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Los panameños siempre han defendido la soberanía sobre su Canal. Autor: Tomada de Twitter Publicado: 19/04/2025 | 08:22 pm
La omisión por Estados Unidos de una frase breve pero trascendental en su versión del memorando recientemente firmado con Panamá, fue la mecha que encendió las denuncias de los istmeños desde hace más de una semana.
Según la Cancillería centroamericana, el acuerdo suscrito con Washington por intermedio de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó plasmado el reconocimiento de la Casa Blanca a la soberanía panameña sobre el Canal. Pero, —¿errores de la traducción?— en el texto divulgado allá, de eso no había nada…
La explosión en sectores sociales e, incluso, dentro del ejecutivo que preside José Raúl Mulino —según reveló el diario La Prensa—, llegó este viernes hasta la renuncia del vicecanciller, Carlos Ruiz Hernández, identificado por el periódico como «uno de los funcionarios más cercanos y estratégicos en el manejo de las tensas relaciones con el país que gobierna Donald Trump».
En su carta de dimisión, el renunciante asegura que Hegseth dejó claro antes de concluir su visita a Panamá, que el Canal es de ese país.
No obstante, la ausencia o presencia de esa frase ha sido solo la chispa. Debajo existe suficiente gasolina para provocar un incendio, y las llamas ya están ardiendo.
La primera circunstancia que torna explosivo el asunto es la insistencia de Trump en que retomará para EE. UU. el control sobre la vía. Para rematar, su exclamación —una vez más, con desprecio hacia los otros— de que «hemos movido muchas tropas» hacia el Canal y «ocupado áreas que antes teníamos», terminó por enardecer los ánimos en un país donde la soberanía sobre el paso interoceánico es causa nacional y que, evidentemente, ahora es presa de «trampillas» del Presidente estadounidense a las autoridades locales… o ha faltado completa sinceridad de esos funcionarios en relación con lo que acontece. Ahí está otra parte del combustible.
Y es que la falta de reconocimiento explícito a la «panameñidad» del Canal no fue el único «gazapo» entre las dos versiones. Mientras la variante estadounidense de la Declaración conjunta suscrita, habla de que el acuerdo permitirá a los buques militares de EE. UU. transitar con prioridad y sin pago por la vía, el Canciller panameño asegura que se trata de una «compensación por servicios» y un «modelo de costo neutral», términos que no resultan muy transparentes como para que todos entiendan si aquellos barcos pagan, o no, y a cambio de qué.
Para Trump, quien en un primer momento se declaró «estafado» por los que consideró altos peajes que se cobran a las embarcaciones de su país, ese tema, en apariencia, es significativo.
Punta de lanza contra China
Sin embargo, son otras motivaciones más estratégicas las que están detrás de las presiones con que el magnate vuelve a usar el chantaje y la presión para doblegar a quienes tiene enfrente, haciéndolos bajar la guardia y acorralándolos contra las cuerdas a modo de conseguir lo que quiere, como ha hecho con el engorro de los aranceles.
Ya es un secreto a voces que la presencia china en América Latina y, en general, la expansión de sus lazos comerciales por el mundo, constituye una de las primeras preocupaciones del hombre que promete volver a hacer grande a su país.
Así lo ha demostrado también con la candente situación que han provocado sus amenazas arancelarias. Y así está ocurriendo con Panamá.
La inmediata retirada de esa nación de las iniciáticas chinas de la Franja y la Ruta de la Seda luego de la visita que el gris jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, hiciera al istmo, indica que el ejecutivo panameño se fue de esos proyectos… bajo presión.
También resulta sintomático que se realizaran auditorías al trabajo que una transnacional hongkonesa desarrollaba en los puertos de Balboa y Cristóbal, operados hasta ahora por ella, y que todo concluyera con su retirada de esos enclaves.
Trump insiste en que China «controla el Canal» y, por lo tanto, se estaría violando el Tratado de Neutralidad suscrito junto con los Tratados Canaleros
que, entre otros postulados, debe asegurar el tránsito seguro y pacífico de todas las naves por igual. Nada de eso se ha violado, pero, como ocurre siempre cuando se concede demasiado, después de Rubio, Hegseth fue por más.
