» de tráfico de drogas y sorprendidas mientras faenaban en busca de pesca, habían sido bombardeadas por los marines que ilegalmente patrullan los mares del sur y fueron hundidas sin más con sus tripulantes dentro, víctimas de lo que expertos de Naciones Unidas han calificado como ejecuciones extrajudiciales.
Las cifras más conservadoras dicen que una treintena de embarcaciones habrían sido destruidas y un centenar de individuos muertos. Sin embargo, el hecho de que en este caso no hubiese ocurrido exactamente así, no implica que el presunto enfrentamiento al flagelo se realizará de manera más justa.
Hoy, el denominado combate a lo que se ha calificado de modo amplio y ambiguo en Washington como «narcoterrorismo» tiene un tufillo antiprogresista idéntico al anticomunismo macartista, y es la excusa para el redespliegue militar de Estados Unidos por este hemisferio y su intervención en nuestros mares y suelos.
El propósito de Estados Unidos no es protegerse, sino asegurarse lo que no es suyo.
Tras ser absueltos, los 32 tripulantes de los pesqueros hundidos esta semana dijeron que emprenderían acciones legales para exigir que se investigue la destrucción de sus útiles de trabajo y su apresamiento ilegal.
Mas nada invita a pensar que se les indemnice, se les haga justicia, y menos que la estrategia estadounidense para penetrar los espacios latinoamericanos y caribeños cambie.
Por el contrario, para profundizarla, Washington afina los nuevos instrumentos de que se ha hecho con el concurso de los gobiernos derechistas que, algunos de ellos con la misma injerencia de la Casa Blanca y su favor, han llegado al poder.
De esa forma se materializa su estrategia intervencionista. Un remedo de la misma política hegemónica proclamada hace dos siglos que, en honor a los «aportes» de Trump, ha dado en llamarse doctrina Donroe.
Recursos naturales y comercio también cuentan
Debe reconocerse que, en su política hacia América Latina, la actual administración de la Casa Blanca ha sido consecuente con lo anunciado en su llegada a este, su segundo mandato, cuando aseguró que enviaría tropas a la frontera sur, supuestamente, para repeler lo que llamó «desastrosa invasión» de Estados Unidos, y nominó a los cárteles como «organizaciones terroristas extranjeras», arrogándose el derecho de intervenir los suelos vecinos tras ellos.
Con esa narrativa, el Pentágono ha retomado bases en Sudamérica y el Caribe para volver a poner a buen recaudo a la región, y ha formalizado pactos y alianzas con los gobiernos sudamericanos aliados que incluyen presencia militar y acceso de Washington a los recursos naturales de sus naciones; además de presionar por un intercambio comercial que saque de Latinoamérica las inversiones de China, país que ha considerado un enemigo extrarregional.
Uno de los instrumentos de la administración republicana que esta se dispone a utilizar sin demora es el llamado Escudo de las Américas, al que se han integrado 15 países con la reciente entrada de Perú, Colombia y Chile, nación donde la voluntad del mandatario José Antonio Kast de unirse ha levantado chispas, incluso, en sectores de la derecha.
Algunos en Chile se preguntan preocupados qué deberes asume el país al integrarse al esquema. Las dudas pueden asentarse en los nuevos detalles que han aflorado acerca de la iniciativa estadounidense. Según trascendidos, una reunión de Washington con el resto de los países miembros a propósito de la asistencia de sus gobernantes a la Asamblea General de la ONU, concluyó que la primera acción conjunta está dirigida contra, al menos, las 24 organizaciones que Estados Unidos y los Gobiernos participantes consideraron «narcoterroristas transnacionales».
La así denominada Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica —¡vaya manipulación del término!— contempla que para ejecutar la «acción individual y colectiva» contra el narcoterrorismo podrán aplicarse «congelaciones de activos»; «restricciones de inmigración y de visas para miembros, asociados y simpatizantes» de esas organizaciones; y exigirse «responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, brinden apoyo material, incluido el apoyo logístico», a las mismas.
Vistos los hechos y conociéndose al protagonista, cualquiera puede preguntarse en qué presunciones se basará Washington para señalar responsables y, más que ello, cómo se garantizará que individualidades o colectivos ligados al progresismo o el activismo social no sean castigados luego de acusárseles, como a los pescadores ecuatorianos, sin real sustento.
El concepto de la supuesta «soberanía hemisférica» incluyendo a Estados Unidos que ahora se suma a la nomenclatura de su administración puede no ser más que otro disfraz para legalizar la injerencia y la obediencia de las naciones al sur cuyos Gobiernos han sucumbido a sus engañifas… o sus presiones.
