Lasso endurece la mano

Poco ha durado la luna de miel del nuevo ejecutivo ecuatoriano y la ciudadanía, endulzada por una gestión contra la COVID-19 que repuso a los pobladores de la dejadez con que Lenín Moreno permitió el avance de la enfermedad y contempló, impasible, la muerte.

El inesperado estado de excepción decretado esta semana por el presidente Guillermo Lasso promete ser un parteaguas en esa relación, y aunque parece justificado —como él ha dicho— por el aumento de la criminalidad, algunos estiman que más que acabar con la espiral de violencia y el increíble auge del narcotráfico, la pretensión también podría ser no dejar que avance la protesta social. O, tal vez, ambas cosas.

La medida durará dos meses y da carta blanca a la policía y al ejército para desandar, hacer y deshacer.

Los gendarmes estarán patrullando las calles en las provincias más violentas durante las 24 horas, y podrán hacer registros y requisas en busca de alucinógenos, así como controles de armas, entre otros operativos, anunció.

Por si emergen demandas contra alguna actuación, se creará lo que Lasso presentó como Unidad de Defensa de la Fuerza Pública, una instancia encomendada de proteger a los efectivos señalados por eventuales o presuntos excesos.

Parecieran atribuciones peligrosas que anuncian impunidad, a juzgar por las excesivas previsiones de protección a los gendarmes y militares. Además, la Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública será presentada al Congreso.

En la alocución durante la cual dio a conocer la decisión, el mandatario llamó a los efectivos a proceder con contundencia. «Actúen con la valentía que los caracteriza, este Gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor; nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden».

La horrible y triste muerte de un pequeño en medio de un asalto ha sido remate de reiterados atracos y otros actos violentos, y seguramente preparó a la opinión pública para recibir la medida.

Una semana antes, sangrientas revueltas en las cárceles pusieron el dedo en una llaga social purulenta que se ha infectado con rapidez sorprendente, y refleja lo que ocurre fuera de las rejas: una realidad muy distante de la de hace cuatro años, antes de que Lenín Moreno asumiera el poder y acabara con las realizaciones de la Revolución Ciudadana.

Ahora se habla de bandas de narcotraficantes que han sembrado el consumo, con lo cual Ecuador ha dejado de ser un país por donde transitaba la droga para convertirse en un territorio donde se le consume, acepta el propio Lasso.

Pero otras circunstancias «añadidas» incrementan las preocupaciones: Lasso ha promulgado la excepción a apenas horas de un paro protagonizado por sectores productivos junto a los educadores y otros gremios, preámbulo de otras protestas previstas para el resto del mes.

Con las calles tomadas por policías y militares en casi una decena de provincias donde regirá la medida, las movilizaciones seguro no se podrán efectuar… o veremos escenas no aptas para menores.

Para colmo de tensiones en torno a la estabilidad democrática y la institucionalidad, Lasso ha anunciado que está listo para hacer uso del artículo 148 de la Constitución, que autoriza la llamada «muerte cruzada»: el Jefe de Estado puede disolver la Asamblea Nacional si el legislativo, en el que su alianza Creo no tiene mayoría, sigue sin aprobarle sus proyectos de ley.

Por si fuera poco, una comisión del mismo parlamento dio curso para que se investiguen las copiosas denuncias emergidas de la caja de Pandora, con la conocida divulgación de papeles que también involucran al exbanquero Lasso.

A ojos vista, esas revelaciones, que moralmente hacen añicos la credibilidad de un presidente que pide inversiones en su país, pero guarda sus millones afuera, parecen haber conmocionado más a la sociedad que los peligros agazapados tras el estado de excepción.

El broche de oro fue la coincidente visita, el propio martes, del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien cumplimentó en Ecuador la primera parada de una gira latinoamericana y, dicho sea de paso, dio un espaldarazo a la medida instaurada por su anfitrión.