Y ahora se trata del retorno de las tropas de un cuerpo castrense que en 1964 asesinó a decenas de panameños que exigían la devolución del Canal, y que fue dueño y señor desde las instalaciones militares que «custodiaron» la vía. Esas fortificaciones, junto con sus residencias, conformaron lo que se conoció como «la Zona del Canal»: un espacio triste y humillante que significó un pedazo panameño colonizado por los marines. No fue hasta la implementación de los Tratados Canaleros firmados por James Carter y Omar Torrijos en 1977, y aprobados en referendo por el pueblo istmeño, que la usurpación empezó a revertirse.
La verdadera devolución —que no es la que el Presidente de EE. UU. reclama— comenzó a verificarse a partir de 1979, con las primeras entregas de los terrenos e inmuebles ocupados por la soldadesca. En ese año dejó de existir formalmente la odiosa Zona del Canal. Pero EE. UU. se reservó todavía el uso de terrenos y espacios que no tuvo más remedio que desocupar en el último minuto del 31 de diciembre de 1999.
Al abrir el año 2000, y después de esfuerzos diplomáticos, luchas populares y vicisitudes que incluyen el haber sufrido la avasalladora invasión estadounidense de diciembre de 1989, el Canal amaneció completamente panameño, operado de modo total por sus autoridades y, al fin, soberano y libre.
¿ Regresión ?
Veinticinco años después de aquella fecha clave, el denominado Memorándum de Entendimiento relativo a las actividades cooperativas en materia de seguridad entre EE. UU. y Panamá, ha justificado la presencia ya en el istmo de más de mil soldados estadounidenses —como se ufanó el Jefe del Pentágono— junto con dos cruceros, dos guardacostas, aviones caza, y una compañía de infantería del cuerpo de marines. Todo, «en colaboración» con Panamá.
Desde la Cancillería de ese país han dicho que el despliegue es para ejercicios y maniobras conjuntas; pero por otros lados circula que efectivos y enseres bélicos estarán allí por unos tres años, con derecho a prórroga. Solo que su presencia no será permanente sino… rotatoria.
Para más señas, van a aposentarse donde estuvieron sus bases por casi un siglo, supuestamente para defender el Canal, según quedó estipulado en el Tratado Hay-Bunau-Varilla, de 1903, que le otorgó a Estados Unidos todas las prerrogativas sobre los terrenos donde después se construiría el Canal.
Además de la reactivación de sus antiguas bases, ha trascendido que el Memorando planea la reactivación de la llamada Escuela de Operaciones en la Jungla, que radicó en Fort Sherman. Ante los peligros de regresión que ello representa, esta semana fue interpuesta una demanda de inconstitucionalidad contra el convenio por parte del abogado Juan Ramón Sevillano Callejas. Según denunció, el propósito del nuevo acuerdo suscrito es que Washington retome el control sobre la vía.
La soberanía en juego
Parece imposible que la sociedad panameña olvide un siglo de tanta injuria. Tampoco resulta fácil pensar que el país pase por alto las peligrosas «incongruencias» que emergen de las indeseadas «negociaciones» entre la Casa Blanca y el Palacio de las Garzas; tratativas forzadas, a todas luces, por la prepotencia de Trump quien, aparentemente, no ha encontrado hasta ahora en la contraparte, demasiada resistencia…
Las protestas que movimientos sindicales y sociales iniciaron desde las primeras amenazas de Washington tendrán seguimiento la semana que comienza, cuando se han anunciado nuevas movilizaciones y una huelga general indefinida convocada por otras demandas y en rechazo a las políticas del Gobierno, a las que se sumará la reivindicación de la soberanía istmeña.
Entrevistado por Telesur, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria, la Construcción y Similares, y vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida, exigió una investigación sobre lo acordado en este y otros memorandos firmados con Estados Unidos y no sacados a la luz, y demandó que el más reciente acuerdo sea remitido al Parlamento. Según denunció, «se está vendiendo la nación panameña».
