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Como parte de la guerra económica librada contra la República Bolivariana, el despojo de la empresa Citgo ha sido un objetivo prioritario para el imperialismo y la ultraderecha venezolana. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 22/06/2024 | 09:02 pm
Subastar la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo, como ha dictaminado un tribunal de Delaware, equivale a desmembrar, como si se la cortara en trozos, una de las empresas más importantes para la economía venezolana.
Y ponerla a disposición de compradores a la voz del «¿Quién da más?», como ha ocurrido en los últimos días, resulta una acción humillante que puede equipararse a la imagen del desguace del avión de la venezolana Emtrasur, retenido por dos años en Argentina por orden de EE. UU., y que el presidente Javier Milei, «complaciente», entregó a Washington para que lo hiciera retazos de metal en cuanto llegó al poder.
También Citgo fue incautada por mandato de la administración de Donald Trump y a pedido de la derecha venezolana desde el año 2019, como resultado de las medidas coercitivas unilaterales que constituyen instrumento de la política exterior estadounidense.
Su venta ahora a firmas extranjeras mediante la subasta de sus acciones obedece, sin embargo, a enredados manejos judiciales que siguieron a esa ilegal decisión y pasan, en primer lugar, por el desconocimiento a las autoridades de Venezuela, la entrega de Citgo a representantes espurios de la oposición y la manera en que estos, presuntamente, dilapidaron las ganancias que dejó la empresa en el lapso en que Washington les nombró como supuestos dueños.
Ello ha provocado pérdidas a la economía venezolana que se suman al saldo que dejan otras medidas de castigo contra la comercialización de los hidrocarburos de ese país, su principal rubro, y que alcanzan miles de millones de dólares . Pero subastar a Citgo constituye un robo y una ofensa.
Mentira sobre mentira
El carácter injerencista de las denominadas sanciones y sus efectos lesivos a la economía y al crecimiento de las naciones e, incluso, al disfrute de los derechos humanos de sus pobladores, ya se ha denunciado y condenado otra vez, esta semana, en el contexto de la Asamblea General de la ONU.
Una treintena de países de distintos lugares del mundo —incluida, desde luego, Cuba— sufren hoy los efectos de esos dictámenes ilegales de coerción, emitidos con propósitos políticos, casi todos desde Estados Unidos y respaldados en algunos casos por Europa, y que no solo representan prohibiciones para impactar negativamente en sectores específicos, importantes para el desarrollo de una nación. También empresas e individuos son incluidos en las listas negras de la OFAC.
Lo primero que se lee en la página web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. al explicar la «misión» de esa entidad, basta para calar la manipulación con que se justifica la imposición de esas medidas, aplicadas bajo el alegado propósito de garantizar la «seguridad nacional» de Estados Unidos. En realidad, se trata de obligar a que se obedezcan y adopten sus dictámenes, como modo de asegurar los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca en el mundo.
«La OFAC administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos», dice el panfleto digital.
Ello resulta suficiente para entender por qué hay listas unilaterales y mentirosas donde Washington incluye a las naciones a las que acusa injustamente de «terroristas»; por qué otras son declaradas, sin argumentos que lo expliquen, como un peligro para su país; por qué a terceras se les impide el desarrollo de la energía nuclear con fines humanitarios, y un largo etcétera.
Tras esa mampara se erige todo un andamiaje del que resultan víctimas, entre otras, naciones como Yemen, Siria, la República Popular Democrática de Corea, Libia, Irán, China, Etiopía, el Congo, Belarús, Cuba y Rusia, que tiene el récord de ser el país contra el cual están vigentes mayor número de sanciones seguida, tal vez, por Venezuela, contra la que se han implementado unas 900; aunque ningún castigo resulta tan prolongado como el que se aplica contra la Mayor de las Antillas, que es también el más feroz por conformar una madeja de prohibiciones que se entrelazan hasta trenzar un tejido difícil de traspasar.
Todos los nombres de esos países y de otros, así como los de algunas regiones, pueden leerse en las páginas de la OFAC…
De ese entramado de presiones e intentos de chantaje destacan las sanciones consistentes en congelamientos de activos, que confiscan ilegalmente dinero de los países castigados en el exterior, o sus empresas —como Citgo—, allende las fronteras.
Pero el último «grito de la moda» en la materialización de esa política injerencista y dominadora es apropiárselos y no solo inmovilizarlos, como va a ocurrir con la filial de Pdvsa en territorio estadounidense y parece va a pasar con los fondos de Rusia si, finalmente y como ya han aprobado en Estados Unidos y la Unión Europea, los más de 300 000 millones de dólares en activos en el extranjero del Banco ruso, que ya fueron congelados, se invierten en armas para Ucrania.
Otro tanto ha ocurrido contra Venezuela, que posee entre 24 000 y 30 000 millones de dólares bloqueados en el exterior, según afirmó el presidente Nicolás Maduro en 2022.
Citgo constituye parte importante de esos valores, pues es el mayor activo de Venezuela en el extranjero.
Culpables, ¿quiénes?
No faltan quienes al narrar lo acontecido señalan a la justa política de nacionalizaciones puesta en vigor por el líder bolivariano Hugo Chávez poco después de su llegada al Gobierno, con más fuerza entre los años 2008 y 2009, como la responsable de las deudas que se adjudican a Citgo en relación con firmas extranjeras identificadas como sus «acreedores».
Sin embargo, ello desconoce, primero, el derecho que internacionalmente se registra a la nacionalización por causa, entre otros aspectos, de interés de soberanía nacional, un enunciado también reconocido por las leyes venezolanas y factor que sigue primando en la intención de que la explotación de las riquezas naturales de Venezuela sean disfrute, en primer término, de la nación. Es lo apropiado, sin desconocer la presencia de inversionistas extranjeros que, no obstante, no debían seguirse llevando la mayor parte.
Acuerdos adoptados en su momento, por ejemplo, con la estadounidense Chevron, la británica BP, la noruega Statoil y la francesa Total, firmas que aceptaron los términos propuestos por Caracas, permitieron que estas transnacionales permanecieran como socias minoritarias cuando se nacionalizaron cuatro refinerías de crudo pesado en la Franja del Orinoco en el año 2007. Ello corrobora que, en último caso, hubo la posibilidad de acuerdos. Otras se retiraron.
Incluso, voceros de la burguesía aliada a la derecha política como lo era en aquel momento la patronal Fedecámaras, criticaron entonces que el Gobierno estuviese gastando demasiado dinero para las compensaciones que siguieron al proceso nacionalizador, y se quejaban de que el Gobierno de Chávez había empleado 20 000 millones de dólares en los meses previos a abril de 2008 en compensaciones, según divulgó la acreditada publicación Deutsche Welle.
Pero los dictámenes judiciales en el estado de Delaware y los tribunales implicados en el proceso, también ignoran que las propias medidas de castigo aplicadas por EE. UU. desde 2019 contra la industria petrolera venezolana e, incluso, la incautación de Citgo —que arbitraria, injerencista e ilegalmente Trump puso en manos del «presidente interino» fantoche Juan Guaidó— impidieron al legítimo Gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro pagar a los tenedores de bonos de Pdvsa, quienes también son tenidos en cuenta ahora por los tribunales estadounidense como demandantes.
Sin embargo, el elemento evadido por interés político de modo más flagrante es el peso que los malos manejos de la camarilla Guaidó tiene en la alegada deuda de Citgo.
Investigaciones de la publicación digital Misión Verdad que se basan en información de Pdvsa, afirman que el 80 por ciento del total de 20 800 millones de dólares que reclaman los 17 llamados acreedores que han sido aprobados para la subasta de acciones de Citgo, fueron utilizados por Guaidó y su cohorte para financiar actividades extensivas, un dinero tomado directamente de las filiales comerciales de Pdvsa en EE. UU., razón por la cual la empresa matriz no recibió dividendos.
Incluso, añade el artículo, la administración Trump dio carta abierta para que la oposición venezolana accediera a las cuentas bancarias de Petróleos de Venezuela en territorio estadounidense.
Subastar Citgo ¿es o no un despojo contra Venezuela