«Sabemos que en las democracias hay momentos, hay circunstancias excepcionales, y hacen falta ciertas medidas para bregar con situaciones como las que experimenta Ecuador en este momento», justificó, comprensivo, y matizó defendiendo que se respeten la Constitución y los derechos humanos, e implementando «una visión compartida».

La escogencia de Ecuador como primera parada de un viaje que después lo llevó frente a Iván Duque en Colombia, volvió a remarcar quiénes son los aliados de Washington en la región.

Una advertencia

Aunque voces locales han comentado que el paro campesino y sindical fue virtualmente silenciado por los medios, trascendió que hubo cierres de vías y quema de llantas en las calles de territorios como Guayas y Manabí.

Encabezada por el Frente Nacional Agropecuario para la Soberanía Alimentaria del Ecuador (Fenasae), que conforman distintos sectores agrícolas, la protesta fue apoyada después por la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular, donde se reúnen varios sindicatos.

La demanda principal fue el congelamiento del precio del combustible, que podrá oscilar de un extremo a otro mediante el llamado sistema de bandas, y la protección a los productos del agro. Quieren precios justos; de lo contrario, dicen los trabajadores agrícolas, van a quebrar.

Las acciones continuarían el próximo 26 de octubre. En una convención reciente, Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, expresó el convencimiento de que la movilización en las calles es «el único instrumento para frenar las políticas del Gobierno».

Se ha visto que en la sociedad hay «puño» para «influir» en el curso de los acontecimientos.

En enero del año 2000, Jamil Mahuad «tomó las de Villadiego» empujado por la movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), y en abril de 2005 le ocurrió lo mismo a Lucio Gutiérrez, traidor a su alianza con Pashakutik, cuya actuación dio pie a lo que se conoció como la rebelión de los «forajidos», en alusión al pueblo marginado. Emergió de aquel capítulo una frase de hastío que se hizo habitual, después, en muchos países latinoamericanos: «Que se vayan todos».

Más recientemente, el crédito por 4 200 millones de dólares con que Lenín Moreno supeditó otra vez la economía y las políticas sociales al FMI, volvió a provocar fuertes movilizaciones en 2019 y 2020.

Problema estructural

Ciertamente, el incremento del narcotráfico y la delincuencia ha llegado a niveles espeluznantes, y analistas opinan que, en todo caso, decretar la excepción es una evidencia de la falta de posibilidades del Gobierno para encarar el problema.

Según la publicación online primicias.ec, Ecuador registró 1 427 muertes violentas de enero a agosto, lo que significará una tasa de 12,2 por cada cien mil habitantes al terminar 2021.

La cifra, correspondiente a siete meses, es más alta que la computada durante los 12 meses de los siete años anteriores.

Pero una puede volver a preguntarse —porque este entramado se ha presentado más de una vez en la región— si las medidas de corte represivo podrán cambiar definitivamente una situación que tiene su origen en una economía que margina a ciertos estratos, mientras las políticas sociales hacen poco por el hombre.

Lasso no desconoció esa arista y señaló que se debe atender lo que él llama frecuentemente «la falta de oportunidades», que, en su criterio, impulsa a muchas personas a la adicción: se creará un comité para prevenir el consumo.

Pero se trata de una aproximación tibia al asunto, porque lo que hace florecer el negocio, y con ello el consumo, es el hallazgo de un modo de subsistencia en el narcotráfico.

Expertos como el profesor Jorge Vicente Paladines consideran el decreto de excepción como una suerte de «palos de ciego» para enfrentar una situación que tiene causas estructurales.

«Aquí hay una agudización de la pobreza y de la pobreza extrema (…) No es que no se deba hacer nada. Pero creo que el meollo en la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con la política de drogas de Ecuador, y esa política no le pertenece», declaró a DW.

«Ecuador es reo de una política de drogas fallida (…) donde Estados Unidos juega un papel preponderante a nivel de América Latina», señaló.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana