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Ellas ganaron con la COVID-19

Está a punto de expirar la emergencia nacional de salud pública declarada por Estados Unidos por la pandemia y se acaba la cobertura gubernamental para las vacunas

Autor:

Juana Carrasco Martín

Está a punto de expirar la emergencia nacional de salud pública declarada por Estados Unidos por la pandemia de la COVID-19 y se acaba la cobertura gubernamental para las vacunas anti-COVID-19, producidas por las gigantes farmacéuticas Pfizer y Moderna.

A partir de mayo los estadounidenses deberán pagar cada dosis del medicamento y aunque el Comité del Senado de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones tendrá una audiencia el próximo 22 de marzo para discutir el precio de las vacunas, ya se conoce que de los 15 dólares que el Gobierno ha estado pagando por cada dosis de la Pfizer y 31 dólares a Moderna, cuando salga del bolsillo de cada individuo o de las compañías de seguros de salud, ambas empresas han propuesto precios requete multiplicados: 110 y 130 dólares, respectivamente.

La pregunta es inevitable: ¿Es un «precio justo» o especulador?, cuando ambos consorcios gozaron del beneficio de los fondos del Gobierno o mediante los Acuerdos de compra anticipada (APA), financiación pública aportada por los contribuyentes, quienes en realidad pagaron hasta el último centavo para la investigación, desarrollo y producción de las vacunas, además cubriendo los riesgos financieros de cualquier fracaso y garantizando el mercado si tenían éxito, como fue el resultado.

Se sabe que las farmacéuticas, habitualmente entre los consorcios más lucrativos del mundo, hicieron su agosto con la pandemia. El Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales SOMO, con sede en Países Bajos, ha publicado un informe sobre las ganancias obtenidas por cuatro de siete de esas empresas privadas que investigó en 2021 y 2022: 90 000 millones de dólares.

Se trata de las dos mencionadas, además de BioNTech y Sinovac. Solo Pfizer sumó 35 000 millones de dólares y Moderna 20 000 millones.

Ahora, los contribuyentes tendrán que comprar a precios muy altos las nuevas dosis, una búsqueda descarada de ganancias por parte de los consorcios, como lo calificó SOMO. También los europeos y otros países del entorno de los «desarrollados» tendrán que costear las acrecentadas ganancias. Esos son sus mercados predilectos, los que en medio del clímax de la mortal enfermedad, acapararon las inoculaciones, sin importar que estas aún no han llegado a una buena parte de la población mundial, por supuesto, los pobres y subdesarrollados.

Una inequidad bochornosa que, afirman no pocos expertos, prolongó la pandemia porque no todo el mundo se vacunó al mismo tiempo y ello abrió las puertas a nuevas cepas o variantes del SARS-CoV-2, algunas mucho más letales y otras de más fácil propagación.

Por más que no pocos países pidieron la suspensión de los derechos intelectuales o patentes de las vacunas mientras durara la pandemia, esto no se logró, y las farmacéuticas se hicieron inmensamente más ricas en estos tres años nefastos.

Sin embargo, hay una realidad, a medida que la pandemia disminuye, es también menor la demanda de vacunas entre la población.

En Estados Unidos, incluso, un segmento no desdeñable de sus habitantes rechazaron las medidas de prevención y cuidado para evitar la propagación de la pandemia, y otro se resistió a la inyección salvadora, de ahí el nada respetado galardón de tener el número uno en la suma de personas confirmadas de coronavirus: 103 647 093, y de fallecidos1 122 217.

El marketing ha sido la premisa de estos oligopolios que ven solo a través del prisma de cuánto se gana y no a cuántos salva. Si no tuvieran un mercado comprador seguro, con el margen de ganancias que les haga cada vez tener más en sus cuentas bancarias, podrían hasta dejar de producir lo que debe ser, por encima de todo, un bien público y no un negocio.

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